Diego Bosque. 22 enero
Lliliana Abarca Fallas analísta de la CCSS compareció este jueves en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso que investiga supuestas anomalías en compras de emergencias de la institución, durante la pandemia.
Lliliana Abarca Fallas analísta de la CCSS compareció este jueves en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso que investiga supuestas anomalías en compras de emergencias de la institución, durante la pandemia.

Bajo juramento, frente a los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, una analista de la CCSS declaró que recibió presiones de dos asesores de la Gerencia de Logística para evaluar y aprobar ofertas presentadas por un contador y una periodista para un contrato de 12 millones de mascarillas por $4 millones.

Se trata de Lilliana Abarca Fallas, analista de la Comisión Técnica Ad-Hoc, quien compareció este jueves 21 de enero ante ese foro legislativo como parte de la investigación por presuntas irregularidades en la compra de equipo de protección médica por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), durante la pandemia.

Abarca señaló a Hans Vindas Céspedes y María Díaz Rivera, asesores del gerente de Logística, Luis Fernando Porras Meléndez, como los altos funcionarios que influyeron para que la Comisión Técnica pasara por encima de la normativa y sesionara de manera urgente para aprobar las propuestas de MR Comunicaciones Políticas, propiedad de la periodista española Miren Martínez Ruiz, y del contador público costarricense David Landergren Castro.

(Video) Funcionaria revela presión de Gerencia de Logística de CCSS en compra de mascarillas

La Caja adjudicó, el 27 de mayo, un contrato por $1,9 millones para el suministro de 5 millones de tapabocas a la firma de la comunicadora y otro por $2 millones para la entrega de 7 millones de unidades al contador.

Ambos contratistas se inscribieron días previos a la adjudicación e incumplieron con la entrega del producto de forma parcial, en el caso de Landergren, y total, en el de Martínez.

“El día martes 12 de mayo recibí una instrucción de parte del licenciado Hans Vindas para que la Comisión Técnica Ad-Hoc analizara el 13 de mayo la compra de estas mascarillas. Sin embargo, le manifesté que a mí no me había llegado ninguno de los expedientes y que la Comisión cuenta con tres días para emitir criterio.

“El licenciado Vindas me indica que, hablando con el señor gerente (Porras) y el director de Aprovisionamiento, concordaron que no es razonable contar con tres días para analizar las ofertas”, narró Abarca.

Según la funcionaria Vindas cerró esa intervención con la frase: “Mañana llego para que hablemos del tema”.

Liliana Abarca fue clara en que la participación de Vindas en la Comisión Técnica no era usual, pues las proformas y demás documentos necesarios para evaluar ofertas llegan por medio del Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios y acompañadas de expedientes foliados.

No obstante, Porras le encargó esa función a Vindas a finales de marzo, según consta en varios oficios.

“Quiero indicar que usualmente las solicitudes de análisis de proformas son trasladadas a comisiones por parte de los analistas del Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios con un expediente debidamente foliado. No obstante, a raíz de los cambios antes mencionados es que el licenciado Hans Vindas es el encargado de remitir proformas para el análisis de la comisión Ad Hoc directamente a mi correo”.

El 13 de mayo, la Comisión Técnica Ad-Hoc, integrada por los funcionarios Soraya Solano Acuña, Nidia Medrano Durán y Esteban Corrales Vega, sesionó y revisó 18 ofertas, incluidas las de MR Comunicaciones Políticas y David Landergren Castro.

Ese día, rechazaron las propuestas de la periodista y del contador por no presentar toda la documentación necesaria, pues incluso entregaron papeles y certificados en “idioma oriental”.

“Me envía un correo, me indica que le urge que la Comisión analice las proformas de David Landergren y MR Comunicaciones Políticas. Ese mismo día (18 de mayo) la Comisión las analiza y determina que sí cumplen con base en los certificados aportados, a pesar de estar en idioma inglés (...) Teníamos órdenes para que estos análisis se realizaran en un día, sin contar con la posibilidad de subsanar, por eso no se subsanó (lo de) las traducciones”. Liliana Abarca, analista de CCSS

No obstante, el 18 de mayo, Vindas insistió frente a la Comisión para efectuar una nueva reunión y valorar nuevas ofertas de esos contratistas.

