El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) tuvo que salir al rescate de los datos confidenciales de miles de contribuyentes hospedados en los sistemas internos de 15 municipalidades y concejos de distrito que se encontraban en grave riesgo ante posibles ciberataques de ‘hackers’.
La entidad tuvo que implementar un sistema firewall o cortafuegos en los equipos de cómputo de los municipios para bloquear el acceso a personas ajenas que puedan robar información sensible de los ayuntamientos, como los datos tributarios de los ciudadanos de cada distrito o cantón.
Esto protegerá a los gobiernos locales de intrusiones o ataques de otras redes maliciosas de Internet y permitirá que haya un tráfico más seguro entre las computadoras de la red interna de cada municipio, sin la posibilidad de que usuarios no autorizados accedan a los canales privados de los funcionarios.
“Con este firewall brindamos a las municipalidades una herramienta de seguridad informática que les permite proteger su red privada del acceso no autorizado y no verificado en una conexión a Internet. Además, protegemos los equipos de cómputo en una red interna de los sitios web llenos de malware o de los puertos de red abiertos y que son vulnerables o puede representar una amenaza. Eso ayuda a mitigar e incluso detener los posibles ataques o amenazas antes de que puedan causar algún daño”, explicó el IFAM.
El jueves anterior La Nación reveló que estos 15 gobiernos locales en riesgo no cuentan con una oficina u encargado de planta en Tecnologías de la información y la comunicación (TICs) y solo reservan sumas que van de ¢2 millones a ¢30 millones (menos de un 2% del total de sus presupuestos) para cubrir estos rubros en caso de contratarlos por servicios tercerizados.
Se trata de Tarrazú, Turrubares y León Cortés en San José; Guatuso y Río Cuarto en Alajuela; Jiménez y Alvarado en Cartago; Coto Brus y Monteverde en Puntarenas; y Talamanca en Limón; así como los distritos de Cóbano y Paquera (Puntarenas), Peñas Blancas (San Ramón), Tucurrique (Jiménez) y Cervantes (Alvarado).
Al ser consultados por esta peligrosa situación, solo cinco de los 15 municipios remitieron una respuesta a este diario y la mayoría atribuyó la situación a la falta de presupuesto y al poco acompañamiento del Gobierno Central para atender este tema.
La situación es de cuidado porque el IFAM recordó que ya se han dado casos donde incluso se dan robos de recursos públicos por la falta de protección en este tema. Como ejemplo mencionó el timo de falso empleado bancario del que fue víctima un funcionario de la Municipalidad de Alajuela y que permitió el robo de ¢45 millones, o de los casos ocurridos en 2017 en las municipalidades de Tarrazú y Nandayure, que perdieron ¢20 millones y ¢78 millones, respectivamente, por estafas telefónicas que se pudieron evitar con una mejor ciberseguridad.
Ahorro de $10.000 anuales
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El Instituto señaló este viernes que ante la emergencia ocasionada por los recientes ataques cibernéticos del grupo delictivo Conti, intensificó el trabajo en los municipios con el fin de tener la protección cuanto antes.
“La implementación del firewall implica realizar un análisis de cada gobierno local porque cada uno tiene capacidades diferentes, adquisición de los equipos y desplazar recurso humano de IFAM a cada localidad para afinar las configuraciones y políticas informáticas internas.
“Este trabajo que realiza el IFAM le ahorra a cada municipalidad alrededor de $10.000 anuales solo en licenciamiento, mantenimiento y soporte. Mientras que, en equipo, IFAM invirtió alrededor de ¢50 millones, recursos que también se ahorran los gobiernos locales”, agregó IFAM
Por último, la entidad municipal adelantó que también está llevando a cabo una revisión para determinar cuáles municipalidades no tienen antivirus y tampoco capacidad financiera para adquirirlo, pero que actualmente está priorizando aquellas que no cuentan con personal de Tecnologías de Información.
“El recuento hasta el momento determina una demanda inicial de 235 licencias (es una por usuario), pero sabemos que ese monto irá en aumento. El costo anual por licencia de antivirus ronda en ¢60.000, por lo que para una municipalidad pequeña de 30 funcionarios podría significarles un ahorro de ¢1.800.000, tomando como base la inversión que realiza actualmente el IFAM”, concluyó.
