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La discusión sobre la reforma a las pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que prometió iniciar la Junta Directiva de la Caja en enero, podría retrasarse debido al proceso de reestructuración del nivel central, que incluye el nombramiento de nuevos gerentes.
Renato Alvarado Rivera, representante patronal ante la Junta y uno de los integrantes de la comisión a cargo de este proceso, confirmó a este medio que la discusión de las recomendaciones de la mesa de diálogo sobre pensiones todavía no arranca.
El IVM es el principal régimen de pensiones del país, para el cual cotizan 1,5 millones de trabajadores.
Numerosos estudios han advertido sobre el riesgo que corre su sostenibilidad financiera para los próximos años, producto, entre otras cosas, de fallos en la gestión de los fondos, y del impacto del envejecimiento de la población.
"Estamos retrasados con esa discusión, que ya debería estar activa porque el tiempo perdido hasta los justos lo lloran", dijo Alvarado.
Según el director, en los primeros días del año la Junta Directiva ha estado concentrada en el tema de la reestructuración del nivel central, que incluye la creación de cuatro gerencias operativas y el nombramiento de un nuevo gerente general.
"En la medida que podamos ver lo de pensiones antes de que la Junta termine, yo estoy dispuesto a impulsar una reforma del IVM que permita garantizar en el tiempo una mejor solución financiera. De lo contrario, sería una irresponsabilidad trasladar a las futuras generaciones un problema que se debe resolver en este momento", agregó Alvarado.
Este director es uno de los tres que hasta ahora han manifestado más críticas ante los resultados de la mesa de diálogo, un foro que discutió durante varios meses posibles cambios al IVM.
De ahí salieron 33 recomendaciones que no incluyeron ni elevar la edad mínima de retiro (65 años en la actualidad), ni recortar los beneficios (entre ellos, el porcentaje del salario que sale como monto de pensión al jubilarse, que hoy ronda el 60%).
Los otros miembros de Junta Directiva que coinciden con la posición de Alvarado son José Luis Loría, representante laboral, y Óscar Fallas, del Estado.
Ellos están dispuesos a impulsar desde la Junta Directiva las reformas que el IVM necesita para sobrevivir las próximas décadas.
Por el contrario, el presidente ejecutivo de la institución, Fernando Llorca Castro, y el representante sindical en ese órgano, Mario Devandas, acuerpan los resultados de la mesa de diálogo.
Los nueve directores –que representan a patronos, Estado y trabajadores del país– debían comenzar a discutir en enero la reforma al IVM, tomando como base el documento presentado el 6 de noviembre por la mesa de diálogo, integrada también por otros voceros de los mismos sectores.
Esa mesa estuvo integrada por 11 personas, quienes se reunieron durante siete meses. Las recomendaciones producto de ese trabajo trasladan el primer momento crítico del IVM para el 2038. Originalmente, se tenía previsto que la primera reserva estratégica del régimen entraría en crisis en el 2032.
Foco: mejorar gestión de nivel central
Según Renato Alvarado, el foco de las primeras sesiones de Junta Directiva al inicio de este año ha sido continuar con la reestructuración del nivel central, un proceso que se inició en el 2015.
El órgano colegiado de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) decidió reacomodar las seis gerencias, como parte de los cambios que impulsa en su nivel central para mejorar la calidad en la gestión de los servicios. Ese acuerdo lo tomó el 21 de diciembre.
Actualmente, la institución tiene seis: Gerencia Médica, encabezada por María Eugenia Villalta Bonilla; de Infraestructura (Gabriela Murillo Jenkins), Financiera (Gustavo Picado Chacón), Administrativa (Ronald Lacayo Monge), de Pensiones (Jaime Barrantes Espinoza), y de Logística (Dinorah Garro Herrera).
El acuerdo de la Junta Directiva decide crear cuatro gerencias operativas al reacomodar en una sola las labores administrativas y financieras. Otra gerencia más, asumiría las responsabilidades vinculadas con la logística institucional (compra de insumos como medicinas) y la infraestructura (construcción de hospitales y Ebáis).
La antigua gerencia médica pasará a ser una Gerencia de Seguro de Salud, y la de pensiones se transformará en la Gerencia del Seguro de Pensiones, con más independencia administrativa y financiera que en la actualidad.
Todo este proceso –incluyendo el nombramiento del gerente general– debería estar listo en el transcurso del primer semestre de este año, dijo Alvarado.
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Aunque en un inicio se había hablado de reducir la cantidad de gerencias de seis a tres, el acuerdo de Junta las dejaría en cinco, pues se incluiría también al nuevo gerente general.
Este último gerente serviría de enlace entre las gerencias con la presidencia ejecutiva y la Junta Directiva.
Renato Alvarado sostiene que "este es un proceso que no está escrito en piedra, que pretende una institución más articulada y con mayor gobernanza".
"La Junta Directiva está convencida de la necesidad de un nivel central más simple, más claro, más ordenado, para que nuestro trabajo sea más satisfactorio y obtengamos mejores resultados", explicó el directivo.
Paralelo a echar a andar la nueva estructura, la CCSS contratará un mapeo de los puestos a una firma externa, que se calcula tardará alrededor de un año para dar resultados.
"Será para ver qué hace cada quién, cómo hace para mejorar la eficiencia, y una vez revisada las cargas de trabajo, definir si se tiene que trasladar a una oficina o a otra, o si tenemos gente que podría ser más eficiente si estuviera más cerca de su hogar", explicó Alvarado.
La reestructuración del nivel central ha generado anticuerpos tanto a lo interno como a lo externo de la CCSS.
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Recientemente, el Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae) y el llamado "cobrador de la Caja", Roberto Mora Salazar, hicieron denuncias públicas en torno a la elección del futuro gerente general, que el presidente ejecutivo, Fernando Llorca Castro, salió a rebatir.
La Caja contrató al Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap) para que elabore una propuesta.
La reducción en las gerencias y resucitar la figura del gerente general son parte de las recomendaciones que más avances han tenido en el seno de la Junta Directiva.
Todo este proceso se inició en el 2015 y es parte de las recomendaciones giradas por la comisión de notables que se integró para ayudar a la Caja a salir de la crisis financiera, en la cual cayó entre 2010 y 2012.
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Jose Luis Loría Chaves, representante laboral en la Junta Directiva y uno de los miembros de la comisión que lidera este proceso, comentó en noviembre que el contrato con el Cicap vence en mayo (2018), pero la pretensión de los directores es que los ajustes se conozcan antes.
Alvarado Rivera dijo en el comunicado de prensa que la nueva estructura se basó en un estudio técnico exhaustivo y en profundas discusiones en la Junta Directiva, que fueron acompañadas por especialistas del Cicap y funcionarios de la institución.
Además de Alvarado y Loría, la comisión de Junta a cargo de este proceso está integrada por Rolando Barrantes Muñoz, representante del Poder Ejecutivo, y Mario Devandas Brenes, de los trabajadores.
La CCSS tiene más de 52.000 empleados y maneja un presupuesto anual cercano a los ¢4 billones.
