EscucharEl miércoles 14 de diciembre de 2016, un funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de apellido Venegas, asumió temporalmente un puesto en el Área de Cajas de la Gerencia de Pensiones, ubicada en el edificio Jorge Debravo, en San José.
Para realizar sus nuevas funciones necesitaba una “sumadora”. Comenzó a buscar y debajo de un escritorio halló una caja metálica. Rebuscó y, para su sorpresa, se topó con ¢285 millones en bolsas destinadas a guardar cheques y efectivo.
De los ¢285 millones, ¢112 millones correspondían a cheques pendientes de depositar en cuentas de la institución, ¢1 millón en efectivo y ¢172 millones vinculados a recaudaciones que nunca fueron entregadas al camión remesero para su traslado al Banco Nacional.
El hallazgo, ocurrido casi por casualidad, provocó una denuncia y la apertura de un procedimiento disciplinario contra la supervisora del Área de Cajas, una mujer de apellido Bolaños, y el jefe del Área de Crédito y Cobro, un hombre de apellido Alpízar.
Según el Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA), abrieron una pesquisa en junio de 2017 y la terminaron en mayo de 2022.
Concluyeron que los dos funcionarios son responsables de la desaparición de los ¢172 millones y otros rubros asociados. En otras palabras: la CCSS tiene seis años sin finalizar el proceso, sin fijar castigos contra los responsables y sin recuperar los fondos públicos.
Pese a que el Código de Trabajo y la normativa laboral interna de la Caja establecen que, después de concluir la investigación se deben imponer sanciones en un plazo de 30 días, documentos en poder de La Nación demuestran que, hasta el pasado 30 de marzo, la Gerencia de Pensiones definió a través del oficio GP-0037-2023 una “propuesta de sanción” contra los involucrados.
La Gerencia de Pensiones descartó, este miércoles 19 de abril, ante una consulta de La Nación, que el caso tenga riesgo de prescribir. Aseguró que “el procedimiento se encuentra en curso en observancia al marco jurídico correspondiente”. También señaló que no se puede referir a detalles por ser un asunto “confidencial”.
LEA MÁS: CCSS se trae abajo concurso para administrar 138 Ebáis luego de 17 meses de trámites
Añadió que, desde el 20 de diciembre de 2016, denunciaron la sustracción del dinero ante la Fiscalía de Probidad y Transparencia y Anticorrupción. El Ministerio Público no respondió, antes del cierre de esta publicación, cuál es el estado de esa causa judicial.
Este diario preguntó a la supervisora de cajas, vía correo electrónico, pero no respondió las consultas relacionadas con el caso. También se le llamó a los números registrados a su nombre, pero su esposo indicó que no hablarían del tema por estar en desarrollo una pesquisa judicial.
Por su parte, el jefe del Área de Crédito y Cobro no contestó las llamadas hechas a los teléfonos registrados a su nombre. Su esposa manifestó que está fuera del país y que por ahora no se le puede contactar.
19 depósitos desaparecidos
¿Cómo descubrieron que faltaban ¢172 millones? Según la investigación del CIPA, Bolaños era la encargada de hacer el cierre de cajas, contar el dinero recaudado durante el día, elaborar las boletas para el depósito bancario y coordinar con el camión remesero para trasladar los valores al Banco Nacional.
No obstante, en la caja metálica que estaba debajo del escritorio descubrieron 19 boletas de depósitos que nunca se efectuaron y, hasta la fecha, se desconoce el paradero del dinero.
Por ejemplo, según comprobó el CIPA, Bolaños confeccionó, el 3 de octubre de 2016, un comprobante de depósito por ¢11,5 millones correspondientes a la recaudación del 30 de setiembre de 2016, pero no existe evidencia de la transferencia a la cuenta bancaria a nombre de la CCSS.
Los investigadores comprobaron con el Banco Nacional que esa cifra nunca ingresó al saldo de la entidad y verificaron con la empresa a cargo del servicio de traslado de remesas que el 3 de octubre de 2016 no recibió llamada para transportar valores.
Lo mismo ocurrió con un comprobante de depósito por ¢40,6 millones elaborado el 18 de octubre de 2016. Según la revisión del CIPA, ese fue el monto recaudado por el Área de Cajas de la Gerencia de Pensiones el 14 de octubre de 2016. Esa cantidad tampoco ingresó a las arcas de la Seguridad Social.
Además, en la caja metálica mencionada, según un acta levantada por funcionarios de la CCSS, había 15 cheques por ¢112 millones. Algunos de los cheques tenían hasta 59 días engavetados sin ser depositados.
La CCSS confirmó que, en la actualidad, Bolaños ocupa una plaza de cajero 2 con un salario bruto mensual de ¢600.000, pero no detalló las funciones ni especificó si continúa manejando dinero.
LEA MÁS: CCSS reinstaló en puestos de jefatura a funcionarios investigados por compra de mascarillas
Depósitos tardíos
La investigación contra Bolaños y Alpízar también concluyó que, entre agosto y noviembre de 2016, acreditaron depósitos de forma tardía por un total de ¢324 millones.
Por ejemplo, existe una boleta de depósito del 16 de setiembre de 2016 por ¢14,5 millones, pero el dinero fue depositado en la cuenta de la CCSS en el Banco Nacional hasta el 18 de noviembre de ese mismo año.
Lo mismo sucedió con la recaudación del 11 de octubre de 2016 por ¢5 millones, la cual fue transferida hasta el 21 de noviembre de ese mismo año.
Todos esos retrasos incumplieron las reglas de la CCSS para el manejo y custodia de valores y, además, generaron un perjuicio para la entidad, pues al realizar los depósitos tardíos se afectaron las inversiones de los fondos de pensiones y se dejaron de percibir, por conceptos de intereses, según cálculos oficiales, más de ¢5 millones.
¿Por qué tan lento?
De todo ha pasado seis años, pero la Gerencia de Pensiones sigue sin definir sanciones para las personas señaladas como responsables y tampoco ha recuperado el dinero.
El expediente permite ver cómo se desarrolló el proceso luego de aquel 14 de diciembre de 2016 en que Venegas comenzó a buscar una “sumadora”. Tras la alerta que él dio sobre el dinero, la Auditoría Interna realizó una revisión, confirmó el faltante y solicitó, en mayo de 2017, un procedimiento administrativo.
Jaime Barrantes, gerente de pensiones, ordenó ese proceso en junio de 2017. Desde entonces, el caso estuvo marcado por constantes sustituciones de los abogados a cargo de la investigación, retrasos por el embarazo de la supervisora de cajas, suspensiones de audiencias por enfermedades o contratiempos de los involucrados, apelaciones y otros.
Por ejemplo, en mayo de 2022, cuando finalizó la investigación, las personas a cargo de definir las sanciones se inhibieron de esa tarea. Se trata de José Alberto Acuña Ulate, director Financiero Administrativo; Roy Retana Mora, jefe de Área de Crédito y Cobros; y Róger Argüello Muñoz, jefe de Subárea de Gestión de Crédito.
¿Por qué esas personas alegaron que no podían fijar las sanciones y se separaron del caso? Las razones, según la Gerencia de Pensiones, no se pueden exponer por ahora.
