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La Iglesia católica de Costa Rica tiene desde este martes una comisión para proteger a menores contra abusos sexuales.
Con ese fin, los obispos de la Conferencia Episcopal reunieron a dos curas y tres profesionales en distintas áreas. Los miembros son los sacerdotes Alejandro Jiménez, del Tribunal Eclesiástico, y Mauricio Solano, de la Comisión Nacional del Clero; la comunicadora Lis Chaves, el psicólogo Juan Carlos Oviedo y la abogada en derecho de familia Alexandra Loría, quien también fue diputada de Restauración Nacional en la legislatura anterior.
“Ellos aportan al tema perspectivas como la psicológica, la legal y la canónica”, menciona un comunicado de la Conferencia Episcopal.
Las autoridades eclesiásticas explicaron que esta comisión interdisciplinaria tiene como objetivo, “proponer y ejecutar una serie de acciones” para permitir la protección de los menores involucrados con las actividades religiosas.
“Queremos manifestar a la comunidad nacional nuestro compromiso de poner en primer lugar de nuestro quehacer a las víctimas de este crimen y sus familias, dando credibilidad a su testimonio y ofreciéndoles acompañarlas espiritual y psicológicamente en su proceso de sanación interior”, menciona el comunicado.
Esta mesa deberá elaborar un protocolo para la prevención del abuso sexual infantil , así como apoyar a los obispos para la implementación de dichos mecanismos.
La conformación de este grupo surge en medio de acusaciones y denuncias contra sacerdotes por abusos sexuales a menores de edad.
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El último caso es el del sacerdote de la parroquia del Perpetuo Socorro en La Sabana, Jorge Arturo Morales, quien descuenta tres meses de prisión preventiva luego de que fuera capturado cuando intentaba salir del país por la frontera sur.
Un joven de 27 años presentó una denuncia penal por abuso sexual y tentativa de violación, hechos que habrían ocurrido 10 años atrás.
Mientras tanto, el párroco separado de la parroquia de Santo Domingo de Heredia, Manuel Antonio Guevara, debe presentarse a firmar una vez al mes al Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José.
A pesar de que los dos denunciantes contra ambos sacerdotes están cerca de cumplir 28 años, edad en la que prescriben las causas por delitos sexuales contra las víctimas eran menores de edad, la indagación de los sospechosos evita el vencimiento de los casos, y abre un plazo de cinco años para que continúen las investigaciones.
Ese no es el caso del cura expulsado del estado clerical, Mauricio Víquez. La causa en su contra prescribirá en setiembre próximo debido a que el denunciante cumplirá 28 años y las autoridades no han logrado indagarlo.
Las autoridades judiciales giraron una orden de captura internacional en su contra, sin que hasta ahora logren hallarlo.
Víquez Lizano salió del país rumbo a Panamá el 7 de enero, en donde habría participado de la Jornada Mundial de la Juventud, a la que asistió el papa Francisco. De ahí, el cura expulsado habría viajado a México. Desde entonces no regresa al país.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó la Conferencia Episcopal y la curia metropolitana, el pasado 7 de marzo, con el objetivo de recolectar pruebas contra los curas Víquez y Guevara.
Las autoridades indicaron que dentro de la evidencia secuestrada, se encuentran procedimientos canónicos contra otros sacerdotes.
