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El Juzgado de Familia de Desamparados rechazó este jueves un recurso de apelación con nulidad absoluta presentado por el juez notarial Francis Porras León, en su intento de anular el matrimonio del activista gay Marco Castillo.
Castillo se casó con su pareja, Rodrigo Campos, el 26 de mayo anterior, fecha desde la cual es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Su apelación se denegó, entre otras razones, porque el solicitante no es parte en proceso.
La resolución del expediente 190010910637FA - 7 indica que el recurrente ha aceptado que es funcionario judicial, por lo cual la jueza Mauren Solís Madrigal resolvió remitir el caso para que se incluya en la causa que le sigue la Inspección Judicial.
Esa dependencia abrió de oficio una investigación administrativa contra el juez notarial, desde la semana anterior.
La jueza también ordenó ampliar el testimonio de piezas ante el Juzgado de Violencia Doméstica y ante el Ministerio Público respecto a resoluciones que ya han sido emitidas en este caso.
Del mismo modo, ordenó trasladar la información a Corte Plena y al Consejo Superior al considerar que, conforme a la Ley de Control Interno, es un riesgo que Porras, como juez de la República, realice gestiones contra dos ciudadanos homosexuales, uno de ellos adulto mayor, en un proceso del cual no es parte.
Porras León cuestionó el 27 de mayo la validez de la unión de Castillo y Campos porque, según él, ocurrió antes de que entrara en vigor el matrimonio igualitario en el país.
Argumentó que el plazo de 18 meses dado por la Sala IV para que quedara sin efecto el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, que prohibía las uniones entre personas del mismo sexo, se cumplía hasta el miércoles 27 de mayo y no el martes 26.
Con ese alegato, Porras León solicitó repetir el matrimonio y que el Registro Civil desinscribiera la unión.
No obstante, la jueza Solís Madrigal, misma que casó a Castillo y a Porras, rechazó su solicitud.
Francis Porras es el mismo juez notarial que en enero suspendió a Castillo para el ejercicio de su profesión por 13 años, por haber casado a dos mujeres en 2015, cuando esas uniones no eran legales en el país.
‘No es él quien se casó’
En su resolución de hace una semana, Mauren Solís señaló que su colega “carece de legitimación" para formular un incidente de nulidad.
"Incluso, no se entiende contra qué lo promueve, generando a los ahora esposos una insalvable indefensión, pues no tendrían la menor idea sobre con respecto a qué deben ejercer su derecho”, aseveró.
Este fue uno de los mismos argumentos citados por la jueza para rechazarle el recurso de apelación con nulidad absoluta.
La funcionaria razonó hace una semana que la unión entre Castillo y Campos no le causa perjuicio al recurrente pues no es él quien se casó.
“Por lo que no será él (Porras León), quien pueda ser demandado por alimentos, divorcio, separación judicial, liquidación anticipada de bienes, violencia intrafamiliar, etc.", manifestó la jueza.
Al respecto, Castillo declaró que él y su esposo se sienten perjudicados por este hecho e interpusieron acciones judiciales para defenderse de lo que calificaron como un acto de acoso.
“Mi esposo y yo iremos este viernes a la Fiscalía que ya tienen una investigación contra él para dar nuestros respectivos argumentos en una situación de acoso hacia nosotros que consideramos de tipo fundamentalista y que afecta nuestra vida personal”, comentó Castillo.
