EscucharComprometida con la población con discapacidad, la vicepresidente de la República, Ana Helena Chacón, trabaja en una reforma de ley para alcanzar el beneficio de la prejubilación en las personas con síndrome de Down.
El aumento en la expectativa de vida de estas personas --alrededor de 5.000 en el país--, está planteando retos al Estado.
Una de ellas, Carmen Morales, piensa pedir a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) una pensión por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), argumentando que su condición genética le causa un envejecimiento precoz.
El siguiente es un resumen de la entrevista que Chacón respondió por correo electrónico. Una versión más completa se puede leer en www.nacion.com
¿Cuál es el origen de las propuestas que han enviado a la CCSS sobre prejubilación y reforma al Reglamento del IVM para dar a las personas con Down una pensión por vejez?
La inquietud surge porque la Asociación de Síndrome de Down de Costa Rica me expone una realidad con esta población: a pesar de ser trabajadoras y cotizantes no van a poder disfrutar de una pensión por vejez porque, por sus características, tienden a un envejecimiento prematuro, y la mayoría empieza a presentar demencia y otros deterioros físicos y mentales a muy temprana edad (alrededor de 45 años).
”Ante esto, reflexiono sobre este tema y siendo que la población con síndrome de Down -trabajadora y que cotiza- es muy pequeña, le solicito a la Junta Directiva de la Caja y a un actuario de la Gerencia de Pensiones, que nos colaboren en la construcción de una propuesta que incluya escenarios actuariales de cuál sería la proyección para valorar una pensión anticipada”.
”Se planteó una propuesta que fuera aprobada vía Decreto Ejecutivo. Consistía en una prejubilación para los y las trabajadoras con síndrome de Down. En ella se planteaba lo siguiente: los trabajadores con síndrome de Down que hayan laborado por lo menos 15 años para cualquier institución pública o empresa privada y que, además, cuenten al menos con 50 años de edad al momento de la entrada en vigencia de esta ley y 180 cotizaciones, como mínimo, en el régimen de la Caja o en los distintos regímenes de pensiones especiales, tendrán derecho a una prejubilación con cargo a Presupuesto Nacional.”El monto de la prestación económica asignable corresponderá a la tasa de reemplazo – porcentaje del ingreso o salario de referencia-- reglamentariamente establecida en cada régimen. “Presupuesto Nacional quedará en el compromiso de aportar las contribuciones mensuales correspondientes según las normativas de los regímenes de pensiones, en donde se otorgue la prejubilación. Esa contribuciones se realizarán hasta que el beneficiario cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente, para acogerse a una pensión por vejez, momento en el cual cesará la obligación del Estado, en cuanto al pago de la prejubilación. En caso de que los distintos regímenes de pensiones se encarguen del pago de las pensiones, Presupuesto Nacional debe trasladar mensualmente los montos de las erogaciones por el pago de la prejubilación a los regímenes que han otorgado tal beneficio.”Una vez aprobada la prejubilación a favor del trabajador con Síndrome de Down, en caso de que se reinserte en el mercado laboral, la prejubilación caducará en forma automática.”No obstante, después de un análisis jurídico se determina que para darle vialidad legal a este decreto es necesaria una reforma de ley. Al ser este un proceso cuya duración es extensa y por tratarse de una competencia legislativa, se decide optar por una ruta más corta y solicitar a la Caja una reforma al reglamento del Seguro de Invalidez Vejez Muerte. Para ello, el 16 de mayo de 2016 se envió un oficio a la señora María del Rocío Sáenz, presidenta Ejecutiva de la CCSS, en donde respetuosamente se le brindaba una propuesta de modificación al reglamento para ser sometida a su criterio y revisión de la Junta Directiva de la Caja.”La propuesta consistía en modificar el artículo 5 del Reglamento del Seguro de Invalidez Vejez y Muerte agregando al texto actual un último párrafo en el siguiente sentido: En el caso de los trabajadores con síndrome de Down, a efecto de acceder a la pensión por vejez, deberán contar con un mínimo de 180 cotizaciones y 45 años de edad, en ambos sexos. Si una vez aprobada la pensión el beneficiario se reinserta nuevamente en el mercado laboral, la pensión caducará en forma automática, siendo deber del trabajador informar al régimen respectivo su condición de empleado dentro de los cinco días siguientes a su vinculación laboral; de no hacerlo dentro del plazo establecido, se impondrá una multa de cinco salarios base definido en el artículo 2 de la Ley Nº 7337, de 5 de mayo de 1993, sin perjuicio de las sanciones conexas.”
