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El documento fue firmado por el embajador de Costa Rica en Francia, Gabriel Macaya, y la Secretaria General Adjunta del Consejo de Europa, Gabriella Battaini-Dragoni. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores (Sandro Weltin)
Costa Rica se convirtió esta semana en el primer país no europeo en adherirse al Convenio del Consejo de Europa contra el tráfico de órganos humanos, primer acuerdo internacional creado para combatir este tipo de delitos.
La firma del documento estuvo a cargo del embajador de Costa Rica en Francia, Gabriel Macaya, y la Secretaria General Adjunta del Consejo de Europa, Gabriella Battaini-Dragoni, según informó el Ministerio de Salud en un comunicado.
El tratado, también conocido como Convenio de Santiago de Compostela, por la ciudad española donde se firmó en el 2015, tiene como objetivo "la prevención y la lucha contra el tráfico de órganos humanos, la protección de las víctimas y el fomento de la cooperación nacional e internacional en este ámbito".
Asimismo, ofrece una oportunidad para lograr una acción concertada a nivel mundial mediante la armonización de las legislaciones nacionales, acciones que desde ya han generado cooperación internacional entre Costa Rica y España como líder mundial en donación y trasplante de órganos y tejidos.
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Según la ministra de Salud, Karen Mayorga, este acuerdo es beneficioso ya que permitiría cerrar puertas a las "prácticas delictivas que ponen en riesgo la salud pública y privada".
El tratado solicita a todos los gobiernos firmantes, la tipificación de los siguientes delitos:
- La extracción llevada a cabo sin el consentimiento libre informado y el consentimiento específico del donante vivo o fallecido.
- Las situaciones en las que, a cambio de la extracción de órganos, el donante vivo o un tercero reciban un beneficio económico o una ventaja comparable.
- Cuando a cambio de la extracción de órganos de un donante fallecido, una tercera parte reciba un beneficio económico o una ventaja comparable.
El nuevo convenio también contempla medidas de protección, compensación y asistencia a las víctimas en su recuperación física, psicológica y social; y medidas de prevención para asegurar la transparencia y el acceso equitativo a los servicios de trasplante.
Asimismo, el acuerdo internacional pide a los Estados parte adoptar las medidas legislativas y otras acciones que fueran necesarias, para garantizar el acceso a la información, la asistencia y el derecho de compensación a las víctimas.
El convenio entró en vigor el pasado 1.° de febrero, tras la ratificación de la países que lo han firmado, República Checa, Noruega, Malta, Moldavia y Albania. Además, hay otros 17 países que ya lo firmaron, entre ellos España, Rusia, Reino Unido, Italia, Turquía, Polonia y Portugal.
En Costa Rica está pendiente la ratificación del convenio en la Asamblea Legislativa.
Un delito que ha hecho eco en Costa Rica
En junio de 2013 salió a la luz en Costa Rica la existencia de una red dedicada a la trata de personas para el tráfico de órganos.
Según la Fiscalía, las víctimas de este grupo, perdieron el 25% de su capacidad funcional. La investigación de las autoridades determinó que al menos 14 afectados recibieron un pago de hasta ¢10 millones a cambio de uno de sus riñones para trasplantarlos a extranjeros adinerados.
Por este caso fueron imputados cuatro médicos y un comerciante de origen griego. Entre los primeros figura Francisco Mora Palma, quien fuera jefe del servicio de Nefrología del Hospital Calderón Guardia.
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Según las pesquisas, esta red también utilizó dos hospitales privados, donde aparentemente hubo extracción y trasplantes ilegales de riñones. Algunas de las cirugías también se realizaron en Israel.
Este caso fue el primero en juzgarse Costa Rica por el delito de tráfico de órganos.
El Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, dictó 12 años de prisión contra Mora Palma, como responsable del delito de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos.
Este tribunal, además, le impuso al comerciante griego Dimóstenes Katsigiannis 8 años de cárcel por el mismo delito. Entre tanto, los médicos Maximiliano Mauro Stamati, Fabián Fonseca Guzmán y Víctor Hugo Monge Monge resultaron absueltos al concederles el beneficio de la duda.
