Juan Fernando Lara Salas. 17 noviembre, 2019
Quiosco del Parque Central en San José. Según la Municipalidad, ya se actualizan procesos y equipos para mejorar la gestión de cobro del tributo de cuido de parques y obras de ornato / Fotografía: Archivo.
Quiosco del Parque Central en San José. Según la Municipalidad, ya se actualizan procesos y equipos para mejorar la gestión de cobro del tributo de cuido de parques y obras de ornato / Fotografía: Archivo.

La incapacidad de la Municipalidad de San José para cobrarle tributos a contribuyentes morosos la tiene al borde de perder ¢6.059 millones por prescripción.

El dinero que no han recaudado corresponde al rubro por mantenimiento de parques y obras de ornato del cantón de 44 km², donde habitan más de 345.000 personas.

Esto lo revela un informe de auditoría que la Contraloría General de la República (CGR) publicó el pasado 6 de noviembre.

El informe DFOE-DL-IF-00023-2019 descubrió que, al analizar la evolución histórica de la morosidad por ese tributo, esta se disparó de ¢3.296 millones en el 2014 a ¢5.520 millones al 2018. Y la cifra llega a ¢6.059 millones al considerar los intereses (¢539 millones).

Esto supone un repunte de 67% en la cantidad de dinero sin cobrar: ¢2.224 millones adicionales (sin intereses) en cuatro años, detectó la CGR.

Incluso, la inacción de cobro municipal ya permitió que entre el 2017 y 2018, la Municipalidad declarara prescritos ¢1.300 millones en deudas vencidas por esos mismos tributos.

El servicio de mantenimiento y limpieza de parques, sitios públicos y áreas verdes se financia, entre otros, con el cobro de un tributo. Esto permite ofrecerle a los vecinos un ambiente sano, con zonas verdes cuidadas.

Esto es parte de la obligación de todos los gobiernos locales por mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón. En caso de no hacerlo, la municipalidad debería cobrárselos en forma oportuna.

Sin embargo, nada de esto ocurre y la autoridad competente no le cobra a los morosos. ¿Cómo ocurrió esto? La CGR apunta a varias razones, empezando por la inacción municipal.

Del total de 39.808 contribuyentes morosos, apenas 145 concentran una deuda de ¢1.843 millones a mayo anterior, eso significa el 20% de toda la morosidad a ese mes. De esos 145, en 120 casos la Municipalidad carecía de documentación que evidenciara que se les notificó el cobro.

Otro factor es la ceguera del municipio a nivel de bases de datos.

La CGR descubrió que la base de datos actual requiere limpieza y mejoras porque, entre los 39.808 contribuyentes morosos, había 4.163 casos de personas fallecidas, pues sus registros coincidían con datos de defunciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Otros 11.877 casos carecen de dirección de domicilio, y en otros 1.522, el número de cédula no coincide con los datos oficiales del TSE, o no es posible asociar sus datos registrados con personas jurídicas o personas extranjeras.

Para la CGR, dice el informe, es evidente que en la Municipalidad faltan controles hasta para el seguimiento de los casos en cobro judicial que se trasladan a abogados externos y que tampoco destinan suficientes recursos humanos y financieros para notificar a una mayor cantidad de deudores.

Encima, afirma el ente contralor, todos los procedimientos definidos para cobro administrativo y judicial están desactualizados.

Descargo municipal

Desde el gobierno local se admiten falencias, pero también contrastan abiertamente los hallazgos de la investigación.

“Algunos aspectos los respetamos ya que la Contraloría se ha referido, pero no lo compartimos en su totalidad. Ellos hablan de un pendiente acumulado, pero en los presupuestos que les dimos antes de publicar la auditoría, les advertimos que era indebido sobredimensionar el monto pendiente de cobro sumando los intereses”, explicó Édgar Sandoval Montero, gerente administrativo financiero.

Para Sandoval, lo correcto habría sido que se citara el monto principal de tributos sin cobrar, excluyendo los intereses, porque, según explicó, estos se estiman en el momento que se le cobran a los morosos.

Sandoval alegó que la suma reportada (los ¢6.059 millones) no necesariamente está por prescribir, porque la prescripción la debe solicitar el contribuyente moroso, pero, si la municipalidad le cobra y el contribuyente cancela, no se perdería el dinero.

“No somos una administración tributaria perfecta, pero ninguna lo es. Sin embargo, estamos mejorando con una ruta clara que incluye mejoras en gestión y actualización de equipos, con lo cual revertiremos poco a poco la tendencia”, explicó.

El funcionario aseguró que la administración municipal ya depura la base de datos con controles cruzados y otras acciones, pero “no es tan simple porque hablo de un proceso paulatino”.

“Obviamente aceptamos que la depuración de datos que hacemos es manual, pero ya estamos adquiriendo instrumentos para automatizar integralmente todo el proceso. Ya estamos encaminando esa depuración con tecnología para conseguir una gestión de cobro más ágil, tanto la administrativa como la judicial”, recalcó.