Patricia Recio. 16 febrero
Autoridades del Organismo de Investigación Judicial detuvieron en agosto del año pasado a un hombre de 28 años en Santa Cruz, Guanacaste como sospechoso del delito de relaciones impropias y divulgación de pornografía. Foto: OIJ/ Archivo.
Autoridades del Organismo de Investigación Judicial detuvieron en agosto del año pasado a un hombre de 28 años en Santa Cruz, Guanacaste como sospechoso del delito de relaciones impropias y divulgación de pornografía. Foto: OIJ/ Archivo.

Las denuncias por relaciones impropias se triplicaron durante los últimos tres años luego de la entrada en vigor de la ley que castiga con mayor severidad los encuentros sexuales entre adultos y menores de edad.

La cifra alcanzó los13.542 casos en el período comprendido entre el 2017 y 2019.

De acuerdo con datos de la Fiscalía, solo el año pasado se abrieron 6.445 expedientes que representan un 186% más que los 2.220 que ingresaron en el primer año de aplicación de la ley. Pero todavía más significativa es la comparación con 2016, antes de la ley, frente a la cual se dio un crecimiento del 500%, pues solo ingresaron 1.067.

No obstante, a pesar del gran número de denuncias, solo en el 25% hay acusación, es decir, se consiguen las pruebas suficientes para pedir que el caso llegue a juicio.

Emilia Navas, fiscala general de la República, reconoció que acusar estos hechos es complicado por la dificultad para recopilar prueba pues, como la mayoría de delitos sexuales, ocurren “en la intimidad”.

El otro problema frecuente es que la víctima se negaba a declarar, lo que llevaba a los fiscales a archivar el caso.

“Recién llegada a la Fiscalía General, conociendo esta situación giré un instructivo que puse en conocimiento de toda la institución para que independientemente de si la víctima no denunciaba o se retiraba del proceso después de haberlo hecho y se abstenía de declarar la investigación continuara, buscando otro tipo de prueba que permitiera acreditar esa situación.

“Cuando determinamos que no se cumple la circular por cualquier motivo y yo soy informada de esa situación, ordeno la reapertura y ordeno diligencias de investigación”, afirmó la fiscala.

A pesar del viraje que ordenó la fiscala, la situación preocupa a los funcionarios de salud como Nineth Alarcón, médica del Programa de Atención Integral del Adolescente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuyos trabajadores están obligados a denunciar los casos donde se sospecha que hay una relación impropia.

Se enfrentan a esa obligación cuando una adolescente llega a consulta prenatal y se identifica que el niño que espera es fruto de una relación desigual tipificada como delito.

“Algunos funcionarios nos dicen que denuncian y el Poder Judicial lo desestima, dice que no se puede hacer nada. Entonces resulta que la confianza de la chica, al haber trabajado para que vaya a poner la denuncia, para que ella lo acepte, se perdió. Entonces el control prenatal se pierde porque ellas sienten que las están traicionando”, manifestó Alarcón.

La fiscala general, sin embargo, insiste en que debe denunciarse el hecho, independientemente de ese riesgo.

“Ellos (los funcionarios) no pueden dejar de denunciar, lo que hay que hacer es coordinar entre todas las instituciones para ubicar a la víctima y llevar a cabo todo el procedimiento. En ese sentido, consideramos que hay que insistir en la obligación de todas las personas en el país de denunciar y de que, si son testigos o tienen conocimiento de una situación de este tipo, se presenten ante la Fiscalía, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o las autoridades de la Caja”, dijo.

Según ella, no existe una fórmula, pues para cada caso, el manejo de las pruebas es distinto. También habrá que analizar en cada situación si hay responsabilidades por parte de los padres u otros actores.

Tanto Navas como la funcionaria de la Caja, coinciden en que aún es necesaria una mayor concientización en la sociedad, pues en muchos lugares sigue viéndose como normal que muchachas de 17 años o menos mantengan relaciones con hombres mucho mayores que ellas e incluso se den embarazos.

Según datos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en el 80% de los casos del programa para madres adolescentes que maneja esa institución, la diferencia de edad con los padres de sus bebés es de 20 a 30 años.

De acuerdo con los datos de la última Encuesta Nacional de Juventudes, un 63% de las muchachas entre 15 y 17 años, dijo mantener una relación con una persona mayor de edad.

De ese 63%, un 52% tiene parejas de entre los 18 y 24 años, 3,8% reconoció que sus parejas tenían entre 25 y 29 años al momento de la encuesta, y un 6% tenía parejas de entre 30 y más de 35 años.

La médica Alarcón ha tenido contacto con familias que apoyan las relaciones de las jóvenes con hombres mayores, porque estos últimos ofrecen convertirse en los proveedores y asumir al hijo.

