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No es cierto, no a todas ellas les gustan mayores. A ellas no les gusta tener una “pareja” que bien podría ser su papá y hasta su abuelo, que se crea su dueño a causa de sus facultades de proveedor.
Lo evidencia la reacción de Crisley Martínez Rodríguez que quedó grabada unos días antes de morir a manos de su “pareja”, un oficial de tránsito casi 40 años mayor. En el video la muchacha le rogaba que le devolviera su celular, porque se trataba de un artículo privado.
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Él se sentía dueño del aparato tanto como de la vida de la joven –de 19 años en ese momento– y con derecho a administrar ese bien personal, “porque él lo pagaba”.
Ellas no quieren esas uniones dispares, a las que son empujadas por necesidades económicas o por su propia inmadurez. Así también lo reflejan las 10.000 llamadas que recibe el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) cada mes a través de la línea gratuita 800-2262626 que atiende a adolescentes madres y adolescentes.
Según el Patronato, esas llamadas en su mayoría son realizadas por las mismas adolescentes o sus amigos para denunciar relaciones impropias o porque quieren orientación.
“Eso nos da un mensaje clarísimo de que el adolescente no quiere tener relaciones impropias, los adolescentes quieren relaciones de noviazgo entre ellos mismos, haciendo las cosas que hacen los adolescentes”, afirmó Elizabeth Ballestero, gerenta técnica del PANI.
También dan cuenta de eso las más de 2.200 denuncias que tramitó el Ministerio Público durante el año pasado por el delito de “relaciones sexuales con persona menor de edad”, cuyas penas se endurecieron a partir de enero del año pasado con la entrada en vigencia de la Ley 9406, conocida como ley de relaciones impropias.
Esa cifra representa el doble de las causas tramitadas en el 2016 y es también un 400% mayor a lo que se registraba hace 10 años, cuando se atendieron 441 denuncias por este delito.
A pesar de eso, son más, muchísimas más las que viven este tipo de violencia.
De acuerdo con la III Encuesta Nacional de Juventudes -realizada entre finales del 2017 y enero de este año-, un 63% de las muchachas entre 15 y 17 años, mantiene una relación con una persona mayor de edad.
De ese 63%, un 52% tiene parejas entre los 18 y 24 años, 3,8% “anda” con hombres de entre 25 y 29 y un 6% tiene parejas de entre 30 y más de 35 años.
Esa encuesta también reveló, que un 25% de los jóvenes dijeron que su pareja les revisa el celular, al consultarles sobre situaciones que se presentan constantemente, además a un 7% le han prohibido que estudie o trabaje y un 4% reconoció que a sus compañeros les molesta que estudie o trabaje.
Asimismo, según el PANI, de los 14.000 nacimientos de adolescentes madres que se registran cada año en el país, un 88% son producto de relaciones con hombres mayores.
Pobreza, inmadurez, y patrones culturales son las causas por las cuales estos vínculos no disminuyen aunque haya una ley que lo castigue. Así lo consideran profesionales que atienden de cerca los casos.
Para Ana Hidalgo, coordinadora del área de Violencia de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el espíritu de la legislación que entró en vigor en enero del año pasado, es combatir esa “naturalidad” con que se ven este tipo de relaciones de abuso de poder y violencia sexual.
“Como todas las leyes, tienen un objetivo punitivo sancionatorio, pero sobre todo un objetivo de cambio de un patrón de la cultura que utiliza la ley para mandar un mensaje diciendo ‘esto no está bien, esto atenta contra los derechos humanos de las menores edad’”, explicó Hidalgo.
“Cuando tuvimos el caso del jefe de tránsito nos dimos cuenta que era una relación que todo el mundo conocía, que la institución de tránsito conocía, que la familia sabía y no hacía nada, entonces no había nada que hacer porque era “tan normal”, que entonces nadie hace nada”, agregó.
