El diputado alajuelense Erwen Masís Castro perdió la calma, este jueves en el plenario, al enterarse de que el frenteamplista José María Villalta frenó su proyecto para autorizar que marcas de licores patrocinen todo tipo de actividades deportivas, al llevarlo a consulta de la Sala Constitucional.

La escena sucedió alrededor de las 5 p. m., cuando el socialcristiano supo de la consulta facultativa presentada por Villalta y 10 congresistas más ante el Tribunal, lo que impidió el segundo debate.

Entre los firmantes están los fabricistas Carmen Chan, Harllan Hoepelman, Marolin Azofeifa, Ignacio Alpízar y Nidia Céspedes; la oficialista Paola Vega, Wálter Muñoz y Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN).

Incluso, firman la consulta que frena el proyecto por al menos un mes las diputadas Shirley Díaz y María Vita Monge, compañeras de fracción de Masís.

Desde la barra de prensa adjunta al plenario se pudo observar cuando Erwen Masís, visiblemente molesto, se acercó a la curul de Villalta y empezó a gesticular y a discutir con el frenteamplista.

Incluso, el socialcristiano se alejó del escritorio del diputado todavía gesticulando, mientras el frenteamplista todavía parecía estar hablando con él.

Aunque todo el plenario se encontraba en media discusión del segundo debate del Presupuesto Nacional 2021, el alajuelense no contento con lanzarle el reclamo a Villalta personalmente, lo llevó al micrófono de su curul.

Desde allí, todavía muy molesto, calificó a su colega de “truhán de la política” y lo acusó de hacerle una “canallada” al frenar el avance del proyecto para autorizar que las marcas de bebidas alcohólicas financien actividades y equipos deportivos.

“El diputado José María Villalta ha obstaculizado el avance del proyecto de ley que establecía la posibilidad de que atletas y deportistas pudieran ser patrocinados, estableciendo una consulta constitucional”, acusó Masís.

El socialcristiano reclamó que la gestión ante la Sala IV se presente antes del segundo debate, y no después.

Alegó que las 11 firmas no lo hicieron por la consulta en sí, sino por “obstaculizar el avance del proyecto y así no se juega”.

“No es a este diputado al que están maltratando, es a los deportistas que no tienen con qué comprar tenis o a los clubes de diferentes categorías que no pueden pagar salarios”, dijo Masís.

Todavía agregó el socialcristiano: “Cómo se le ocurre, diputado Villalta, decirme que ese proyecto afecta el derecho de los niños, como si yo no tuviera niños, como si quisiera causarles un perjuicio a mis hijas, no me venga, por favor, con esas salidas, porque lo hiciste, lo hizo para obstaculizar el avance de un proyecto que genera reactivación económica”.

“Perdónenme la expresión y perdónenme los gritos, no suelo usualmente hacerlo, pero esto me pareció una canallada a derecho, pero una canallada finalmente”.

Como respuesta a las acusaciones, Villalta le exigió respeto al socialcristiano y le dijo que no le recibía “sus insultos, sus malacrianzas, sus exabruptos”.

Alegó también el del FA que la consulta es un derecho de los diputados por dudas sobre procedimientos legislativos y el fondo del proyecto, así como “la forma atropellada en que fue votado”.

Aunque Villalta dijo que era una pregunta válida la de Masís, sobre por qué no presentar la consulta después del segundo debate, de inmediato agregó que la Ley de la Jurisdicción Constitucional ordena que solo se puede presentar después del primero y antes del segundo debate.

“Usted se contradice gravemente porque dice que reconoce que es un mecanismo legítimo, un derecho, pero después dice que es un abuso, una matráfula y no quiere aceptar que en este plenario hay diputados que no están de acuerdo con ese proyecto”, apuntó.

“Acepte que sus proyectos no los apoya todo el mundo y que hay diputados que estamos en contra de sus proyectos. Aprenda a manejar esas discrepancias”, cerró Villalta.

¿De qué trata la consulta?

Básicamente, los 11 consultantes sugieren a la Sala IV una supuesta violación del derecho fundamental a la salud, vulneración del principio constitucional del interés superior de los menores y del principio de progresividad de derechos fundamentales.

En cuanto a supuestos defectos de forma, Villalta aseguró que se violaron los principios de publicidad y transparencia, así como de participación ciudadana.

El congresista alegó que, con una moción de dispensa de trámites y un texto sustitutivo, se atropelló el trámite parlamentario y se apuró una nueva versión, la aprobada en primer debate.

“El proyecto tenía un dictamen del 29 de julio, por lo que no cabía la dispensa de trámites y se afectó el principio de publicidad y transparencia al tramitarlo de inmediato”, alega la consulta.

¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto es una reforma a la Ley de regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico, ley 9047, en su artículo 12.

Con esta modificación, se permite la publicidad de bebidas con contenido alcohólico en todo tipo de deporte, tanto de empresas públicas como privadas, sean productoras, comercializadoras o distribuidoras.

Los patrocinios podrían ser en publicidad, vallas publicitarias en estadios y gimnasios, rotulación de uniformes, medios de transporte de equipos y artículos deportivos.

Los beneficiarios de ese patrocinio podrían ser los equipos, asociaciones, federaciones, comités olímpicos, ligas deportivas o comités cantonales.

Además de esa autorización, el proyecto de Masís ordena la creación del Fondo Nacional para el Financiamiento de Deportes de Alto Rendimiento, con el objetivo de administrar recursos para el apoyo del deporte.

Ese fondo estará bajo administración del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) y tendrá como fuentes de ingresos las transferencias y donaciones de instituciones privadas y públicas, así como un impuesto sobre los contratos de publicidad, propaganda o patrocinio de las marcas de licores.

Los diputados definieron la tarifa del impuesto en un 6% sobre los ingresos derivados de actividades y eventos deportivos, artículos e implementos deportivos donde se dé propaganda, publicidad y patrocinio de marcas de bebidas con contenido alcohólico.

El contribuyente de ese impuesto será el anunciante de la marca de licor.