La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su interés por saber los alcances de la violencia obstétrica en la región, tras conocer el caso costarricense durante una audiencia pública realizada este viernes en Washington.
La cita se realizó con presencia de la sociedad civil, representada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Como delegados del Estado costarricense acudieron Eugenia Gutiérrez, directora jurídica adjunta de la Cancillería, y María Eugenia Villalta Bonilla, gerenta médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El presidente de los comisionados, José de Jesús Orozco Henríquez, aclaró que esta audiencia es temática y no está relacionada con ninguna petición o caso.
La aclaración la hizo Orozco en virtud de la sorpresa que manifestó Eugenia Gutiérrez por haber sido el Estado convocado “bajo el término de denuncia de violencia obstétrica”.
“El Estado costarricense se hace presente con el propósito de transmitir a la Comisión la importancia de los procesos que ha venido asumiendo el Estado en lo que se ha calificado como violencia obstétrica”, agregó.
Según las voceras del Cejil y del CIEM, el objetivo de la audiencia era presentar la situación de la violencia obstétrica en el país, luego de varios casos que se han hecho públicos por la prensa, en que mujeres embarazadas se quejan por el maltrato recibido antes, durante o tras el parto.
Lady Zuloaga, del Cejil, solicitó a la Comisión pedir al Estado, entre otras cosas, un plan o agenda para tratar integralmente el problema, con perspectiva de género, y monitorear los cumplimientos del país en el tema.
Por su parte, Villalta enumeró un listado de más de 15 acciones desarrolladas por la CCSS desde el 2009 para mejorar la atención de las madres y sus bebés.
Villalta mencionó, por ejemplo, la actualización de la guía para la atención integral de las madres y sus hijos, y el fortalecimiento de los servicios de neonatología y las maternidades en todo el país.
Interés. Tras escuchar los argumentos de Cejil, CIEM y el Estado costarricense, los comisionados manifestaron interés por conocer, entre otros asuntos, las figuras jurídicas por medio de las cuales Costa Rica reconoce la violencia obstétrica.
Orozco, por ejemplo, preguntó cómo funciona el sistema de responsabilidades del personal médico cuando aparecen casos de este tipo, y si existen programas de atención psicológica y rehabilitación para las mujeres que resulten víctimas de estos maltratos.
La comisionada Tracy Robinson se mostró particularmente interesada en recalcar que “esta es una cuestión muy importante para la región”.
“Aunque ustedes respondan por Costa Rica, hay otros países que le están prestando atención (a este tema). No es una forma nueva de violencia. Es hasta ahora que estamos estudiando su gravedad y consecuencias. Es una buena oportunidad para ustedes y para nosotros, para que entendamos este asunto en la región (porque) es una forma de violencia contra las mujeres”, afirmó la comisionada.
