EscucharEl abogado defensor del cirujano Oswaldo Alvarado Jiménez adelantó que objetará ante los tribunales contenciosos el despido sin responsabilidad patronal resuelto por la Caja contra ese médico.
Según José Alberto Monterrosa, él demostrará "las barbaridades de ilegalidad" cometidas durante la investigación administrativa realizada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) contra su cliente. Así lo afirmó durante una conversación telefónica con La Nación.
Monterrosa negó, enfáticamente, que su defendido atendiera llamadas privadas mientras operaba a un bebé en el Hospital de Niños, abandonara el quirófano y, mucho menos, dejara el hospital para atender a uno de sus pacientes de la consulta privada, como le atribuye la CCSS.
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"El doctor no abandonó el Hospital de Niños, nunca llegó a una clínica privada y no atendió a un paciente privado. Y no lo digo yo. Lo dice la resolución del CIPA (Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos). Más allá de que lo diga la resolución del CIPA o lo diga yo, en la imputación de cargos nunca se le atribuyó al doctor haber salido del Hospital de Niños. ¿Cómo, si a usted no le atribuyen un hecho específico, lo pueden despedir?", reclamó el abogado.
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A la fecha, unos cuatro menores esperan trasplante hepático, pero el Hospital de Niños tiene suspendidas esas operaciones. | ARCHIVO
La Gerencia Médica de la Caja resolvió despedir sin responsabilidad patronal a este cirujano, quien por más de 25 años trabajó para la institución. La resolución es del 2 de febrero y le fue notificada a Alvarado seis días después.
El último cargo que tuvo Alvarado fue como jefe del servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del Hospital Nacional de Niños, de donde fue suspendido con goce de salario desde el 23 de febrero del 2014.
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A inicios de ese año, trascendió que este cirujano, supuestamente, abandonó el quirófano en varias ocasiones mientras operaba a un bebé de un problema en el corazón, para atender llamadas privadas.
La CCSS comprobó estos hechos, según informó la gerente médica, María Eugenia Villalta Bonilla, ante consulta de este medio.
Entre las supuestas irregularidades del procedimiento administrativo, según Monterrosa, están las inconsistencias para notificar a Alvarado mediante una publiación en el diario oficial La Gaceta, y el hecho de que la CCSS no tomara en cuenta los criterios del CIPA y de la Junta Nacional de Relaciones Laborales.
Este último órgano, aseguró el abogado, concluyó que el cirujano no había cometido ninguna falta. Esa decisión, sin embargo, no es vinculante para el procedimiento.
"Para nadie es un secreto que hay decisiones, a mí entender, que más que jurídicas son políticas. Este caso, para mí, se ha resuelto con una visión política más que jurídica", agregó.
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Por esa razón, añadió el representante legal, espera que todo se aclare en la vía judicial.
"Ahí yo confío en las autoridades judiciales; sé que no van a tener presiones de otra naturaleza, y creo que ahí sí se va a poder acreditar todas las barbaridades han sucedido en este proceso", agregó Monterrosa.
No descartó la posibilidad, incluso, de reclamar una indemnización.
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