Las víctimas de una supuesta red dedicada a la trata de personas para el tráfico de órganos perdieron el 25% de su capacidad funcional, según la acusación que dio a conocer la Fiscalía en el primer día de juicio contra cinco imputados.
Su investigación determinó que hay al menos 14 afectados, a quienes se les habría pagado hasta ¢10 millones a cambio de uno de sus riñones para trasplantarlos a extranjeros adinerados.
Los imputados son cuatro médicos y un comerciante de origen griego. Entre los primeros figura Francisco Mora Palma, quien fuera jefe del servicio de Nefrología del Hospital Calderón Guardia.
Todos se presentaron este lunes ante el Tribunal Penal de San José, conformado por Lorena Blanco, Laura Sánchez, Irena Barrantes y Omar White. Están llamados a comparecer 46 testigos, 25 de ellos aportados por la Fiscalía.
A cargo del caso están Ileana Mora y Álvaro Villalobos de la Fiscalía contra la Delicuencia Organizada, mientras que Ariana Arias Vargas y Vanessa Herrera, de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima.
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Según las pesquisas, en la supuesta red también se utilizaron dos hospitales privados, donde aparentemente hubo extracción y trasplantes ilegales de riñones. Algunas de las cirugías también se realizaron en Israel.
¿Cómo funcionaba?
La Fiscalía le atribuye a Mora Palma el supuesto liderazgo de la banda dedicada al tráfico internacional de órganos con conexión en Israel y en países de Europa del este.
Él enfrenta 14 delitos por trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos, 16 delitos de peculado, 12 delitos de lesiones graves, y 6 por falsedad ideológica.
El delito de peculado se relaciona con el aparente uso de instalaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en la comisión de los hechos atribuidos.
Aparentemente, la pizzería del comerciante griego, identificado como Katsigiannis Karkasi , fue el sitio que sirvió para reclutar víctimas, entre las que hay vecinos de Tirrases, Desamparados, Alajuelita y Tibás, en San José y Paraíso de Cartago; todos personas de bajos recursos y baja escolaridad.
Al comerciante griego Katsigiannis Karkasi, se le atribuyen tres delitos de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos y tres lesiones graves.
A Mauro Stamati, Fonseca Guzmán y Monge Monge, la Fiscalía les relaciona con la comisión de 14 delitos de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos y 12 delitos de lesiones graves.
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Según el Ministerio Público, a las víctimas las hicieron firmar una declaración jurada donde afirmaban que no habían recibido dinero a cambio de donar uno de sus riñones. Esos órganos fueron trasplantados a extranjeros de Israel y Grecia.
Una de las víctimas, al parecer, habría sido llevada a Israel para realizar la intervención.
La acusación señala a Mora Palma como el coordinador del reclutamiento y los exámenes a las víctimas, y al comerciante de origen griego como el facilitador de los traslados de las mismas a hospitales y laboratorios privados.
Entre tanto, añaden los fiscales, los médicos urólogos y vascular conocieron y participaron del plan de pagos para extraer los riñones.
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La Fiscalía también reclama a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el pago de una acción resarcitoria para las víctimas por ¢500 millones. Sin embargo, el abogado de la institución, William Rodríguez, sostiene que la Caja es otra afectada.
Esta es la primera vez que en Costa Rica se juzga este delito. El caso salió a la luz en junio de 2013, para cuando la investigación llevaba ya tres años.