El Parque de Tecnología Ambiental (PTA, popularmente conocido como “relleno sanitario”) La Uruka, en La Carpio, está por cumplir su vida útil y aún no hay opciones en otros sitios para depositar la basura que generan habitantes de 10 cantones del Gran Área Metropolitana (GAM), así como empresas.
Las proyecciones del Ministerio de Salud dan unos meses de vida. Pero, las de la empresa EBI de Costa Rica, que maneja dicha planta desde el año 2000, extiende más el periodo, pues hizo un rediseño para que menos basura llegue a las celdas del relleno sanitario y se sostenga más tiempo. En este momento se estima en uno o dos años y se busca “estirar” el máximo posible.
Sin embargo, la situación se complica ante la falta de concreción de planes de nuevos espacios de gestión de residuos y mayor adopción de nuevas tecnologías. La presión es, principalmente, en la GAM, donde está la mayor concentración de habitantes y, por ende, la generación de más residuos.
El PTA La Uruka recibe los residuos de más de 610.000 habitantes de San José, Santa Ana, Escazú (en San José), San Rafael, Santo Domingo, San Pablo, San Isidro y Belén (en Heredia) y Sarchí y Naranjo (Alajuela). A esto se le deben añadir los desechos de empresas que llegan directamente al sitio.
Cada día, entran a ese relleno de 600 a 700 toneladas de desechos. Las nuevas tecnologías que buscan optimizar el uso del espacio han hecho que se reduzcan a 500 e incluso 400 diarias, afirmó Óscar Guzmán Coto, gerente técnico de EBI.
El permiso inicial en La Carpio se dio para que la altura o nivel de los desechos sólidos no superaran los 940 metros por encima del nivel del mar. No obstante, se fueron dando largas a la situación porque no se ha concretado un plan b. Años después el límite para decretar cierre técnico se elevó a 985 metros sobre el nivel del mar el límite. Tanto el Ministerio de Salud como la Secretaría Nacional Técnica Ambiental (Setena) lo aprobaron.
Posteriormente, en enero de 2021, la cuota subió a 1.005 metros. En junio de ese año, la Sala Constitucional ordenó que cuando llegara a ese tope, las instalaciones debían cerrar.
Eugenio Androvetto Villalobos, director de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, indicó que la situación de La Carpio hace que los dos lugares que más reciban desechos sean El Huazo, en Aserrí (también propiedad de EBI), y el de la empresa Tecnoambiente, en Montes de Oro. Sin embargo, si La Carpio cierra, sí dejaría un vacío que los restantes PTA deberán asumir.
En este momento, EBI dice aprovechar cada centímetro cúbico y retrasar el cierre lo más posible, ya que no hay opciones a simple vista y, de cerrar, esto significaría mayor presión para los otros siete rellenos sanitarios que hay en el país.
Este aprovechamiento consiste en que la basura que llega a La Carpio se traslada en un gran camión al PTA El Huazo, en Aserrí. Esto, no con el fin de que los residuos se dispongan ahí, si no de optimizar el sistema. El Huazo cuenta con tecnología para la reutilización, separación y revalorización de los residuos. Con esto, mucho de lo que llega en los camiones recolectores puede aprovecharse en otros usos y solo lo que realmente no es valorizable se devuelve a La Carpio para su disposición en las celdas.
“Ante la ausencia de proyectos estamos estirando la vida útil mediante tecnologías y a solicitud de la Ley de Gestión de Residuos”, subrayó Guzmán.
Sin embargo, por más esfuerzos que se hagan, tanto Guzmán como Androvetto, coincidieron en que se requieren de otros lugares. La esperanza es que se puedan abrir los proyectos que están pendientes. No obstante, las municipalidades deben dar permisos de uso de suelo y de construcción para nuevos PTA.
“Hay oposición de las poblaciones a tener sitios de disposición final de residuos cerca de sus comunidades; esto ha dificultado encontrar nuevos lugares. Por eso como país debemos ir introduciendo nuevas tecnologías”, manifestó Androvetto.
Sin embargo, las nuevas tecnologías, que ya se han comenzado a utilizar a menor escala, no serán un relevo tan rápido y se requiere de opciones a corto plazo. Además, el relleno de Los Pinos, en Cartago, también cumplió con su vida útil y en los últimos meses ha sido centro de una controversia con el Ministerio de Salud.
En una comparecencia ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa la exministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, señaló que el problema del manejo de residuos sólidos es urgente.
“Estamos ante una emergencia sanitaria; debemos tomar decisiones rápidas y concisas, con tiempos establecidos”, advirtió Chacón el 12 de febrero.