La CCSS tiene una posición más favorable a la prejubilación con cargo al presupuesto nacional, que a un cambio en el Reglamento de IVM. ¿Considera el Ejecutivo una propuesta en esa vía?
Esta consideración se valoró como prioritaria. Sin embargo, es necesario un marco de ley que faculte el decreto y, al no existir, la reforma al reglamento de la CCSS se convierte en la vía más rápida. El Ministerio de Hacienda tiene total disposición para celebrar un convenio con la CCSS que permita dar ejecución a esta reforma al reglamento.
¿Trabajan alguna otra iniciativa que considere la vejez precoz de las personas con Down como una condición especial para obtener pensión por vejez a edades menores a las establecidas?
Aunque se busca una solución rápida, vía reforma, al reglamento de la CCSS, se trabaja en un proyecto de ley para este fin.
Como país, Costa Rica ha apostado por mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad al punto de que ahora su expectativa de vida se ha incrementado. ¿Cuáles retos plantea esto a la Seguridad Social como un todo?
Surge la necesidad de protocolos de atención. El Estado está cofinanciando el Congreso Centroamericano sobre Síndrome de Down para actualizar la situación de estas personas y conocer sobre los últimos avances a nivel mundial en educación inclusiva y salud, sobre todo en adultos mayores. El congreso se llevará a cabo del 22 al 24 de setiembre, y esperamos que esta actividad sirva para generar políticas públicas.
El Estado ha promovido mucho la inclusión. Pero el desempleo en esta población continúa siendo del 60%. ¿Qué se está haciendo para promover una mayor contratación de estas personas?
Damos forma a nuestro compromiso con políticas públicas, tales como el Plan Nacional de Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad; se ha derivado de esta un sin número de acciones, entre las que destacan el Proyecto Empléate Inclusivo, que promueve oportunidades de empleabilidad y empleo inclusivo para jóvenes con discapacidad.
”Hemos implementado las Redes Locales de Intermediación Laboral, el fortalecimiento de la Comisión Técnica Interinstitucional para la Empleabilidad para las Personas con Discapacidad y, por último, mantenemos una alianza estratégica con Organización Internacional de Trabajo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo”.
En el caso de síndrome de Down, específicamente el de Carmen Morales, ella logra un trabajo estable pero no logra pensión por invalidez, menos por vejez. Tal parece que el sistema la está empujando a pedir una por el régimen no contributivo, muy inferior a la que le correspondería. ¿Qué piensa sobre esto?
Como conocedora de la situación de Carmen Morales , para mí esta situación es injusticia, la cual he tratado de solventar por medio de decretos y haciendo la solicitud a la CCSS.
”Sin embargo, bajo el compromiso de renovación de la política pública, en la administración Solís Rivera seguimos trabajando con un enfoque transversal de derechos humanos a sus políticas, programas y proyectos; y por ello, trabajamos en una reforma de ley para alcanzar el beneficio de la prejubilación en la población con síndrome de Down”.
”Desde mi análisis, Carmen calificaría para una pensión por invalidez; sin embargo, aún en esta hipótesis, lo digno sería que al igual que lo hace cualquier persona al envejecer, ella obtenga su pensión por vejez, y en eso sigo trabajando”.
El médico genetista, Manuel Saborío, asegura que el país no está preparado para atender las necesidades de las personas con discapacidad de la tercera edad. ¿Qué piensa sobre eso?
Como Gobierno de la República trabajamos en políticas públicas, no solo en materia de bono demográfico, sino que comprendemos que habrá una población adulta mayor con discapacidad o adulta mayor sin discapacidad, pero con limitaciones debido a su edad que debe ser atendida.
”El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) trabaja integrando la perspectiva de discapacidad en las políticas acerca del envejecimiento saludable, partiendo de que todas las personas, con o sin discapacidad, empiezan a envejecer aún desde antes de nacer”.
¿Cuáles medidas impulsa para las personas con discapacidad de la tercera edad?
Impulsamos la pensión; además, la inclusión de la perspectiva de la discapacidad en las políticas públicas de atención a la población adulta mayor. Por ejemplo, la Política Nacional de Atención del Alzheimer y otras demencias asociadas. Incluso, promovemos la atención especializada de adultos mayores con discapacidad que están en condición de abandono.
