Juan Fernando Lara. Hace 6 días
Fachada de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) en el centro de esa prinvicia. Fotografía: John Durán.
Fachada de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) en el centro de esa prinvicia. Fotografía: John Durán.

En menos de seis meses, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) deberá haber pagado los daños causados a una vivienda en la comunidad Santa Cruz, cantón de San Isidro, por el rompimiento de tuberías, ocurrido en tres ocasiones en un mes.

En ese mismo plazo deberá asegurarse del arreglo definitivo de esos conductos de agua potable.

Tales fueron las órdenes que dio la Sala Constitucional al declarar con lugar un recurso de amparo presentado por la familia perjudicada, según consta en la resolución 2019-005656 del 29 de marzo anterior, dada a conocer por la Sala este martes.

Según el reclamo, la casa sufrió inundación y otros daños materiales desde el 26 de enero anterior cuando la tubería se rompió por primera vez. La denunciante, Jacqueline Hernández Gómez, interpuso una queja el 1.º de febrero ante la ESPH.

Luego, el 9 de febrero por la noche, ocurrió una segunda ruptura que generó “nuevos daños y peligros en su casa de habitación”. La denunciante volvió a quejarse ante la entidad.

Otra ruptura se produjo el 26 de febrero, que dio origen a la tercera queja.

Al día siguiente, Hernández decidió acudir al Tribunal Constitucional al considerar que se lesionaron sus derechos fundamentales, pues la situación de riesgo para su vivienda y familia persistía.

“Uno no duerme tranquilo, sencillamente no se puede por el miedo de que se rompa de nuevo ese tubo. Incluso hicimos un paseo familiar pero nos fuimos muy intranquilos por la situación”, precisó la afectada quien vive en esa casa con su esposo y dos hijos: uno de 15 años y un bebé de un año.

Según dijo, cuando se metía el agua a la casa, el líquido casi les llegaba a las rodillas.

“La segunda vez nos ocurrió a las 10:30 p. m. , en un día que teníamos invitados y pasamos una enorme pena y hasta nos terminaron ayudando a limpiar ese día, terminamos de madrugada limpiando todo”, recordó.

Hernández Gómez asegura que se dañaron alfombras, cortinas, muebles de sala, un ropero con prendas de toda la familia e incluso el jardín, porque “se nos llenó de agua con bolas de barro y arena”.

La denunciante describió la experiencia como “una angustia y estrés constantes”.

Tubería más resistente

En la resolución de la Sala IV se indica que el gerente de la ESPH, Édgar Allan Benavides Vílchez, confirmó las rupturas por “eventos de fuerza mayor” y también la necesidad de sustituir la tubería existente por otra más resistente.

De acuerdo con Benavides, las obras tomarían de tres a cuatro meses. No obstante, dijo, los fondos para los trabajos estaban en trámite mediante una modificación presupuestaria.

Para la Sala, si bien la empresa describe diferentes gestiones ante el problema, “actualmente, impera el hecho de que, a la fecha de interposición de este recurso, no existe todavía una solución con certeza”.

En razón de lo expuesto, el Tribunal Constitucional declaró con lugar el recurso y le dio seis meses, a partir de abril, para arreglar en forma definitiva las tuberías y los daños en la vivienda.

Al ser consultada este martes, la ESPH señaló que desde el inicio activó la póliza de responsabilidad civil para cubrir costos en los que incurrió la recurrente y su familia por las averías.

"Desde el 9 de abril se llegó a un acuerdo con la persona afectada, en uno de los puntos, para poder realizar la cancelación correspondiente a los daños ocasionados por la ruptura de las tuberías”, señaló el área de prensa de la ESPH.

Sin embargo, Hernández Gómez insiste en que aún esperan el pago.

“Ahorita casualmente mi esposo está en la ESPH firmando un finiquito de uno de los eventos para ir cubriendo algo de los gastos, pero todavía no hemos recibido un colón y seguimos a la espera”, recalcó Hernández este martes.

Con respecto a los trabajos en la zona, la ESPH aseguró que el proceso ya se inició para cumplir con el tiempo dado por la Sala Constitucional.

“Al ser un trabajo no programado se debió hacer una extensión presupuestaria debido a los requerimientos técnicos y en materiales para realizar las obras, como lo es, por ejemplo, la compra de 1,2 kilómetros de tubería de polietileno de alta densidad que será instalada en el lugar”, agregó la Empresa.