El economista Gustavo Picado Chacón, recién nombrado gerente financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es uno de 16 imputados en una causa penal relacionada con aumentos de salarios y de cesantías aparentemente irregulares aplicadas entre 2006 y 2010.
Por el hecho también se investigan exdirectivos y altos funcionarios de la institución.
El caso se tramita bajo el expediente 12-0046-0615-PE por los delitos de influencia contra la Hacienda Pública, fraude de ley y administración fraudulenta. Actualmente, se está a la espera de la audiencia preliminar que se realizará del 9 al 20 de agosto, luego de la cual se determinará si el caso irá o no a juicio.
Las decisiones cuestionadas implicaron incrementos salariales por encima de la inflación, el rompimiento del tope de cesantía de 12 a 20 años, además de la contratación de 10.000 nuevos trabajadores en la CCSS. Solo en el año 2009, por ejemplo, los entonces 42.885 funcionarios recibieron un incremento salarial del 6,9%.
Asimismo, a los imputados, que en ese entonces tenían a su cargo la organización, la administración y el manejo de los fondos públicos, se les acusó de vender títulos valores del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), sin contar con estudios técnicos de respaldo.
Estas acciones habrían sido el detonante de una crisis financiera que enfrentó la institución entre 2010 y 2011, la cual en ese último último año ocasionó un déficit de ¢93.000 millones.
Por esos hechos, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) presentó la acusación, en marzo de 2019, contra los 16 implicados. Entre ellos, además de Gustavo Picado, figuran Eduardo Doryan Garrón, quien fue presidente ejecutivo de la CCSS durante ese periodo, y los exgerentes Dinorah Garro Herrera, Manuel Ugarte Brenes, José Alberto Acuña Ulate e Iván Guardia Rodríguez.
Los demás implicados, que ostentaban cargos de directivos, son Sara González Castillo, Édgar Cabezas Solera, Jorge Chavez Muñoz, Luis Guillermo López Vargas, Eugenio Trejos Lobo, José Luis Quesada Martínez, Yorleny Madrigal Mora, Carlos Montoya Murillo, Álvaro Vega Rojas y Christian Rodolfo Hernández Chacón.
Ante consultas enviadas por La Nación, la oficina de prensa aseguró que la institución está al tanto del proceso judicial.
No obstante, según indicaron, los miembros de la Junta Directiva consideraron el principio de inocencia para designar en la Gerencia Financiera al economista con 25 años de trayectoria en la entidad.
“De acuerdo con la información del Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA) se constata que el licenciado Picado Chacón no cuenta con procedimientos administrativos abiertos en este momento.
“La investigación del Ministerio Público se encuentra en su fase indagatoria, y constitucionalmente existe la garantía de presunción de inocencia y el derecho a un debido proceso que le asiste a toda persona procesada, de conformidad con reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional y el derecho internacional, principios esenciales en un Estado de Derecho”, señaló la Caja.
Según la oficina de prensa, se siguió un largo proceso de selección, donde participaron un total de 22 profesionales internos y externos. La Junta Directiva terminó eligiendo a Picado Chacón después de un proceso que contempló pruebas de conocimientos, entrevistas, entre otras etapas.
“La institución es respetuosa del quehacer del Poder Judicial, por lo que atiende los procesos judiciales que se encuentran en curso y donde la institución es parte de estos. De la misma forma respeta lo que los tribunales de justicia determinen para este o cualquier proceso, una vez agotadas todas las instancias legales y exista resolución en firme, determinado así una vez concluido el proceso eventuales responsabilidades de funcionarios de la institución, actuando conforme a derecho en cada caso.
“En el proceso participaron 22 candidatos y la Junta Directiva tomó la decisión tras las entrevistas de los participantes en la terna final y la votación del órgano colegiado”, manifestó la entidad.
Picado asumirá el cargo el 3 de mayo.
Daño social al Estado
La Procuraduría de la Ética Pública estimó que las medidas administrativas causaron un daño social ocasionado al Estado costarricense por poco más de ¢217.000 millones.
Cerca de ¢210.000 millones corresponden a las decisiones relacionadas con incrementos salariales. Lo restante corresponde al daño por la compra de títulos valores en el régimen de pensiones.
“La cifra se divide en grupos de solidaridad establecidos conforme a la participación de los imputados y demandados civiles en los hechos acusados por el Ministerio Público.
“No obstante, en razón de que aún la causa se encuentra en etapa preliminar y a efecto de no violentar el artículo 295 del Código Procesal Penal, se señala de manera general”, informó la Procuraduría a La Nación.
La causa judicial se originó con una denuncia presentada en el 2012 por Daniel Muñoz, economista que laboraba en la Caja, según el cual, la crisis de liquidez que enfrentaba la entidad desde 2008 fue causada por un “maquillaje” de datos sobre salarios institucionales.
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De acuerdo con su versión, supuestamente el problema comenzó cuando la Junta Directiva aprobó un proyecto de política salarial, que según el denunciante, se basó en información “falseada” por altos funcionarios.
Muñoz laboró como jefe del área de Investigación Económica de la Dirección Actuarial, desde el 2007 hasta mayo de 2012.