EscucharLa Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) hizo un “llamado urgente” al Ministerio de Hacienda a respetar el debido proceso en materia tributaria y a garantizar el derecho de todos los contribuyentes a operar libremente, sin presiones de ningún tipo, dentro del marco legal.
Así lo expusieron en un comunicado de prensa este jueves, después de conocerse que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, faltó a la verdad al decir que su cartera elaboró un informe técnico sobre la denuncia anónima trasladada a la Fiscalía en contra de una sociedad del empresario Leonel Baruch, presidente del medio de comunicación CRHoy y del Banco BCT.
La Uccaep afirmó que el actuar del ministro de Hacienda debe apegarse a los principios de legalidad y debido proceso y, en caso de que no lo haga, “deberá atenerse a las responsabilidades políticas y legales correspondientes”.
José Álvaro Jenkins, presidente de la Unión de Cámaras, solicitó que el control de la Administración Tributaria se ejecute “con acciones apegadas a la legislación, fundamentadas en hechos reales y comprobados, y en respeto de los derechos de los contribuyentes”.
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¿Qué fue lo que pasó con el ‘megacaso’? Resumido en 7 puntos:
1. El 19 de enero, en conferencia de prensa, el ministro Nogui Acosta anunció el envío de una denuncia anónima a la Fiscalía sobre un “megacaso” de evasión de ¢11.000 millones relacionado con un banco.
2. El 31 de enero, el ministro dijo bajo juramento, ante la Asamblea Legislativa, que Hacienda había elaborado un informe técnico que determinó que existía un delito fiscal. Agregó se hizo un análisis y “se considera que hay una acción fraudulenta”.
3. La denuncia anónima no era contra un banco, sino contra una sociedad de Leonel Baruch, llamada Beta Matrix S. A. El empresario le pidió a Hacienda el informe técnico citado por Nogui Acosta, pero el ministerio no se lo entregó. Entonces, acudió a la Sala IV para exigirlo.
4. La Sala IV le pidió el informe al Ministerio y este no se lo dio bajo el argumento de que ya estaba en la Fiscalía. Entonces, los magistrados le consultaron a la Fiscalía, la cual respondió que no había recibido informe técnico alguno.
5. El miércoles 14 de junio, el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado según el cual, cuando Nogui Acosta habló de un informe técnico, en realidad se refería al oficio DF-670-2022, del 10 de octubre del 2022, el cual no señala acción fraudulenta alguna. Ese es el oficio mediante el cual Hacienda trasladó la denuncia anónima a la Fiscalía. En este, se concluye que la sociedad Beta Matrix, de Leonel Baruch, estaba debidamente inscrita y al día con sus obligaciones, además de que para la administración no es posible calificar su declaración de impuestos sobre la renta como fraudulenta. Añade que los hechos datan del 2014 y Hacienda no tiene fundamento, en este caso, para extender el plazo de prescripción de cuatro a diez años.
6. Hacienda omitió entregar otro informe, del 26 de octubre del 2022, en el que Tributación recomendó archivar la denuncia anónima por considerar que no hay elementos para sostenerla y que la empresa aludida estaba al día con sus obligaciones. Agregó que las pruebas citadas en la denuncia anónima son “simples” operaciones comerciales.
7. Baruch sostiene estos hechos constituyen un abuso de poder del Gobierno en su contra, debido a su relación con el medio de comunicación CRHoy.
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Por la seguridad jurídica de Costa Rica
La Uccaep sostuvo que el respeto al debido proceso y el respeto a los derechos de todos los contribuyentes constituyen una garantía de la seguridad jurídica en Costa Rica.
De acuerdo con la organización, la correcta aplicación de la normativa tributaria es “indispensable para propiciar un óptimo clima institucional de negocios e inversión, que permita a Costa Rica seguir siendo un faro de respeto de la democracia, en pro del desarrollo económico y social”.
Ese entorno confiable, continuó, es el resultado de políticas públicas certeras y un adecuado régimen de derecho.
La Unión de Cámaras se declaró a favor de la lucha contra la evasión fiscal y la informalidad, así como del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, pero insistió en que las estrategias para ese combate deben realizarse aplicando el debido proceso, “con hechos comprobados en todas sus etapas”.