Años de advertencias
Guzmán indicó que llevan al menos 10 años de advertir a los gobiernos locales y nacionales, así como a los ministerios de Salud y de Ambiente de que son necesarios nuevos lugares.
Puso como ejemplo que EBI tiene tres terrenos ya comprados y con estudios ambientales aprobados para construir en San Miguel de Turrúcares (Alajuela), Montes de Oro (Puntarenas) y Cartago, pero estos no se han concretado y se llevan 12, 18 y 4 años de espera, respectivamente.
“Nunca han sido proyectos pensados para toda la basura de Costa Rica, tampoco se pensaron para ser relevo cuando se tuvieran que cerrar los actuales. Se buscaba tener una regionalización para que, con alta tecnología, los gobiernos locales resuelvan lo más cerca posible de sus comunidades”, argumentó.
Sin embargo, la oposición de las comunidades ha llevado a que estos planes no se concreten y concentren los desechos en menos opciones, lo cual va agotando la vida útil.
“La desidia de las municipalidades y de los gobiernos de turno nos ha llevado a esto”, destacó.
La oposición se presenta de diferentes formas. En Turrúcares, el plan regulador del cantón de Alajuela no prevé para esa zona este tipo de instalaciones. Este sector se reportó como área de protección y área habitacional de baja densidad. El relleno chocaría con el plan regulador. Los usos del suelo no son válidos, como se determinó en 2016.
Además, los vecinos temen malos olores, ruidos y poca tranquilidad.
“Es el distrito completo el que está en contra de este basurero. No lo queremos”, aseveró Rafael Arroyo, vecino de la comunidad, durante una comparecencia en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa este 26 de febrero.
En esa misma comparecencia, el abogado ambientalista Álvaro Sagot Rodríguez, agregó que, entre las preocupaciones de las comunidades, está la ausencia de una reglamentación sobre manejo de olores. Para él, esa situación ha hecho sufrir a la gente que vive alrededor de los lugares de disposición de residuos. Esto también aumenta las dudas y temores de los pobladores de Turrúcares.
Otro caso similar se dio en el cantón de Mora, con un terreno que había en El Jateo. Tras la muerte del propietario, se desconocía quién quedó a cargo de la finca. Androvetto añadió que la municipalidad de Mora rechazó tener espacios como este.
Falta de rectoría
Sagot también fue enérgico al decir que tanto Salud como Setena no han ejercido la rectoría necesaria en materia de salud y ambiental para garantizar una buena gestión de los desechos.
Indicó que el Ministerio ha fallado en la rectoría y en la búsqueda de soluciones y le concede cada vez más a la empresa EBI, que gestiona el relleno en La Carpio y el Huazo, así como uno en Limón. Indicó que Setena hace lo propio al seguir otorgando viabilidad ambiental.
“No hay ningún tipo de complacencia”, subrayó Androvetto. “Simplemente, son empresas que saben hacer bien su trabajo. No solo EBI, también Tecnoambiente y Magallanes. Todos se tratan por igual, aquí no hay complacencia para nadie. Los rellenos son inspeccionados todos los meses. La presencia del Ministerio de Salud es importante y se exige el cumplimiento del reglamento”.
Nuevas tecnologías
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pidió a sus países miembros que sean cada vez menos dependientes de los rellenos sanitarios y que se utilice más formas de compostaje, reciclaje y la transformación de los desechos en energías. Esto no los eliminará del todo, pero sí permitirá que solo lo que no puede tener otro fin vaya a relleno sanitario.
Esto EBI ya lo realiza en el PTA de El Huazo, donde hay un sistema activo de biogás que es utilizado para generar energía, y pueden darse servicios a empresas que consumen mucha energía, para que no tengan que recurrir a búnker o diésel.
Androvetto indicó que en abril se aplicará una nueva política pública de manejo de residuos. Ahí se apostará no solo por la energía, también por inversiones de biodigestores. También se espera aumentar el reciclaje de 10,8% a 25% en los próximos 10 años.
Sin embargo, esto tiene su precio y las municipalidades lo verán reflejado cuando vean el costo de otras opciones. Guzmán manifestó que, con la tecnología actual, se paga de $13 a $20 la tonelada. Si se usan procesos como incineración, gasificación o plasma, el precio podría subir a $100 por tonelada.
Otra opción se vio con el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), que con plasma podría destruir la basura. Esto ya se hace con desechos hospitalarios en el Hospital Nacional de Niños. Sin embargo, en su comparecencia Chacón adujo que el Tec requeriría unos $500.000 (más de ¢250 millones) para la puesta en marcha.
