El respeto al principio de inocencia fue el argumento en el que se escudaron el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, así como los directivos Luis Loría y Christian Steinvorth, para defender el nombramiento de Gustavo Picado Chacón como gerente financiero de la entidad.
Picado figura como imputado en una causa penal por la aprobación, aparentemente irregular, de aumentos salariales y de cesantía. A él y 15 funcionarios o exdirectivos más de la entidad se les atribuye el delito de influencia contra la Hacienda Pública.
El economista, con 25 años de trayectoria en el seguro social, obtuvo seis de los nueve votos posibles en la sesión de Junta Directiva del pasado 22 de abril. Entretanto, la funcionaria del Hospital Nacional de Niños, Adriana Romero, reunió tres votos. En la terna también estuvo presente Karol Fallas.
Los involucrados en el proceso conocerán si el caso se eleva a juicio luego de la audiencia preliminar programada para agosto, del 9 al 20.
Picado Chacón, entretanto, asumió la Gerencia Financiera desde el 3 de mayo por un periodo de seis años.
¿Y si tiene que enfrentar un juicio estando en el cargo? Según el presidente ejecutivo de la institución, a él no le corresponde opinar al respecto.
“No me corresponde emitir un juicio de valor o un criterio partiendo de una situación hipotética, que pueda suceder si ‘eventualmente lo decide el Juzgado’. El principio de inocencia se encuentra consagrado en el numeral 39 de la Constitución Política”, afirmó el jerarca.
Mismo criterio expresó José Luis Loría, representante de los trabajadores en el máximo órgano de la entidad, cuando se le preguntó sobre la conveniencia de designar, de entre 22 candidatos, a una persona que enfrenta un proceso judicial por hechos que supuestamente causaron una crisis financiera al seguro social en el año 2011.
“Yo no puedo operar con especulaciones. La realidad es que usted entenderá que estando (el caso) en el Ministerio Público yo no puedo emitir juicios de valor, es un tema que todos tenemos claros en este país. Y no puedo emitir juicios de valor porque eso está en una instancia preliminar, una investigación que va ir a una vista y no sabemos si el juez va elevarlo a juicio”, manifestó Loría.
Christian Steinvorth, representante de los patronos, también alegó imposibilidad de referirse a ese tema en específico, al tiempo que defendió el proceso de selección.
“La Administración realizó un proceso de selección a cargo de una empresa externa que permitiera medir los requisitos académicos de los postulantes, experiencia profesional, entre otros. Todos estos elementos, más el resultado de las pruebas y entrevistas, sirvieron de base para el análisis de la Junta Directiva.
“Entre los documentos aportados estaba la hoja de delincuencia que certifica que el entonces postulante no posee inhabilitación para ejercer cargos públicos ni registra antecedentes penales en firme”, añadió Steinvorth, quien solo aceptó preguntas por escrito.
La oficina de prensa de la entidad aseguró que Picado no tiene ningún expediente administrativo abierto.
Daño social al Estado
Los hechos atribuidos por la Fiscalía Anticorrupción a los 16 implicados habrían ocurrido en el periodo 2006-2010. Además de la cuestionada política salarial, la causa también investigó la compra de bonos en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) sin tener estudios técnicos de respaldo.
En ese mismo periodo, además, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) contrató a 10.000 nuevos trabajadores.
La Procuraduría de la Ética Pública estimó, como parte del proceso judicial, que dichas medidas administrativas causaron un daño social al Estado por poco más de ¢217.000 millones.
Cerca de ¢210.000 millones corresponden a las decisiones relacionadas con incrementos salariales. El monto restante deriva del daño por la compra de títulos valores en el régimen de pensiones.
Otros casos
La escogencia de Picado bajo el criterio de principio de inocencia se da en momentos en que la Caja sigue procedimientos disciplinarios contra nueve trabajadores, entre ellos el gerente de Logística, Luis Fernando Porras, por supuestas irregularidades en millonarias compras de mascarillas para la atención de la pandemia.
Los hechos también están bajo investigación de la Fiscalía.
De nueve involucrados, tres están suspendidos con goce de salario. Son el gerente Porras y sus dos asesores.
Un audio de una sesión de Junta de diciembre, reveló la molestia de los directivos por la tardanza de los procesos internos para sancionar o despedir a los involucrados, principalmente a uno de los asesores del gerente.
Al jerarca de la Caja se le preguntó si no prima también en esos casos la presunción de inocencia.
“Tal como lo he indicado en varias oportunidades a ese medio de comunicación (a La Nación) e incluso ante la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa, como miembro de la Junta Directiva, que es órgano decisor en los procesos que se siguen contra el señor Hans Vindas, estoy inhibido a referirme a este caso en particular o hacer comparaciones a otras situaciones.
“Cualquier opinión o criterio de mi parte podría considerarse como un adelanto de criterio”, afirmó Macaya.
¿Es conveniente que la CCSS envíe estos mensajes a la población?, también se le preguntó al directivo Loría.
“Es que eso son juicios de valor, no sé si me estoy dando a entender. Yo no voy a emitir juicios de valor hasta que no esté en firme una sentencia. Yo sé que la presunción de inocencia suena como trillado, pero en realidad más que eso, como directivos de la CCSS, no podemos emitir juicios de valor respecto a un procedimiento que está siendo investigado.
“Con todo gusto si usted me pregunta ‘¿usted votó por él?’ yo le diría ‘sí, sí voté por él’ ‘¿volvería a votar?’, sí, volvería a votar. Lo hago porque en las condiciones actuales de la institución y del país era el mejor calificado. No estoy tomando una decisión antojadiza”, aseveró Loría.
Gustavo Picado logró reunir apoyo en los tres sectores representados en la Junta Directiva: Estado, trabajadores y patronos.