Al considerar que el dinero público no debe utilizarse para denigrar adversarios políticos o sembrar dudas sobre personas, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rehusó pagar al gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD) los servicios de “mano izquierda” que contrató al informático ucraniano Remi Osman Mucondo, durante la campaña electoral del presidente Rodrigo Chaves.
Según el departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, este tipo de servicios se manifiestan “cuando existe una campaña de ataques, generalmente infundados” sobre personas o partidos.
Reembolsar este tipo de gastos desnaturalizaría el propósito de la deuda política, destinada por mandato constitucional a costear las campañas electorales, agregó.
Así consta en la resolución mediante la cual los magistrados del TSE rechazaron al partido de gobierno gastos por ¢1.117 millones y solo aprobaron ¢958 millones.
Dentro de esos gastos denegados, Progreso cobró nueve facturas emitidas Osman que, en conjunto, sumaban ¢1,6 millones por servicios de comunicación y manejo de redes sociales.
En el informe de labores que el informático ucraniano entregó al partido, correspondiente a marzo y abril del 2022, consignó que trabajó en “idealización y manejo de la mano izquierda de la dirección de campaña, así como apoyo en la toma de decisiones estratégicas”.
Ese documento fue incluido por el PPSD en su liquidación de gastos, con el fin de obtener el reembolso de los recursos.
El rechazo quedó en firme el pasado 15 de febrero, cuando los magistrados acogieron el criterio vertido por el departamento de Financiamiento, el cual tampoco fue objetado por el tesorero del PPSD, Luis Roberto Jiménez Rodríguez, quien “manifestó su conformidad con el informe”.
El Reglamento sobre Financiamiento de Partidos Políticos establece que las agrupaciones solo pueden utilizar recursos públicos para explicar su programa, impugnar el de sus contrarios, hacer planteamientos ideológicos, informar sobre actividades políticas electorales y examinar la conducta de los candidatos a través de los medios de comunicación.
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Remi Osman tampoco aportó el medio de pago con el cual cancelaron sus servicios, lo cual también impidió verificar el origen de los recursos.
La declaración de Osman
El actual vicepresidente de la República, Stephan Brunner, firmó el contrato de Remi Osman el 16 de diciembre del 2021. En un principio, se estableció que proveería “servicios especiales en el área de redes y comunicaciones”.
En ese entonces, Brunner fungía como tesorero de Progreso Social. El acuerdo incluyó una cláusula de confidencialidad entre las partes, la cual argumentaba que Osman tendría acceso a información privilegiada de carácter estratégico.
El 28 de agosto del 2023, Remi Osman admitió, ante la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral, haber prestado servicios de “mano izquierda” durante la campaña de Chaves.
En esa comparecencia, informó a los diputados de que su labor se centró en la “campaña no oficial de un partido”, donde se encargó de realizar un monitoreo exhaustivo de las redes sociales.
Sin embargo, luego dijo que el concepto de mano izquierda también incluía el uso de troles, bots, videos no oficiales, ataques a medios de prensa y desinformación, pero argumentó que eso ocurrió en el caso de otros partidos políticos.
En su declaración, señaló que trabajó bajo la dirección de Calixto Chaves, financista y exdirector de campaña del partido oficialista, y actual asesor del mandatario.
No obstante, Calixto Chaves negó esta afirmación y aseguró a La Nación que el responsable de Osman era Federico Cruz Saravanja, conocido como Choreco, director de comunicación de la campaña presidencial de Rodrigo Chaves y exasesor de imagen de este.
El vicepresidente de la República, Stephan Brunner, también se desvinculó de los servicios prestados por Osman durante la campaña electoral de Rodrigo Chaves, a pesar de haber firmado el contrato con el ucraniano.
Brunner dijo que, como tesorero del PPSD, firmó un contrato genérico que solo especificaba el nombre del contratado, el servicio ofrecido, la remuneración y la forma de pago. Aseguró que Osman fue contratado para gestionar redes sociales y la “comunicación en general” de la campaña.
“Nunca estuvo en mis competencias como tesorero revisar informes de labores. Eso le correspondía a la jefatura inmediata del partido encargada del tema, en este caso la del área de comunicación”, agregó el vicepresidente.
La primera fase del contrato del ucraniano se extendió hasta el 7 de febrero del 2022, con un pago mensual de ¢452.000. Osman debía presentar un informe de labores para recibir su remuneración. Concluido el primer contrato, ambas partes acordaron prorrogarlo hasta el 4 de abril del 2022 para la segunda ronda electoral.
