Juan Fernando Lara. Hace 6 días
Imagen de Víquez en marzo del 2012 en el Edificio Jose Solera Benett en San José. El exsacerdote está ligado a al menos nueve denuncias de abuso sexual; incluida una querella penal todavía bajo investigación /Adriana Araya
Imagen de Víquez en marzo del 2012 en el Edificio Jose Solera Benett en San José. El exsacerdote está ligado a al menos nueve denuncias de abuso sexual; incluida una querella penal todavía bajo investigación /Adriana Araya

Tres hombres demandaron a la Iglesia católica y a la Conferencia Episcopal por la supuesta negligencia de las autoridades eclesiásticas en relación con las denuncias contra el exsacerdote Mauricio Víquez por abusos sexuales.

Los demandantes y presuntas víctimas del cura expulsado son de apellidos Venegas Abarca, Muñoz Quirós y Rodríguez Solera, cada uno de los cuales presentó un reclamo por ¢100 millones.

Esas gestiones las realizaron este viernes en oficinas judiciales de San José, confirmó el abogado Rodolfo Alvarado Moreno, quien los representa.

Su queja se fundamenta en el daño moral que habrían sufrido debido al aparente encubrimiento de los actos de Viquez, “de los cuales las altas autoridades eclesiásticas del país tuvieron conocimiento hace muchos años".

Según la demanda, a pesar de ese conocimiento "han hecho caso omiso de las mismas, tenido una conducta arbitraria, negligente y absolutamente contraria a la tutela de los derechos humanos”.

De acuerdo con el documento, entre 2002 y 2003, el actual arzobispo de San José, José Rafael Quirós Quirós, habría recibido información de los presuntos ilícitos del exsacerdote. Para entonces, Quirós fungía como vicario general de la curia metropolitana.

La información también la tuvo el entonces obispo Hugo Barrantes, retirado desde 2013.

En aquel momento, Víquez únicamente fue removido del oficio de párroco, pero continuó con sus labores sacerdotales e incluso fue vocero de la Iglesia. En 2017 fue nombrado director del Instituto Thiel de la Iglesia católica, “por la excelencia de sus funciones y comportamientos que lo hicieron acreedor a esa distinción”.

La Nación consultó a la Curia Metropolitana sobre esta reciente acción judicial, empero, su vocero, Jason Granados, indicó que no pueden pronunciarse.

“No hemos sido notificados y por el momento no nos vamos a referir hasta conocer de qué se trata la acción interpuesta”, declaró.

Causa judicial

A Víquez se le vincula con nueve casos de presunto abuso sexual contra menores de edad. De esos solo uno está en la vía judicial, pues el resto estarían prescritos.

La denuncia que investiga la Fiscalía fue presentada por un hombre de apellidos Alvarado Quirós, de 27 años, quien atribuye a Víquez dos delitos de abuso sexual, dos de violación calificada y un delito de corrupción agravada.

Este caso también corre el riesgo de prescribir en pocos meses, pues el artículo 31 del Código Procesal Penal establece en delitos contra menores, el plazo de 10 años para la prescripción corre a partir de que la víctima cumpla la mayoría de edad; en este caso, el denunciante cumple 28 años en setiembre.

La causa penal contra Víquez, de 54 años, se sigue bajo el expediente 18-000854-0994-PE pero sin que el imputado haya sido indagado pues no se realizó esa diligencia entre octubre y enero pasados antes de irse del país.

La situación se complica porque el exsacerdote está en fuga. Él salió del país desde el 7 de enero, sin que a la fecha se registre su regreso.

Precisamente, los demandantes también reclaman a las autoridades eclesiásticas porque le informaron del proceso penal en su contra y de ahí la fuga.

Víquez fue expulsado de la Iglesia en febrero, por decisión del Vaticano tras conocer dos denuncias ante el derecho canónico, por abuso sexual. Fue hasta ese momento, que el ahora excura fue separado del estado clerical de por vida.

Para los ofendidos, todos estos hechos les han causado episodios de “angustia, frustración, impotencia, inseguridad, zozobra, ansiedad, pena, intranquilidad y desilusión”, entre otros, tanto por el recuerdo de las supuestas agresiones como por el proceder de las autoridades religiosas.

Por ello, solicitan que se condene a la Iglesia católica de Costa Rica por el daño moral causado a raíz del supuesto “encubrimiento permisivo de los delitos cometidos por Mauricio Víquez Lizano”.

“Me estoy arriesgando con la presentación de este juicio independientemente de si la Iglesia se quiera acoger a la prescripción del caso penal todavía en curso.

"Mi punto es que son tan grandes los hechos de ocultamiento y a tan alto nivel, que esperamos que la Iglesia continue este juicio hasta el final, porque aquí se juzga la credibilidad de la Iglesia católica a futuro”, expresó el abogado Alvarado Moreno.