“Me envía un correo, me indica que le urge que la Comisión analice las proformas de David Landergren y MR Comunicaciones Políticas. Ese mismo día (18 de mayo) la Comisión las analiza y determina que sí cumplen con base en los certificados aportados, a pesar de estar en idioma inglés (...) Teníamos órdenes para que estos análisis se realizaran en un día, sin contar con la posibilidad de subsanar, por eso no se subsanó (lo de) las traducciones”, dijo Abarca.

Al finalizar su exposición, contenida en un documento de 10 páginas, la analista le expresó a los legisladores que no respondería preguntas porque este caso está en investigación en el Ministerio Público. Ella rindió declaración ante fiscales el 8 de octubre del año anterior.

La pesquisa judicial fue abierta luego de una investigación periodística publicada por La Nación sobre presuntas irregularidades en la adquisición de millones de mascarillas en medio de la emergencia provocada por el nuevo coronavirus.

Este diario llamó a Vindas a su teléfono celular para consultarle sobre las declaraciones dadas por Abarca, pero no respondió. Tampoco atendió los mensajes remitidos ni la solicitud de entrevista enviada a su correo electrónico.

Hans Vindas Céspedes, funcionario de la CCSS desde 2004, fue suspendido en agosto mientras se desarrolla una investigación en su contra por aparentes anomalías en la adjudicación de ese contrato.

Documentos del Ministerio de Hacienda demuestran que algún con Landergren, pues fue Axel Landergren Castro, hermano del contratista, quien presentó en 2018 y 2019 las declaraciones de renta de una sociedad presidida por Vindas.

Vindas enfrentó en 2011, procesos administrativos y judiciales por el supuesto favorecimiento de una empresa relacionada con su mamá, Sandra Céspedes Porras, en compras millonarias de medicamentos. El caso fue archivado en 2013.

El domingo 26 de abril, en horas de la madrugada llegó uno de los tres vuelos chárter contratados por la CCSS a la firma DHL al aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela. El vuelo fue recibido por el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, en compañía de los cuestionados funcionarios Hans Vindas Céspedes y Luis Fernando Porras Meléndez, asesor y gerente de Logística, respectivamente. Ellos aparecen al lado derecho de Macaya. Foto cortesía de la Embajada de China en San José
El domingo 26 de abril, en horas de la madrugada llegó uno de los tres vuelos chárter contratados por la CCSS a la firma DHL al aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela. El vuelo fue recibido por el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, en compañía de los cuestionados funcionarios Hans Vindas Céspedes y Luis Fernando Porras Meléndez, asesor y gerente de Logística, respectivamente. Ellos aparecen al lado derecho de Macaya. Foto cortesía de la Embajada de China en San José
Cambios de fabricante

De acuerdo con la declaración de Abarca, la asesora legal de la Gerencia de Logística, María Díaz Rivera, también intervino en esa compra de mascarillas al autorizar un cambio de fabricante a favor de David Landergren Castro.

Ese trámite se realiza cuando un proveedor indica que, por causas de fuerza mayor, debe entregar productos diferentes a los ofrecidos durante el proceso de contratación. Para ello debe aportar justificaciones de la causa y demostrar que cumple con las exigencias de la oferta original.

Abarca declaró que Vindas solicitó directamente a los miembros de la Comisión el cambio de fabricante para Landergren, el cual fue apoyado por Díaz Rivera.

“El día 28 de mayo –un día después de la adjudicación– a las 13:21, el licenciado Vindas me envía un correo en el que me indica que le pasó documentos de Landergren a la Comisión y ellos informaron que sí cumple, por lo que solicitamos de su colaboración para hacer el criterio en el que informan que ese fabricante cumple.