Según la funcionaria, en la mayoría de estos casos, hay un “aprovechamiento de las condiciones de vulnerabilidad” de las menores.
Esa vulnerabilidad puede ser económica e incluso a causa de su madurez.
“ Una muchachita de 12 años no sabe nada del amor, estos hombres que pueden llevarle 20 años terminan seduciéndolas y no hay nadie que les ponga límites, que les diga que a los 12 años tienen que terminar de estudiar , no tiene que emparejarse e ir a tener hijos (...) Una chiquita de 12 años no puede estar vinculada a una relación de vida matrimonial, conyugal para la cual no está ni física ni sexualmente apta” , añadió.
En otros casos, añadió la funcionaria, estas uniones se dan por el favorecimiento de las familias, para que “salgan de la casa”, porque creen que ese emparejamiento representa la posibilidad de una mejor condición económica.
“No se tienen en mente los derechos de esa niña, esta persona tiene derecho a estudiar, de disfrutar de su niñez de su juventud a tener sueños y expectativas y no pensarlas en ir a satisfacer las necesidades sexuales de un hombre y además a tenerle hijos”.
Otros casos están ligados con violencia sexual, porque esos sujetos no se limitan a “pretenderla” sino que abusan sexualmente, y en ocasiones terminan con un embarazo temprano, que obliga a esa niña a permanecer con su agresor.
En abril, trascendió la situación de una adolescente de 13 años, embarazada, a quien su agresor de 58 años trató de matar. El abuso habría comenzado desde que ella tenía nueve años .
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Por el caso, fue detenido un expolicía como presunto responsable del abuso, al tiempo que se investigaba la conducta de la madre, por no cumplir con el deber de protección de su hija.
De acuerdo con Hidalgo, en el tema de las relaciones impropias también es común el agravante de la violencia doméstica.
“Si a una mujer adulta le cuesta tanto defenderse frente a la violencia de otro hombre adulto, imagínese a una muchachita de 15 años, ¿cuáles herramientas tiene para defenderse?”, plateó.
Por esa razón, no es casual que las tasas de femicidios más altas se den entre los 16 y 35 años y, además, en zonas con mayores índices de pobreza, donde las mujeres cuentan con menos herramientas.
Difícil intervención
Las denuncias ante las autoridades judiciales pueden hacerse por diferentes vías.
Según la Fiscalía Especializada de Género, es recurrente que los padres y madres de familia así como las mismas personas menores de edad, representantes de centros de salud, escuelas, el PANI, Tribunal Supremo de Elecciones y otras entidades presenten denuncias por ese tipo de delitos.
En el caso del Patronato, cuando reciben la alerta, el proceso además del trámite penal, incluye una intervención, cuyo principal fin es proteger a la menor.
Gran parte de esas llamadas ingresan a esa entidad a través de la línea para atención de adolescentes.
“Algunas veces llaman y dicen ‘es que tengo una amiga que está pasando por esto’, y ya las colegas saben que tiene que profundizar porque posiblemente se trata de ellas mismas, entonces se procura dar contención; se le dice lo que puede hacer y se le invita a que llame de nuevo o acuda a la oficina, o bien se le pide la dirección para hacer una visita”, explicó Ballestero.
De acuerdo con la funcionaria, cuando reciben una denuncia se realiza una investigación preliminar que puede ir desde entrevistas, visitas a los centros educativos, centros de salud y familiares, para determinar si la menor cuenta con factores protectores y si más bien se encuentra en un riesgo, que requiere que sea sacada del lugar donde vive.
Muchas veces, esto se hace incluso en contra de la voluntad de la menor de edad.
“Hay algunas convencidas de que esa es la relación ideal, entonces no colaboran en la investigación, sin embargo, eso es un delito. Otras chicas aceptan esa relación porque esa es una forma de sobrevivir, cuando no debería ser.
"Toda persona menor de edad deberían tener sus necesidades cubiertas sin tener que hacer este tipo de cosas”, añadió.
