El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, afirmó este miércoles que ya no piensa en el exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, luego de que le preguntaran su opinión sobre la reciente solicitud de afiliación del exjerarca al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
El mandatario dijo que no tiene una opinión al respecto y que basta con revisar las redes sociales para ver la reacción de la ciudadanía.
“¡Ay Dios mío!, lo que se mira no se pregunta, métase a redes un rato. Yo no tengo opinión, yo no pienso sobre don Luis ya. Métase a las redes, es apabullante la reacción del pueblo, y esos son los que votan”, respondió Chaves entre risas cuando le consultaron su criterio sobre la decisión del exministro.
El PUSC confirmó, este lunes 20 de mayo, que Amador envió una solicitud de afiliación a este partido. Asimismo, el exministro declaró el martes que tomó la “difícil” decisión de acercarse a la agrupación política porque carece de los recursos económicos para financiar una campaña electoral de altura.
Alegó que, si bien la Unidad cometió errores en el pasado que han decepcionado a la ciudadanía, existe la oportunidad de renovarse.
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El exministro fue explícito en que su intención es postularse a la Presidencia de la República en el 2026, aunque en el pasado manifestó que no le daría su apoyo a ningún partido tradicional.
Amador ejerció el cargo de ministro durante un año y diez meses en el gobierno actual. El presidente de la República, Rodrigo Chaves, lo destituyó el 12 de marzo al considerarlo responsable político de una aparente contratación a la medida en favor de la Constructora MECO.
Se trata de la licitación para la reparación de la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste. El mandatario estimó que el contrato costó ¢1.000 millones de más.
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Después de los hechos, Amador dijo que se exiliaba voluntariamente donde no lo alcanzaran los “tentáculos del mal”, y que regresaría para postularse en las elecciones del 2026. Se marchó a Canadá.
La Fiscalía le decomisó dispositivos electrónicos y documentos antes de despegar, el 15 de marzo, como parte de una causa por el presunto delito de falsedad ideológica en relación con el contrato adjudicado a MECO.
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