Pese a que hace seis días se anunció el final de la intervención en la Gerencia de Pensiones, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se niega a entregar el informe que surgió tras ese proceso administrativo.
Ante consultas de este diario sobre los hallazgos, conclusiones y recomendaciones citadas en el documento, la Caja señaló ayer que “por razones procesales” esos datos “no se pueden hacer públicos en este momento”.
Así lo manifestó Ileana Balmaceda Arias, presidenta ejecutiva de la Caja, por medio de la oficina de prensa de la entidad. El martes se había enviado a ese departamento una serie de consultas sobre el final de la intervención.
Por su parte, Dinorah Garro Herrera, quien hasta el viernes fungió como interventora, confirmó a
Garro indicó que no estaba autorizada para dar detalles de su trabajo, aunque ratificó declaraciones suyas, de meses atrás, de que en Pensiones “hay un problema de gestión”.
La Gerencia de Pensiones es la encargada de administrar los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte, el No Contributivo y el de Parálisis Cerebral Profunda.
La decisión de intervención se tomó en diciembre anterior con base en argumentos que ponían en entredicho la gestión del gerente Miguel Pacheco Ramírez, quien fue suspendido del cargo con goce de salario.
Ese funcionario fue señalado por el aumento desmedido de plazas y sostener reuniones con el Banco Mundial para ceder la administración de una parte de los recursos del IVM, entre otros.
La suspensión de Pacheco también concluyó el viernes, pero la Caja informó de que el funcionario ahora disfrutará de vacaciones hasta el 30 de setiembre.
Ayer se intentó obtener el criterio de Pacheco sobre el final de la intervención en Pensiones, pero dijo que prefería ser consultado vía correo electrónico.
Las preguntas fueron enviadas, pero no hubo respuestas.
Los abogados de la Caja tienen dos semanas para presentar una propuesta de “posibles acciones”. No se especificó de qué tipo.
Para esa labor, el área jurídica será apoyada por Ana Irma Sibaja Arias y Andrey Quesada Azucena, asesores de la junta directiva.
El viernes la Caja también había informado de que el informe de Garro sería analizado por un “cuerpo colegiado”. La entidad dijo ayer que ese órgano se refería más bien a la totalidad de la junta directiva de la entidad, la cual está conformada por nueve personas.
Otra de las consultas fue sobre los hallazgos de la interventora en cuanto al estado financiero de los regímenes de pensiones, pero Balmaceda apuntó que “ese tema no se encontraba dentro de los elementos a evaluar”.