Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, lanzó fuertes cuestionamientos contra el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Tributación por sus actuaciones en el supuesto “megacaso” de evasión fiscal.
Afirmó que, “bajo ninguna circunstancia, se debe usar el poder para perjudicar políticamente a una persona o grupo de personas” porque, de lo contrario, se crea una gran inseguridad jurídica.
Así reaccionó Arias, al mediodía de este jueves, ante consultas de la prensa sobre las revelaciones del proceder el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, en lo que el Gobierno llamó el “megacaso”, en contra del empresario Leonel Baruch, accionista del medio CRHoy y del Banco BCT.
Trascendió que el ministro faltó a la verdad, bajo juramento, cuando dijo en el plenario que un informe técnico determinó un delito fiscal por parte de la sociedad Beta Matrix S. A., de Baruch, a partir del análisis de una denuncia anónima.
Anoche, Hacienda confirmó que lo que existe es el oficio de traslado de la denuncia a la Fiscalía, del 10 de octubre del 2022, el cual más bien dice que la sociedad Beta Matrix estaba debidamente inscrita y al día con sus obligaciones, además de que, para la administración, no es posible calificar su declaración de impuestos sobre la renta como fraudulenta.
Asimismo, Hacienda omitió entregar a la Fiscalía un informe técnico del 26 de octubre que sí descartó la supuesta evasión de ¢11.000 millones y que recomendó archivar el caso.
Rodrigo Arias dijo al respecto: “Un jerarca tiene que usar su cuota de poder con mucho cuidado, para un bien superior. Eso es básico en la política”.
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Consideró que, cuando un jerarca gubernamental está frente a denuncias de actos que violen la ley, lo correcto es acudir a las instancias judiciales correspondientes, pero es vital hacerlo “con todos los criterios legales y en total apego al debido proceso”.
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Además, apuntó que la administración debe seguir los más rigurosos procedimientos del sistema jurídico, sobre todo el amparo en pruebas y en toda la documentación que sustente lo que el ministro quiera denunciar.
Rodrigo Arias enfatizó que no son válidas las actuaciones que se aparten de ese criterio de legalidad y que eso aplica “para todos los casos en general”.
“Una actuación que viole estos principios que mencioné, crea una gran inseguridad jurídica. La norma, insisto, es que ningún funcionario debe usar el poder de forma que afecte a una persona o grupo de personas. Actuar sin pruebas, crea una gran inseguridad jurídica para todo el sector empresarial y financiero”, enfatizó el jerarca parlamentario.
El presidente del Congreso dijo estar de acuerdo en que se establezcan responsabilidades por lo sucedido. “La Asamblea Legislativa debe tener un estricto control político sobre estos temas”, declaró.
¿Qué fue lo que pasó con el ‘megacaso’? Resumido en 7 puntos:
1. El 19 de enero, en conferencia de prensa, el ministro Nogui Acosta anunció el envío de una denuncia anónima a la Fiscalía sobre un “megacaso” de evasión de ¢11.000 millones relacionado con un banco.
2. El 31 de enero, el ministro dijo bajo juramento, ante la Asamblea Legislativa, que Hacienda había elaborado un informe técnico que determinó que existía un delito fiscal. Agregó se hizo un análisis y “se considera que hay una acción fraudulenta”.
3. La denuncia anónima no era contra un banco, sino contra una sociedad de Leonel Baruch, llamada Beta Matrix S. A. El empresario le pidió a Hacienda el informe técnico citado por Nogui Acosta, pero el ministerio no se lo entregó. Entonces, acudió a la Sala IV para exigirlo.
4. La Sala IV le pidió el informe al Ministerio y este no se lo dio bajo el argumento de que ya estaba en la Fiscalía. Entonces, los magistrados le consultaron a la Fiscalía, la cual respondió que no había recibido informe técnico alguno.
5. El miércoles 14 de junio, el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado según el cual, cuando Nogui Acosta habló de un informe técnico, en realidad se refería al oficio DF-670-2022, del 10 de octubre del 2022, el cual no señala acción fraudulenta alguna. Ese es el oficio mediante el cual Hacienda trasladó la denuncia anónima a la Fiscalía. En este, se concluye que la sociedad Beta Matrix, de Leonel Baruch, estaba debidamente inscrita y al día con sus obligaciones, además de que para la administración no es posible calificar su declaración de impuestos sobre la renta como fraudulenta. Añade que los hechos datan del 2014 y Hacienda no tiene fundamento, en este caso, para extender el plazo de prescripción de cuatro a diez años.
6. Hacienda omitió entregar otro informe, del 26 de octubre del 2022, en el que Tributación recomendó archivar la denuncia anónima por considerar que no hay elementos para sostenerla y que la empresa aludida estaba al día con sus obligaciones. Agregó que las pruebas citadas en la denuncia anónima son “simples” operaciones comerciales.
7. Baruch sostiene estos hechos constituyen un abuso de poder del Gobierno en su contra, debido a su relación con el medio de comunicación CRHoy.