“Ese mismo día, recibí un mensaje de WhatsApp de parte de la licenciada María Cristina, me consulta si vi la documentación que me envió Hans, me dice que ella ya la vio”, detalló.

“Definitivamente hubo injerencia de parte de algunas personas, en este caso se señala la participación del señor Hans Vindas en los procedimientos y toma de decisiones en la Comisión Técnica Ad-Hoc”. Yorleny León, presidente de la comisión legislativa

Añadió que Díaz Rivera le reiteró que el nuevo fabricante propuesto por el contador si cumplía los requisitos necesarios.

La Nación también intentó consultar a la asesora legal sobre las manifestaciones de Abarca, pero no contestó los mensajes enviados a su celular. Tampoco atendió las llamadas ni el correo electrónico mediante el cual se le solicitó entrevista.

“Definitivamente hubo injerencia de parte de algunas personas, en este caso se señala la participación del señor Hans Vindas en los procedimientos y toma de decisiones en la Comisión Técnica Ad-Hoc”, comentó la diputada Yorleny León, presidenta de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.

“El hecho de que les indicaran que en 24 horas tenían que estar listos los procedimientos y evaluaciones para adjudicar, evidencia esa injerencia para intervenir en las compras”, añadió la legisladora.

Además de la declaración, Abarca entregó a los diputados una carpeta con documentos para demostrar la veracidad de su exposición.

Ella es la tercera funcionaria de la CCSS que señala al asesor de la Gerencia de Logística por interceder en favor de Landergren y Martínez.

En noviembre, también lo hicieron Joanna Quirós y Laura Díaz Agüero, ambas empleadas del Área de Adquisición de Bienes y Servicios.

Quirós compareció el 19 de noviembre cuando declaró que Vindas intercedió para que aceptaran de manera extemporánea la oferta de esos proveedores. El 13 del mismo mes, Díaz había afirmado que el asesor de la Gerencia de Logística estuvo presente cuando Miren Martínez presentó su oferta fuera de tiempo.

“Yo le dije a doña Miren que cómo se había dado cuenta (del concurso), que por qué estaba presentando esa oferta, porque ella no estaba dentro de las cuatro (preseleccionadas) y afuera estaba Hans. Entonces, lo llamé y le dije (lo que pasaba). Él me dio la instrucción de que se la recibiera y se la pasara por correo”, afirmó Díaz Agüero.

Ante la misma Comisión, el jefe de la Subárea de Gestión y Control de Compras de Bienes y Servicios de la Caja, Juan José Acuña, aseveró el 3 de diciembre que fue Hans Vindas quien le instruyó pagar por adelantado $1,3 millones por respiradores filtrantes de partículas KN-95, que no se habían revisado.

La compra se hizo a la empresa Kai Gifts Inc Dba Bazarkai, también representada por Miren Martínez Ruiz.

En las próximas semanas, esta Comisión tiene programada la comparecencia de Vindas.

También convocarán a Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, y a Roberto Cervantes, gerente general de la entidad.

Liliana Abarca entregó a los diputados una declaración de 10 páginas donde explica las presiones que recibió de Vindas para que se conocieran las ofertas de dos proveedores.
Liliana Abarca entregó a los diputados una declaración de 10 páginas donde explica las presiones que recibió de Vindas para que se conocieran las ofertas de dos proveedores.
Consecuencias

En la actualidad, la CCSS mantiene investigaciones administrativas abiertas contra el gerente de Logística y sus dos asesores; todos permanecen suspendidos desde agosto.

Las pesquisas por el caso también incluyen a Miguel Salas Araya, director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, Maynor Barrantes Castro, jefe del área de Adquisiciones de Bienes y Servicios y a los tres miembros de la Comisión Técnica Ad Hoc.

Esos procesos avanzan paralelamente a las causas judiciales que buscan determinar si se incurrió en los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.