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El Ministerio de Hacienda confirmó este miércoles que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) queda eximido de la obligación de aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en sus contratos firmados antes del 2009.
Las NIIF consisten en estándares internacionales que uniforman la aplicación de reglas contables e impiden interpretaciones alternativas de los datos para garantizar la transparencia de las finanzas de las instituciones.
Mediante un comunicado de prensa, Hacienda aduce que, por mandato constitucional, no es posible la aplicación retroactiva de normas en perjuicio de situaciones jurídicas consolidadas. Así lo señala en referencia a contratos que el Instituto asumió antes del decreto N°35616-H, del 2 de diciembre del 2009.
En dicho decreto Hacienda estableció que el uso de las NIIF era obligatorio en las empresas del sector público nacional desde ese año.
La aclaración de Hacienda introduce así una excepción a su propio decreto en momentos cuando la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) analiza una apelación interpuesta por el ICE contra una rebaja de 14% en las tarifas de luz aprobada en enero pasado.
Su acción, además, supone una intervención a favor del ICE en resguardo de sus finanzas luego de que el mismo Ministerio ha declarado un riesgo para el fisco por su alto endeudamiento.
Para realizar el ajuste, en agosto del 2020 Aresep solicitó al Instituto sujetarse a la aplicación de las normas NIIF a la hora de presentar la información requerida sobre gastos e inversiones para aplicar de oficio una rebaja en las tarifas eléctricas.
El Instituto se había resistido a aplicar esas normas hasta que una ley aprobada en el 2018 finalmente lo obligó a adoptar las disposiciones al año siguiente. No obstante, fue hasta octubre del 2020 cuando anunció que las ejecutaría al 100% a partir de los estados financieros de setiembre de ese año.
Según la entidad reguladora, el cambio de reglas de contabilidad permitiría que la empresa pública registre costos menores por los servicios de generación de electricidad y así conseguir tarifas menores para sus clientes como ocurre desde enero.
De esa forma, el ICE quedó obligado a variar la contabilidad de arrendamientos en algunas de sus plantas que dejaron de registrarse como gastos operativos y ahora son gastos financieros (¢34.000 millones en el 2021) los cuales asume la empresa.
Esos arrendamientos con infraestructura propia corresponden a los fideicomisos de la planta térmica Garabito (Puntarenas), del proyecto geotérmico Las Pailas (Guanacaste) y la hidroeléctrica Toro III (Alajuela).
Luego de aprobada la reducción del 14%, el Instituto interpuso el pasado 18 de diciembre ante la Autoridad Reguladora una apelación contra el ajuste alegando que apegarse a las reglas internacionales de contabilidad al 100% le había provocado un perjuicio de ¢34.000 millones.
Además, sostuvo que ceñirse a las NIIF tampoco elimina ni modifica sus pagos por obligaciones contractuales que mantiene por contratos firmados hace 18 años ligados a compra de energía a generadores privados.
Fuera de los ¢34.000 millones por arrendamientos propios y contratos con generadores privados, el ICE también solicitó a la Autoridad que le reconozca desde los recibos de luz otros ¢84.000 millones por depreciación de plantas, costos y gastos del 2018 al 2021 y otras justificaciones.
Alto endeudamiento
La aclaración emitida este miércoles por Hacienda llega ocho días después de que Irene Cañas, presidenta ejecutiva del Grupo ICE, informara ante el Consejo de Gobierno que la entidad cerró el 2020 con una pérdida de ¢110.000 millones respecto al final del 2019.
El golpe a sus finanzas se intentó contrarrestar con recortes de gastos y de costos operativos por un 10% respecto al año anterior, sin los cuales el impacto financiero habría sido mayor.
Una semana antes del informe de Cañas, el presidente de la República, Carlos Alvarado, calificó en su tercer informe de labores ante el Congreso de “mal planificados y ruinosos” los desarrollos de la planta hidroeléctrica Balsa Inferior (San Ramón, Alajuela) y el Parque Eólico Valle Central (Santa Ana, San José).
Balsa Inferior pasó de un estimado inicial de $75 millones a un gasto real de $361 millones, mientras que el Parque Eólico de $21 millones a $54 millones. Ese 4 de mayo, Alvarado dijo en el plenario legislativo haber instruido a Cañas a que tomara decisiones para prevenir un riesgo financiero mayor para el Grupo.
El propio ministerio de Hacienda, Elian Villegas, alertó el 23 de abril pasado que la falta de transparencia sobre la situación real del Grupo ICE configura un riesgo para las finanzas públicas.
La ausencia de claridad, añade Hacienda, impide conocer cuál es la situación real lo que constituye una amenaza según su reporte Marco Fiscal de Mediano Plazo para el Gobierno Fiscal 2021-2025.
Hasta setiembre del 2020, el Grupo ICE acumulaba una deuda por ¢3,9 billones, revelan sus últimos estados financieros consolidados. El resultado anual del año anterior permanece sin divulgarse.
La Ley Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (Ley 8660) fija al Instituto un tope a su endeudamiento financiero de 45% sobre el total de sus activos. La entidad admitió que su deuda de ¢3,9 billones representa un 41,7%.
El Grupo ICE lo conforman el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA), la Compañía Radiográfica Internacional Costarricense, S.A. (CRICSA), y Gestión de Cobro Grupo ICE.
Hasta octubre de 2019, se incluía Cable Visión de Costa Rica que el ICE absorbió en octubre de 2019 luego de comprar la empresa en deterioro financiero en el 2013, cuando empezó a inyectarle fondos por hasta ¢23.000 millones durante varios años.