No obstante, agrega, en la mayoría de los casos que conoce, las jóvenes rehúsan revelar la identidad de sus parejas porque son amedrentadas por estas.

“Desafortunadamente, es una aceptación social y entonces los padres digamos que apoyan ese tipo de relación porque reciben un beneficio a cambio, o dicen ‘el amor no tiene edad’, y plantean que tal vez esa persona tiene trabajo o está estable. También tienen temor de denunciar porque saben que eso implica un proceso” explicó.

Precisamente la funcionaria de la Caja aseguró que al tiempo que han aumentado las denuncias, también se ha incrementado el número de jóvenes que optan por no declarar la identidad del padre al momento de registrar a sus bebés.

“Sabemos que debemos aclarar eso, porque debemos hacerles ver que es su vida, su salud, su desarrollo lo que se tiene que manejar. Muchas veces se les tiene que explicar que cuando no declaran la paternidad se les dificulta aún más poder hacer algo judicialmente ,por ejemplo una pensión alimentaria”, agregó.

¿Qué son las relaciones impropias?

Desde enero del 2017, la legislación castiga con penas de cárcel de acuerdo a la diferencia de edad entre la víctima y su supuesta pareja.

FUENTE: FONDO NACIONAL DE NACIONES UNIDAS (UNFPA CR)    || c.f. INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.

Tarea conjunta

Desde enero del 2017 cuando entró a regir la Ley 9406 también se han desarrollado protocolos de actuación interinstitucionales para intervenir en los posibles casos de relaciones con menores de edad.

Por ejemplo, como mencionó la fiscala general, los funcionarios de entidades que están en contacto directo con los adolescentes, como el PANI, la CCSS o el MEP, tienen la obligación de denunciar, pero a la vez en cada caso que se identifique una situación con ese riesgo, se activa un procedimiento articulado entre varias entidades.

La presidenta del PANI, Gladys Jiménez, explicó que esa institución interviene cuando reciben la denuncia o cuando estas se realizan por otras vías.

“En ocasiones, se le informa al PANI que hay una situación de riesgo identificada porque un vecino o alguien de la comunidad comunicó, o por medios que le haya llegado al OIJ o la Fiscalía”, dijo.

Al recibir este tipo de alertas, una de las primeras medidas es el traslado de la menor a una alternativa de protección o bien se valora si puede quedarse con su familia. La prioridad, dijo, es sacarla de la situación de riesgo, mientras se realiza la investigación.

Seguidamente, se inicia otro proceso que incluye el acompañamiento de la víctima tanto a nivel judicial como psicológica y de trabajo social, al tiempo que se verifica su estado de salud.

“En muchos casos la persona menor de edad no identifica el nivel de riesgo, entonces la acompañamos en el proceso. Aun cuando no se judicializa o por alguna razón no se logra determinar que se va a llevar a juicio, seguimos acompañando”, dijo la presidenta del PANI.

Las tres funcionarias consultadas reconocieron que falta mucho para ver un cambio cultural producto de la ley.

“Una ley cuando se aplica, uno no espera ver efectos de manera inmediata, sobre todo cuando el problema es estructural y no coyuntural. El tema de las relaciones impropias es un asunto que ha venido acompañando a la sociedad costarricense y lo ha visto como normal durante muchos años, tanto es así que para el año 2016 era normal que una persona menor de 18, de 15 años en adelante, se casara”, añadió la funcionaria.

“Una ley cuando se aplica uno no espera ver efectos de manera inmediata, sobre todo cuando el problema es estructural y no coyuntural. El tema de las relaciones impropias es un asunto que ha venido acompañando a la sociedad costarricense y lo ha visto como normal durante muchos años, tanto es así que para el año 2016 era normal que una persona menor de 18, de 15 años en adelante se casara”, Gladdys Jiménez, presidenta del PANI.

Además, aseguran que en algunas zonas ese cambio de paradigma suele ser más complejo.

“Hay zonas donde es más difícil que llegue porque no se enteran de que la ley existe”, agregó Jiménez.

Por su parte, la encargada del programa de la Caja comentó que en algunos cantones como Los Chiles (en Alajuela) o Golfito y Garabito, en Puntarenas, entre otros donde hay mayor incidencia de este tipo de relaciones, se realizan capacitaciones especiales con el personal para el abordaje de los casos.

“Se está haciendo eso para ir poco a poco, entre todos, generando conciencia, para que se generen espacios y que se vea con claridad que es por proteger a las personas adolescentes y los niños. El interés no es meter a la cárcel, el interés es es que las personas entiendan que no deben tener relaciones con una menor de edad porque le afectan mucho, interrumpen su desarrollo y de por vida”, sostuvo Alarcón.

A criterio de la especialista, la aplicación de la norma todavía debe afinar procedimientos para que sea más efectiva.