El Tribunal de Ética del Partido Acción Ciudadana (PAC) decidió suspender por tres meses, como medida cautelar, a siete dirigentes del grupo Juventud Progresista (JP), por el caso de la polémica minuta que insinuaba uso de recursos del Gobierno para beneficio partidario.
Se trata de los dirigentes juveniles Mariano Salas Naranjo, Eduardo Solano Solano, Andrea Marcela Ávila Segura, Eder Artavia Quirós, Randall Céspedes Barrios, Fabián Solano Fernández y Cindy Taco Quirós.
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Estos jóvenes deberán abstenerse de participar durante 90 días en los cargos que tienen en las instancias de poder en el PAC, como el Comité Ejecutivo, la Comisión Política o la Asamblea Nacional, según la resolución del tribunal interno del jueves 30 de julio, contenida en el expediente 014-2015-T.E.
Aunque no han sido declarados culpables de falta ética alguna, los miembros del Tribunal de Ética decidieron suspender a estos dirigentes “para evitar inconveniencias a los intereses y derechos representados en el proceso principal; y previniendo situaciones que puedan perjudicar la efectividad de la sentencia o acto final”.
Así, el PAC queda sin secretario general en funciones, pues a falta de un titular, el cargo lo ocupaba el suplente Eduardo Solano, ahora suspendido de sus funciones en el partido, aunque mantiene su trabajo de asesor del diputado Marco Redondo.
Los otros seis investigados por el Tribunal de Ética fueron despedidos el 13 de julio de sus cargos en el Gobierno por el presidente Luis Guillermo Solís, aunque Mariano Salas fue contratado esta semana por el diputado Víctor Hugo Morales Zapata.
Los jóvenes habían sido destituidos para evitar sospechas de irregularidades en el Gobierno, según el mandatario. Sus nombres aparecen en un documento que se filtró y que permitió conocer el supuesto contenido de una reunión que el grupo tuvo el 20 de junio, entre el cual estuvo el de “aprovechar recursos políticos del Gobierno para beneficio partidario y de JP”.
El caso ha provocado una fuerte polémica interna en el PAC, sobre todo entre tendencias adversas, pues JP tiene como objetivo combatir al grupo “ottonista”, al cual pertenece el asambleísta Fernando Jiménez, quien los denunció ante el Tribunal de Ética.