Los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) declararon sin lugar la solicitud de Rafael Ángel Zamora Fernández, dueño de las empresas Pedregal, de embargar ¢502 millones de deuda política del Partido Nueva República (PNR), liderado por el diputado Fabricio Alvarado.
Según explicaron los jueces electorales, resulta jurídicamente improcedente que se embarguen los recursos girados por el TSE al PNR debido a que los fondos ya se encuentran comprometidos en bonos de deuda política colocados por el partido en campaña, por lo que el dinero pertenece a sus respectivos tenedores.
“Es improcedente que el Tribunal Supremo de Elecciones se pronuncie en este caso sobre dicho embargo, debido a que el PNR ya no posee la titularidad de los derechos cedidos a través de los certificados de cesión”, explica la resolución de TSE.
Mediante su abogado, Gavridge Pérez Porras, el dueño de las empresas Pedregal presentó un recurso de revisión y reconsideración ante TSE, con el fin de atender la orden de embargo dictada a su favor por el Juzgado Especializado de Cobro de Heredia a inicios de este 2023 contra el PRN.
El propósito del empresario era que se cubriera el dinero que prestó al partido político a finales del 2021, una vez que la agrupación recibiera el pago de la liquidación de gastos de la campaña electoral del 2022.
El Tribunal de Elecciones respondió que se encuentra imposibilitado para atender la orden judicial de embargo en favor de Zamora, “dado que ni los ‘bonos de contribución del Estado a los partidos políticos’ ni los ‘certificados de cesión’ de los partidos políticos pueden ser embargados”.
Según reiteró el órgano electoral, al no corresponder al partido la titularidad de los certificados colocados en campaña, estos no pueden ponerse a responder a otros acreedores.
La gestión de embargo dictada por el tribunal herediano obedeció al impago de un préstamo que hizo Rafael Ángel Zamora a la agrupación de Fabricio Alvarado Muñoz en diciembre del 2021, para el proceso electoral de febrero del 2022.
La deuda de ¢502,4 millones consiste de un préstamo fue ¢300 millones y ¢202,4 millones restantes por concepto de intereses y las costas del proceso.
Según el abogado del empresario, el PNR debía de cancelar el financiamiento al PRN a inicios del 2022, pero no pagó en la fecha acordada. Precisó que su cliente intentó llegar a un arreglo de pago con los personeros de Nueva República, mas no se logró, por lo que le aconsejó acudir a la vía judicial.
Detalló que el pagaré por el préstamo fue firmado por Francisco Prendas Rodríguez, quien fue presidente de Nueva República durante la campaña y candidato a diputado por Heredia.
Según relató el litigante a La Nación el pasado mes de febrero, el partido político intentó pagar con bonos de cesión de deuda política de categoría C o D, pero esa opción no la aceptó su cliente debido a que no tenían sustento económico.
“El préstamo se dio ante una necesidad, una urgencia que tenía, en su momento, la agrupación. A él le dijeron que era para el pago del personal y aguinaldos (...). Esa (Hacienda Solimar S. A.) es una de las compañías donde don Rafael Ángel es el representante legal, seguramente en ese momento era donde tenía fondos y por eso de ahí salió el dinero”, dijo en esa ocasión.
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