La Fiscalía Anticorrupción acusó a 18 exdirectivos y altos funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por haber aprobado aumentos de salario y de cesantía de manera irregular entre el 2006 y el 2010.
Entre los implicados está Eduardo Doryan Garrón, quien fue presidente ejecutivo de la Caja en ese periodo, además de exgerentes como Gustavo Picado Chacón, Ileana Balmaceda Arias y Dinorah Garro Herrera, Manuel Ugarte Brenes, José Alberto Acuña Ulate e Iván Guardia Rodríguez.
Los otros son de apellidos Vega Rojas, Montoya Murillo, López Vargas, Chaves Muñoz, Quesada Martínez, Retana Mora, Hernández Chacón, González Castillo, Trejos Lobo, Madrigal Mora y Cabezas Solera.
Muchos de ellos continúan en la Caja en altos cargos.
Según el fiscal Glen Calvo, son funcionarios que tenían a su cargo la organización, administración y manejo de fondos públicos.
La Nación se comunicó vía telefónica con el expresidente ejecutivo de la Caja, Eduardo Doryan, quien aseguró que no ha sido notificado de la acusación presentada a la Fiscalía.
“Espero, que si así fuera, me parece bien que sea ante un juez donde ese tipo de cosas de diriman y donde yo pueda dar argumentos muy sólidos”, se limitó a manifestar.
A todos los implicados se les sigue la causa bajo el expediente 12-0046-0615-PE por los delitos de influencia contra la Hacienda pública –que consiste en el menosprecio de fondos públicos–, fraude de ley y administración fraudulenta.
Tres personas que fueron investigadas pero en su favor se solicitó un sobreseimiento, es decir, que no continúe el proceso contra ellas.
Será ahora el Juzgado Penal de Hacienda el que fije fecha para la audiencia preliminar mediante la cual la Fiscalía presentará los elementos para llevar el caso a juicio.
Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, confirmó que fueron notificados el martes de la acusación y la solicitud de elevación a juicio.
“Somos totalmente respetuosos de este proceso. Vamos a colaborar con la Fiscalía en lo que se nos pida. Seremos respetuosos de los resultados, y en ese momento, con resultados en firme, procederemos a tomar las decisiones que proceden a derecho”.
Por su parte, la Unión de Empleados de la Caja (Undeca) mostró satisfacción por el avance de la causa, que se inició con denuncias de “valientes trabajadores”.
“Esperamos que los resultados de esta investigación permitan a la Caja retomar el rumbo y recomponerse por el bien de la institución y de millones de costarricenses que tiene en la Caja la única posibilidad de tener salud”, dijeron.
En este momento, la acusación de la Fiscalía fue trasladada a la Procuraduría General de la República para que se sume al proceso con la idea de reclamar eventuales daños.
La crisis
Las acciones de los ahora acusados, como aumentos por encima de la inflación, serían uno de los detonantes de la crisis financiera que encaró la CCSS entre 2010 y 2011. Solo en el 2009, por ejemplo, los entonces 42.885 trabajadores recibieron un incremento salarial del 6,9%.
A esa medida, se sumó la contratación de más de 10.000 personas.
La situación llevó al crecimiento del déficit para la Caja que llegó a su peor momento en el 2011, con ¢93.000 millones.
La crisis de la CCSS quedó plasmada e informes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el informe de una Comisión de Notables que hizo 81 recomendaciones. Además de la investigación penal, los hechos se analizaron en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto del Congreso.
La recuperación comenzó a verse hasta el 2013.
La denuncia
La causa judicial se originó con una denuncia presentada en el 2012 por Daniel Muñoz, economista que laboraba en la Caja, según el cual la crisis de liquidez que enfrentaba entidad desde 2008 fue causada por un “maquillaje” de datos sobre salarios institucionales.
De acuerdo con su versión, supuestamente el problema comenzó cuando la Junta Directiva aprobó un proyecto de política salarial, que según el denunciante, se basó en información “falseada” , por altos funcionarios.
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Como parte de esa política se rompió el tope de la cesantía de 12 a 20 años.
“(La política) se hizo al margen de la valoración anual del Actuarial del Seguro de Salud, que es el documento oficial, y maquillando proyecciones financieras de ese seguro al 2025”, alegó Muñoz en aquel momento.
”Al falsearse los resultados verdaderos que no daban viabilidad a estos incrementos, en el 2009 se aprobaron estos beneficios”, añadió.
Luego de aquella decisión en el 2012, la Junta Directiva de la CCSS propuso a los empleados bajar nuevamente el tope del cálculo de cesantía a partir del 2015 en atención de recomendaciones de la Contraloría General de la República y la Comisión de Notables que analizó la crisis de la entidad.
Muñoz aseguró en su denuncia que la crisis contagió al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que adquirió títulos valores al Régimen de Salud, Enfermedad y Maternidad (SEM), sin contar con un estudio técnico que respaldara esa adquisición.
El funcionario dijo en aquel momento que el Comité de Inversiones del IVM obligó la compra de los títulos para solventar el problema de liquidez del Régimen de Salud, aunque eso implicara “una enorme pérdida potencial en el rendimiento de los fondos del IVM”.
Muñoz laboró como jefe del área de Investigación Económica, de la Dirección Actuarial, desde el 2007 hasta mayo de 2012.
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Él también compareció en el 2016 ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.
Colaboró la periodista Ángela Ávalos