Patricia Recio. 30 junio
Maquinaria de la Municipalidad de Desamparados demolió casas en riesgo de caer al río Tiribí, a la altura de San Rafael Abajo. Fotos de John Durán
Maquinaria de la Municipalidad de Desamparados demolió casas en riesgo de caer al río Tiribí, a la altura de San Rafael Abajo. Fotos de John Durán

Unos 40 barrios o asentamientos deberían ser trasladados, pues se ubican en zonas consideradas como de riesgo potencial ante eventuales desastres.

Según Lidier Esquivel, jefe de Análisis e Investigación de Riesgos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), muchos de estos casos son conocidos "históricamente”; sin embargo, distintas condiciones socioeconómicas convierten su reubicación en todo un reto para las autoridades.

Comunidades en Parrita, Ciudad Cortés de Osa y Ciudad Neily de Corredores, se encuentran en el listado ante el riesgo de crecidas por ríos.

También, en la provincia de Limón hay sectores identificados, sobre todo en el cantón de Talamanca, en donde se edificaron barrios en las márgenes del río Sixaola y, en Siquirres, cerca del río Reventazón.

El listado incluye otras poblaciones ubicadas aguas arriba de ese mismo río en Turrialba, donde hay algunos sitios con problemas de deslizamientos, por ejemplo, el barrio Campabadal.

Otro de los lugares que lleva años en la mira de las autoridades es el asentamiento en los Diques de Cartago, donde sus más de 6.000 pobladores no solo corren el riesgo de ser alcanzados por una crecida del río Reventado, sino también de que en caso de que active el volcán Irazú, coladas de lodo y ceniza podrían bajar por ese mismo cauce.

En San Carlos se ubica un precario llamado Lotes Meco, incluido entre zonas con algún riesgo por deslizamientos.

De acuerdo con Esquivel, en el Valle Central abundan los ejemplos.

Entre los sitios mencionados se encuentran el barrio Cascabela en Alajuelita, las viviendas que se ubican al margen de la quebrada los Reyes y comunidades ubicadas al pie del cerro Tablazo en Desamparados.

Otro de los cerros donde se mantiene constante vigilancia es el Tapezco en Santa Ana. Ahí también hay barrios enteros que sufrirían graves daños en caso de deslizamientos. Lo mismo ocurre en barrios de Lourdes de Aserrí y en Acosta.

San Vicente de Grecia, algunas viviendas de Guararí de Heredia, el Erizo de Alajuela y, el ya conocido caso de barrio Corazón de Jesús, también fueron mencionados por el experto.

“Podríamos estar hablando de unas 40 comunidades en condiciones de riesgo importante, donde merece la pena estar muy atentos, son barrios completos o porciones muy importantes”, dijo Esquivel.

Según el funcionario, en las comunidades con riesgos de deslizamientos se mantiene vigilancia permanente, además se procura organizar a los vecinos para que mantengan planes de evacuación y alerta.

40 comunidades están en riesgo por la crecida de los ríos
40 comunidades están en riesgo por la crecida de los ríos


Estado carece de planes de reubicación para barrios en riesgo

Actualmente no existen planes establecidos desde el Gobierno para realizar las reubicaciones de las comunidades en riesgo.

Así lo confirmó el viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, Patricio Morera, quien explicó que estos casos se deben tramitar de la forma que se solicitan los bonos de vivienda ordinarios, es decir, cada caso de manera individual, o bien organizándose para pedir bonos comunales.

“ La forma de atenderla es que como grupo, puedan obtener un terreno y comenzar el trámite dentro del Banhvi para obtener bonos comunales o individuales", dijo Morera.

Sin embargo, según explicó el jerarca, durante la administración anterior se hicieron modificaciones al reglamento de operaciones del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y la Ley del Sistema Financiero para la Vivienda con el fin de facilitar la atención de quiénes están en riesgo.

De acuerdo con Morera, el traslado de estas poblaciones resulta complejo por distintos factores.

“El problema de los asentamientos en zonas de riesgo a nivel urbano es que a muchas personas, al estar ubicadas en esas zonas, les permite tener acceso a trabajo y educación, pero las opciones que son viables de financiar están en zonas rurales, que no son en las que las personas desean residir. Esto ocasiona que las personas prefieran estar en zona de riesgo a movilizarse a una zona donde obtener empleo es más complicado”, agregó.

Según Morera, también trabajan con las municipalidades para facilitar la coordinación entre las familias, desarrollos y entidades financieras autorizadas, con el fin de mejorar la gestión de las ayudas para las familias, cuando se presentan emergencias.

“También estamos trabajando en una directriz que obligue al sistema financiero a dar prioridad en los casos de emergencia”, añadió.

Otra de las soluciones que se brinda a las familias ubicadas en zonas de riesgo son las ayudas de alquiler que ofrece el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Según la presidenta de esa entidad, María Fulmen Salazar, estos alquileres se dan por un máximo de seis meses y, en casos excepcionales, se pueden extender hasta por un año, en lo que el núcleo familiar gestiona otro tipo de ayuda permanente.

Para esto, los afectados deben acudir con la constancia de la CNE o el Ministerio de Salud que indique que deben desalojar la zona donde viven por ubicarse en un sitio de riesgo.

El IMAS otorgó el año pasado 494 ayudas de alquiler de este tipo y 346 por situaciones de emergencias.

Tanto el viceministro como el jefe de Análisis e Investigación de Riesgos de la la CNE coinciden en que otro de los grandes retos es lograr que los sitios que se desalojan no vuelvan a ser ocupados.

Un ejemplo de esto, según citó Esquivel es el caso del barrio Corazón de Jesús, donde en el pasado se han ejecutado movilizaciones de familias y al poco tiempo aparecen nuevos inquilinos y construcciones.

Sobre esto, el viceministro de Vivienda apuntó a que la principal medida es que el propietario del terreno lo ocupe.

Morera aseguró que coordinan con el Instituto de Fomento Municipal (IFAM) y el INVU con el fin de que las municipalidades desarrollen proyectos de recuperación de espacios públicos como parques recreativos, ciclovías o mercados comunales en estas zonas y, así evitar que sean ocupadas una vez que se desalojan.

Un ejemplo positivo es el que ocurrió en Ciudad Cortés en Osa, donde hace más de 15 años se trasladaron servicios como el hospital, la Municipalidad y sedes de bancos, a un sector donde no se corría el riesgo de sufrir inundaciones por el desborde del río Térraba con cada temporal importante.

Eso logró que el crecimiento urbano también se comenzara a movilizar hacia esa zona segura.