EscucharLa intención de aprobar el plan de gobernanza de la Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tropezó este martes en la Junta Directiva.
La principal duda es el eventual costo económico que acarrearía centralizar, en una sola unidad, a todos los abogados que tiene la institución. Los cuestionamientos fueron planteados por varios miembros de la Directiva.
El tema fue discutido este martes en una sesión extraordinaria. El director jurídico de la Caja, Gilberth Alfaro, defendió la propuesta de gobernanza, aduciendo sobrecarga de trabajo en los 23 abogados que la integran.
La representante laboral ante la CCSS, Martha Rodríguez González, manifestó su preocupación pues, dijo, que se estarían trasladando abogados de los hospitales a una nueva unidad programática. Todos dependerían, jerárquicamente, del director jurídico.
Rodríguez cuestionó que muchos de esos abogados tendrían que cambiar de categoría al pasar de profesional 2 (P2) a profesional 4 (P4), lo cual implicaría un ajuste en sus ingresos y un costo adicional para la institución.
A los abogados, adicionalmente, se les reconoce un complemento salarial del 15% si participan en litigios. Además, aseguró, con el plan de gobernanza se estarían creando cuatro áreas y cuatro subáreas.
“No se crean plazas. Se le quitan a las unidades. Se cambiará de modelo, de uno más desconcentrado a uno más centralizado. Puedo reconocer que se ha hablado de un tema de gobernanza, pero, esta no es la vía. Dejo constancia de que me faltan criterios técnicos y financieros para saber el costo real de esta nueva adscripción jerárquica”, manifestó la representante de los sindicatos.
María Isabel Camareno, representante del Gobierno en la Junta, preguntó si este plan se le consultó a la Gerencia Financiera. Aunque admitió que le gusta el tema de la gobernanza jurídica y que es una necesidad institucional, sí le interesa conocer antes los costos de este proceso.
También Zeirith Rojas, representante patronal, admitió que este martes recibió muchas llamadas de directores y abogados pidiendo explicaciones porque habían escuchado del cambio y no tenían información.
“Algunos no fueron detractores del modelo, pero sí señalaron que no se les había tomado en cuenta y que esto estaba generando mucha resistencia”, manifestó Rojas.
Defensa del plan
El director jurídico, Gilberth Alfaro, aclaró, en defensa de la propuesta, que no serán 300 los abogados que pasarán a la Dirección Jurídica. Serán 140.
De estos 140, dijo, 90 están entre P2 y P3. Eventualmente, explicó, podrían subir a P4 según las tareas que les asignen, y si algunos van a litigar habría que pagarles el 15%.
Este tema, aseguró Alfaro, se ha trabajado con la Gerencia Administrativa y la General. Se hizo también un estudio de proyección que concluyó que es más caro contratar las 25 plazas que requiere la Dirección Jurídica, que inyectar esas 140 y aplicarles los ajustes.
“Esta preocupación empieza con ocasión de las compras, pero para este director viene desde el 2017. Desde ese año vengo planteando un estudio de carga de trabajo. Hasta hoy, siete años después, y hasta ahora se hace un estudio de cargas de trabajo.
“Soy director jurídico con rango de subgerente, y así entiendo que seguirá operando. Aquí nada tiene que ver que se piense en una posible gerencia para absolutamente nada”, aclaró Alfaro.
El tema seguirá siendo objeto de discusión en próximas sesiones de Junta Directiva.
