Como no le pagaban los ¢3.500 de almuerzo, un abogado de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se separó del puesto que ocupaba al frente de las investigaciones por aparentes actos de corrupción en la compra de millones de mascarillas para clínicas y hospitales durante la pandemia, por lo que estas quedaron varadas desde hace dos meses.
Roy Araya Oviedo dejó desde el 17 de setiembre tres pesquisas disciplinarias por adquisición de tapabocas a proveedores inexpertos, así como por pagos por adelantado de dispositivos defectuosos o de uso no médico.
Este profesional, de 36 años, labora para la CCSS desde agosto de 2008 y en marzo del presente año aceptó pasar del Hospital San Juan de Dios a oficinas centrales para asumir las investigaciones mencionadas. Sin embargo, al percatarse de que por el cambio de funciones dejaron de pagarle el auxilio económico para alimentación, reclamó el pago; al no obtener una respuesta afirmativa decidió regresar a sus labores en el centro médico y así recuperar el beneficio.
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“Eso se me paga a mi de forma usual por trabajar en el Hospital San Juan de Dios. Eso se paga porque al no haber comedor en el Hospital se cancela ese monto (¢3.500) por día para que uno compre comida (...) Yo me fui a oficinas centrales con las mismas condiciones salariales y de plaza. Entonces, cuando yo tenía dos meses ahí, me comunican de Recursos Humanos del Hospital que no se me puede pagar ese rubro por estar fuera del Hospital.
“Yo comprendo el asunto, pero sí hay una afectación económica por todos los gastos mensuales que tengo, yo estoy recién casado y obviamente hay una afectación, uno normalmente se ordena con respecto al salario que tiene mensualmente, el auxilio económico para alimentación son ¢70.000 mensuales y le hice ver eso a la Junta Directiva; se me sacó de un puesto y posteriormente me rebajaron el salario”, comentó Araya, quien registra una remuneración mensual bruta de ¢1,58 millones.
La renuncia de Araya fue aceptada por la Junta Directiva de la Caja el 28 de setiembre, en la sesión 9.211. Desde entonces no se ha nombrado un sustituto y, por lo tanto, los expedientes no tienen avances.
Este es el segundo tropiezo de la CCSS en su intento de precisar qué pasó con las compras de mascarillas. El primero lo dio a conocer La Nación el 18 de febrero, cuando reveló que los abogados del Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA) decidieron aplazar las audiencias orales hasta el final de la pandemia.
Precisamente, esa situación motivó a las autoridades de la Caja a separar al CIPA de las investigaciones y encargarlas a Araya y a otra abogada de apellido Walsh. Por tratarse de un órgano colegiado, el caso no puede continuar con solo uno de sus integrantes.
La Dirección Jurídica y la Gerencia General tienen pendiente la recomendación a la Junta Directiva de un abogado para completar el equipo.
Mientras tanto, los funcionarios de la Gerencia de Logística cuestionados permanecen suspendidos con goce de salario o fueron trasladados de puesto. Por ejemplo, el ahora exgerente de Logística, Luis Fernando Porras, estuvo suspendido con pago entre agosto de 2020 y setiembre de 2021, en ese periodo los contribuyentes le cancelaron salarios por más de ¢76 millones. Porras renunció a su puesto el 30 de setiembre anterior.
También reciben salario mes a mes sin estar trabajando María Díaz Rivera y Hans Vindas Céspedes, asesores de la Gerencia de Logística, involucrados en las polémicas adquisiciones. Hasta agosto del 2021, según datos oficiales, esos dos funcionarios recibieron ¢26 millones y ¢20,8 millones en remuneraciones, respectivamente.
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Pago de almuerzo no procedía
Walter Campos Paniagua, director de Administración y Gestión de Personal de la CCSS, explicó que el auxilio económico para alimentación es un beneficio establecido en la Normativa de Relaciones Laborales y se paga con el objetivo de que los funcionarios no tengan que salir de las instalaciones hospitalarias a buscar comida y así no se afecte la continuidad de los servicios médicos.
No obstante, el subsidio solo se puede dar a empleados que laboren en centros hospitalarios, se suspende cuando hay traslados a otros puestos de trabajo, vacaciones, teletrabajo o incapacidades. El monto de auxilio es revisado y ajustado cada año por la Dirección Financiero Contable de la CCSS.
Campos confirmó que él emitió un criterio en el que negó el pago por alimentación a favor del funcionario.
“En realidad, eso (el no pago del almuerzo) fue la motivación para renunciar, por dicha la Junta Directiva me lo aceptó y ya tengo más de un mes de estar en el Hospital”, reconoció el abogado Araya.
Rechaza paralización
Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, afirmó que la renuncia de Araya no detuvo los procedimientos administrativos, pues en la actualidad hay una recusación presentada contra la Junta Directiva como órgano decisor y esa acción debe ser resuelta por el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.
“Es importante tener en cuenta que el nombramiento de la persona que sustituya al señor Araya en el órgano director, en este momento, no incide en el avance del procedimiento dado que este se encuentra en manos del presidente de la República resolviendo una recusación presentada por los interesados. Hubo una primera resolución, la cual fue impugnada mediante un recurso de reconsideración, que debe ser resuelto por el señor presidente”, declaró Macaya.
La primera resolución mencionada por Macaya se dio desde el 11 de agosto de 2021, por medio del oficio DP-R-008-2021. En ese documento, el presidente Alvarado rechazó la recusación y ratificó la potestad de la Junta Directiva de la CCSS para decidir eventuales sanciones contra los investigados.
Macaya, sin embargo, omitió precisar en su respuesta si la impugnación de la decisión del mandatario afecta solo a uno de los tres expedientes o a la totalidad. Tampoco indicó las fechas en las que fueron presentadas.
“Debo dejar claro que la eficiencia en el manejo de los procedimientos, así como en general los temas institucionales es un norte que perseguimos desde la Junta Directiva. Siempre aspiramos a que los procesos y proyectos institucionales se desarrollen con eficacia y oportunidad y apegados a lo que dicta la ley”, dijo.
Los problemas con compras durante la pandemia saltaron a la luz pública el 4 agosto de 2020, cuando una investigación periodística de La Nación reveló la compra de 12 millones de mascarillas por $4 millones a una periodista y un contador público, ambos contratistas se inscribieron a última hora e incumplieron de manera parcial y total con las entregas, lo cual comprometió el abastecimiento de cubrebocas en centros médicos públicos.
El contador, identificado como David Landergren Castro, mantenía un lazo con el asesor Hans Vindas Céspedes, ya que su hermano, Axel Landergren Castro, presentaba las declaraciones de renta de una sociedad anónima de Vindas. Ese hecho fue confirmado por el Ministerio de Hacienda en diciembre de 2020.
Luego de ese caso se encontraron posibles anomalías en el pago por adelantado de $1,3 millones a a MR Comunicaciones Políticas, firma de la periodista española Miren Martínez Ruiz, por 570.000 respiradores filtrantes de partículas KN-95 que no cumplieron con las especificaciones técnicas por ser de uso no médico y que permanecen embodegados sin poder utilizarse. Esa contratación se hizo bajo el expediente 2020CD-000062-5101.
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También fueron cuestionadas la contratación de miles de mascarillas no médicas y la de tres vuelos para traer equipo de protección personal donado por el Gobierno de China.
Todos esos casos también se investigan en el Ministerio Público. La Asamblea Legislativa, además, elabora un informe sobre estos hechos que se indagaron en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.