Las personas en condición migratoria irregular que habitan en Costa Rica no pueden acceder a las vacunas contra la covid-19.
Ante consultas de La Nación, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) respondieron que estos ciudadanos solo pueden recibir las dosis si regularizan su estatus migratorio.
De acuerdo con los especialistas, esto no solo puede representar un peligro para la salud de estas personas, sino también un problema más en el marco de la transmisión comunitaria y un obstáculo para conseguir la ansiada inmunidad de rebaño a nivel nacional.
Según datos de la Dirección General de Migración Extranjería (DGME), al menos un 10% de la población costarricense es migrante. Es decir, alrededor de medio millón de habitantes.
Sin embargo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indica que no es posible determinar cuántas de estas personas están en condición irregular.
Principalmente porque es una población que está “invisibilizada” y no hay estadísticas de una cantidad concreta, debido a que es muy difícil determinarlo a menos de que sea “sectorizada”.
Así lo indicó Isis Orozco, coordinadora Nacional del Programa Regional sobre Migración de la OIM, quien también resaltó los desafíos que han tenido que enfrentar estos ciudadanos durante la emergencia.
“Cuando empezó la pandemia hubo falta de información sobre qué personas podían acceder a los servicios de salud y había mucho temor por parte de la población migrante por deportación si acudían a estos.
“También había gran interés de informar correctamente a esta población por el tema de que mucha se encuentra en situación de hacinamiento y entonces podía generar focos epidemiológicos muy altos”, enfatizó.
Orozco afirmó que no han recibido denuncias de migrantes a los que se les haya negado la vacuna contra el coronavirus en el país, pero que sí son conscientes de que se debe reforzar el manejo de información dentro de las instituciones públicas, sobre todo en la CCSS.
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La coordinadora señaló que el personal médico debe ser consciente de cuáles son los documentos que se están aceptando a la población migrante para acceder a las inyecciones.
“Muchas veces las directrices se mantienen en esferas altas y no llegan a bajar al personal que realmente está atendiendo a la población”, agregó.
Decisión irracional y discriminatoria
El epidemiólogo Juan José Romero explica que el no vacunar a migrantes en condición irregular es una decisión irracional y discriminatoria, además de que representa un riesgo para la salud pública.
“Desafortunadamente en Costa Rica los migrantes irregulares son como el polvo que se pone debajo de la alfombra: ahí está, tapado; no sé si hay interés de atenderlos. No sabemos cuántos son y dónde están”, dijo.
Romero asegura que negarles las dosis a estas personas no podría responder a una decisión técnica, ya que cualquier ciudadano está en riesgo de infectarse y puede contagiar a otros que terminen hospitalizados.
El especialista de la Universidad Nacional dice que un paciente en un centro médico puede costar entre $3.000 (1.860.000 colones) y $6.000 (3.720.000 colones) diarios y pasar hasta un mes internado, mientras que las vacunas no suben de $30 (18.600 colones) por dosis.
Además, enfatiza que la salud es un derecho humano y que no se le puede quitar ese derecho a una persona solo por su condición migratoria. Asimismo, tampoco tiene sentido en términos epidemiológicos, agregó.
“Un indocumentado podría no acercarse a una campaña de vacunación porque piensa que eventualmente lo van a deportar, pero estamos en una pandemia y ahora impera la salud, las instituciones deben entender eso.
“El asunto es que hay que ser empáticos. La gente que huye de Nicaragua y Venezuela no está pensando en ir a pedir una visa y traer un pasaporte. Están viendo cómo mejorar su calidad de vida y si yo me pongo en los zapatos de esa gente y estoy urgido de una vacuna, ¿cómo regularizo mi situación rápido?”, declaró Romero.
La Caja alega que si los migrantes realizan el trámite de identificación o adscripción en su respectiva área de salud, se vacunan según la normativa vigente en el país.
Sin embargo, muchas de estas personas no tienen acceso a información, transporte o tecnología como celulares con saldo y computadoras con Internet para ayudarse con los trámites de estos servicios.
Además, en ocasiones se encuentran con funcionarios de salud que no conocen sobre los derechos que tienen estos habitantes en el país y los documentos de identificación que pueden utilizar, como lo explicó la OIM.
27.000 refugiados desprotegidos
Otras personas extranjeras a las que se les niega la vacuna contra la covid-19 son aquellas que solicitan refugio en territorio nacional.
El Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Refugiados (Acnur) indica que, de acuerdo con datos de Migración, en el país hay alrededor de 102.000 personas en estas condiciones y un 80% son nicaragüenses.
De ese total, detalla que casi 27.000 se encuentran a la espera de concretar su proceso de refugio, por lo que no tienen ningún documento que les permita acceder a las inmunizaciones.
El representante de Acnur en Costa Rica, Milton Moreno, explicó que el Gobierno no ha querido flexibilizar este requisito a pesar de conocer la complicada situación que viven estos habitantes.
También señaló que el difícil acceso a la vacunación se une las distintas trabas que trajo la pandemia para realizar los trámites migratorios que necesitan estas personas.
Desde el cierre de oficinas, hasta la lentitud de procesos, han sido un completo martirio para estos ciudadanos, que ya de por sí viven con riesgo por haber huido de su país, señaló Moreno.
“Al inicio de la pandemia también hubo momentos en donde por xenofobia se les negó a estas personas el acceso de distintos servicios. Incluso se les decía que se regresaran a sus países”, resaltó el representante.
Por ahora, Acnur se encuentra realizando esfuerzos para encontrar una salida a este problema y tiene la esperanza de que las autoridades sean conscientes de que estamos ante una emergencia de escala mundial.
Hasta el momento, la CCSS asegura que no ha recibido denuncias o informaciones sobre personas migrantes a las que se le haya negado la vacuna contra la covid-19.
Sin embargo, actualmente la Sala Constitucional tramita un recurso de amparo que presentó un habitante extranjero al que se le impidió este derecho.