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El Hotel Colina Secreta Glamping, en Puerto Viejo de Limón, recibe a nómadas digitales por lo cual sus propietarios se esfuerzan por garantizar una conexión a Internet óptima (imagen con fines ilustrativos). Fotografía: Hotel Colina Secreta Glamping. (@Ottiux)
El borrador del reglamento de la ley para atraer nómadas digitales a Costa Rica fue reprobado por la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por considerar que la normativa impone trámites engorrosos a los profesionales extranjeros que tengan interés en establecerse en Costa Rica.
Su criterio fue contundente al advertir que el texto transgredía todo principio de mejora regulatoria: eficacia, eficiencia, sujeción a la ley, economía, simplicidad, transparencia y hasta presunción de buena fe, como se consignó en el informe DMR-DAR-INF-028-2022 de este 30 de marzo, con el análisis de la propuesta elaborada por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
El reglamento se requiere para implementar la Ley para Atraer Trabajadores y Prestadores Remotos de Servicios de Carácter Internacional (Ley 10008), aprobada hace casi nueve meses. Se sometió a consulta a mediados de marzo y desde entonces acumuló críticas de inversionistas, sector turístico, desarrolladores inmobiliarios y hasta de entidades de Gobierno, todas remitidas al MEIC a cargo del análisis del documento.
Como resultado de ese estudio, el MEIC introdujo una serie de ajustes de acatamiento obligatorio con base en la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos (Ley N° 8220), la cual le otorga a la Dirección de Mejora Regulatoria la potestad de emitir criterios vinculantes sobre nuevas propuestas de regulación que incluyan trámites, requisitos y procedimientos para el administrado.
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Este borrador propuso pedir certificaciones de antecedentes penales a los profesionales extranjeros que opten por esta categoría de estancia. La Dirección estuvo en desacuerdo y más bien solicitó que Migración verifique este requisito desde plataformas digitales “como se hace con los que ingresan bajo la categoría de turistas, ya que es una forma más eficiente para poder resguardar el tema de la seguridad y cumplir el objetivo de la regulación a saber, fomentar el ingreso de nómadas digitales al país”.
La DGME también propuso pedir estados de cuenta bancarios o constancias salariales de los solicitantes en documentos legalizados mediante firma digital emitida en Costa Rica; si tales escritos se gestionan en el extranjero deben ser apostillados. De nuevo, el MEIC fue tajante: “solicitar el apostillado de documentos privados, lejos de facilitar el trámite de legalización, lo hace más complejo”.
Cambios solicitados
La Dirección de Mejora Regulatoria recordó que la figura de la apostilla se creó para eliminar una cadena de autenticaciones ligadas a documentos públicos y no con la intención de ofrecer seguridad jurídica sobre documentos privados.
“Esto implicaría generar un trámite complejo sobre documentos privados, lo que a todas luces es contrario al espíritu de la Convención para la Eliminación del Requisito de Legalización para los Documentos Públicos Extranjeros. En este sentido, se insta a eliminar el requisito de apostillado ya que desvirtúa el fin de la Apostilla y genera formalidades que no proceden para documentos privados”, solicitó.
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El documento informa a Migración de que es necesario “analizar, valorar y en lo posible dar respuesta a cada una de las observaciones señaladas por la ciudadanía en el periodo de consulta pública”.
Esa cita en el informe hace referencia al reclamo de 17 organizaciones, entre cámaras empresariales y oficinas de atracción de inversiones, por los trámites engorrosos del borrador debido a que podrían desincentivar la llegada de estos visitantes.
La normativa, se supone, pretende convertir al en destino de profesionales sin domicilio fijo quienes, mediante el uso de Internet, trabajan desde cualquier parte del mundo, lo cual los convierte en visitantes de larga estancia y motivo de interés para la economía local. Cada uno de ellos que haga de Costa Rica su “oficina” puede inyectar unos ¢15 millones por semestre a la economía nacional, según estimaciones de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).
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