De acuerdo con la coordinadora del área de violencia de género del Inamu, a la ley aún le falta eficacia.
A su criterio, además del cambio cultural, también se debe trabajar con los funcionarios con el fin de que se persiga y se aplique la legislación.
Otro de los actores que participa en este tipo de procesos, principalmente desde la prevención, es el Ministerio de Educación Pública.
De acuerdo Kattia Grosser, directora nacional de Vida Estudiantil, desde que empezaron a difundir la legislación dentro del programa pedagógico, han incrementado las denuncias desde los centros educativos.
El año pasado, el MEP tramitó 21 casos y en lo que va de este, han a intercedido en siete situaciones.
De acuerdo con Grosser, eso también les permite determinar zonas con mayor vulnerabilidad, por ejemplo, hasta ahora la zona sur es donde han detectado mayor número de casos.
Grosser añadió que cuando se habla de estas disparidades no hay una edad específica con mayor riesgo, según dijo han atendido casos con niñas de 12 años en adelante.
Trabajadora social de La Cruz: ‘Hay señores que intercambian a la hija por un saco de frijoles’
En el cantón de la Cruz en Guanacaste, hasta hace poco más de un año, el término “relación impropia” era prácticamente desconocido.
Lo que sí era conocido era que en ese lugar ubicado al norte del país, era común ver niñas y jovencitas embarazadas y “juntadas” con hombres mayores, mucho más mayores que ellas.
Eso aún no ha cambiado, pero el término ya no es extraño en gran parte de la población.
“En el cantón se han naturalizado ese tipo de relaciones, señores que hacen un intercambio de un saco de frijoles por una niña o una adolescente, o familias que dicen que ya no pueden mantener a sus hijas y entonces prefieren dársela a ese alguien para que la mantenga. Ese alguien obviamente es una persona mayor de edad”, contó Zailyn Bonilla, coordinadora de gestión social de la Municipalidad de La Cruz.
El ayuntamiento lidera una red interinstitucional que nació hace cuatro años, cuyo objetivo inicial era “combatir” los altos índices de embarazo adolescente.
Posteriormente, se incluyó el tema de las uniones impropias.
De acuerdo con Bonilla, poco a poco han ido calando con ayuda de los mismos jóvenes que participan en la red, quienes también tienen la tarea de llevar el mensaje a sus familias y pares.
Para la funcionaria, el tema cultural es uno de los principales obstáculos que se han encontrado en la lucha contra este delito.
A su criterio, la pobreza y falta de información entre las muchachas también juega en contra.
“Muchas de las personas no tienen conocimiento de lo que están haciendo y que es un delito”, relató Bonilla sobre las causas que han encontrado.
En otros casos, reconoció, las mismas familias prefieren no denunciar porque se ven beneficiadas producto de esa relación.
En el caso de las muchachas, asegura que muchas de terminan en relaciones de este tipo porque lo ven como una “esperanza” para salir de situaciones de violencia intrafamiliar.
Otras pocas, se creen “enamoradas” a causa del mismo efecto de esa relación de poder y la inmadurez; también están las que son obligadas, por los temas económicos.
Asimismo, en el caso del cantón guanacasteco otro de los problemas que enfrentan es que muchos sujetos (en su mayoría migrantes) optan por llevarse a la niña hacia Nicaragua.
Según Bonilla, mediante el programa en el que también participan el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), buscan empoderar las jóvenes para evitar que caigan en este tipo de situaciones.
Además, al contar con la participación de otros muchachos, ellos mismos han utilizado las herramientas que adquieren para ayudar a amigas o llevar los casos a las autoridades que le dan seguimiento.
“Ellos son sujetos activos, y están muy contentos de que han podido ayudar a otros”, contó la funcionaria quien ve en esta parte del proyecto la esperanza para que al fin La Cruz empiece a experimentar esa transformación cultural que tanto pesa.
