San José.
Diputados de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Público recibieron la mañana de este jueves al economista Daniel Muñoz Corea, empleado de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) quien en el 2012 denunció ante el Ministerio Público el supuesto maquillaje de informes financieros por parte varios funcionarios de la entidad.
A lo largo de hora y veinte minutos, Muñoz señaló a los congresistas que la crisis financiera de la institución entre el 2010 y 2011 se originó por decisiones de altos funcionarios, presuntamente responsables de manipular estudios financieros. La Fiscalía investiga los hechos.
Según él, el origen de la crisis financiera del seguro de salud se remonta al año 2008 cuando la Junta Directiva de la Caja, aprobó elaborar una plan de política salarial, basada en estudios con información falsa, aparentemente suministrada por autoridades de la entidad que desequilibraron el régimen.
"Porque se pretendía aumentar beneficios a un grupo de trabajadores de la Caja, incluyendo el rompimiento del tope de cesantía de 12 a 20 años", dijo el funcionario, quien tiene más de 25 años de laborar en la entidad.
El plan de política salarial se impulsó, de acuerdo con Muñoz, "sin suficientes criterios legales, actuariales, económicos, financieros y presupuestarios que garantizarán el equilibrio, a corto plazo, y la sosteniblidad financiera, a largo plazo, con base en información fraudulenta provista, de manera dolosa, por jerarcas administrativos".
Entre los diputados participantes están Antonio Álvarez Desanti y Rolando González del Partido Liberación Nacional (PLN), Ottón Solís (PAC), Otto Guevara (ML), Jorge Arguedas (FA) y Mario Redondo de Alianza Democrática Cristiana.
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De acuerdo con el demandante, existe evidencia concreta de que se habría falseado un informe técnico de propuesta de política salarial elaborado en la Dirección Actuarial de la CCSS en el 2008 por un equipo de trabajo liderado por el propio Muñoz cuando trabajaba allí (Muñoz fue trasladado a otro puesto hace unos cuatro años).
Ante el referido crecimiento del gasto y la disminución de los ingresos contributivos a la CCSS por efecto de la recesión económica entre el 2008 y 2010, el seguro de salud careció a partir del 2010 del efectivo suficiente para pagar a proveedores, siendo que para amortiguar esta crisis de liquidez, "jerarcas administrativos habrían incurrido, con conocimiento de causa, en conflicto de interés, al subsidiar ilegal y significativamente al Seguro de Salud con recursos del Régimen de IVM".
Según Muñoz, esto ocurrió a expensas de la rentabilidad financiera del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), lo cual habría implicado "un contagio de la crisis financiera del primero al segundo".
"Fuí testigo de presuntos actos de corrupción de altos jerarcas de la institución que habían menoscabado la solidez de los seguros de Invalidez, Vejez y Muerte y Seguro de Enfermedad y Maternidad. Esto lo denuncié en el 2012 ante la Fiscalía y luego de acudir a las autoridades internas de la CCSS. Sin embargo, en lugar de tomar acciones, optaron por hostigarme", afirmó.
Muñoz afirmó que la causa principal de la crisis financiera, visible a partir del 2010, resultó del "desmedido crecimiento en el gasto en revalorizaciones de salarios, anualidades de la entidad, rompimiento gradual del tope de cesantía y el incremento de plazas. Esto ocurrió entre el 2006 y 2010 y sin suficientes razones técnicas".
Esta situación, añadió, luego generó carencia de efectivo en la entidad para pagar a los proveedores de la CCSS y esto desencadenó la crisis.
"La Junta Directiva habría tenido conocimiento de estos hechos pero los habrían ocultado y agravado incurriendo en complicidad con los jerarcas administrativos cuestionados", afirmó.
Mario Redondo agradeció a Muñoz su testimonio y halagó el hecho de que compareciera.
"Muy, pero muy pocos funcionarios públicos tienen la valentía de venir a hablar como usted lo ha hecho", dijo.
La Comisión acordó convocar a Muñoz en próximos días para retomar la conversación y formular preguntas de seguimiento al caso.
En enero y nuevamente este jueves también acudió la presidenta ejecutiva de la CCSS, María del Rocío Sáenz.