¿Qué propuso la ministra de Hacienda para controlar el gasto cuando era contralora? Ella iba al grano

En agosto del 2011, la entonces contralora general de la República, Rocío Aguilar, llegó a la Asamblea Legislativa a advertirles a los diputados de que había dos caminos para resolver el déficit fiscal: o se aumentaban los ingresos y se reducía el gasto, o se modificaban las aspiraciones del Estado.

En aquel entonces, Laura Chinchilla era presidenta, el déficit estaba en un 4,4% del PIB y el PLN y el PAC dominaban el Congreso.

Este miércoles, casi siete años después, Rocío Aguilar regresará a la Asamblea Legislativa para referirse de nuevo al tema, pero ahora como ministra de Hacienda, como encargada de manejar las finanzas del Gobierno.

Lo hará con un déficit fiscal del 6,2% del PIB y con el PLN y Restauración Nacional dominando la Asamblea. A solicitud de los diputados, ella expondrá sus medidas para controlar el gasto, con el objetivo de que los diputados aprueben la reforma fiscal, a fin de evitar una crisis.

Para Aguilar, este no es un tema ajeno, pues como contralora general entre el 2005 y el 2012, lanzó constantes advertencias sobre el desequilibrio económico del Gobierno. ¿Qué proponía para sanear las finanzas públicas?

Ese 3 de agosto del 2011, ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, la actual ministra propuso optar por el primero de los caminos: aumentar los ingresos y reducir el gasto, a pesar del costo político que estas medidas implicaban.

Y estas fueron sus recomendaciones:

Ordenar los salarios de los empleados públicos

Desde el 2007, Aguilar denunció enérgicamente el desorden en los salarios públicos, así como el aumento de su peso en el presupuesto de la República. Por ejemplo, en el 2007, la memoria anual de la Contraloría del 2007 advirtió de que las remuneraciones de los funcionarios pasaron de representar un 17% a un 21% del Presupuesto, entre el 2005 y el 2007.

La actual ministra, entonces, pidió cambiar el sistema salarios que aumentan por pluses e inflación por uno donde se dependa de la productividad y de la eficiencia. Criticó que los incentivos "no están alineados al desempeño laboral, ni al logro de las metas institucionales".

"Durante años se han planteado reformas, pero este tema nunca se ha tocado”, afirmó Aguilar, al tiempo que señalaba la "cantidad importante de recursos públicos" que absorbe el empleo público. "Creo que hay que meterle el diente al asunto", mencionó en el 2011.

“En remuneraciones no podemos quedarnos contentos con que ahí no se puede hacer nada. Al contrario, no se puede hacer nada posiblemente en el estatus actual, pero se puede hacer que el personal de nuevo ingreso entre con otros esquemas", adujo, al tiempo que mencionó que ella introdujo el régimen de salario único en la Contraloría.

"Lo hizo la Contraloría, nosotros hoy en día tenemos una cuarta parte o más del personal que tiene un sistema diferente, que no tiene los incentivos automáticos, que tiene un régimen de vacaciones muchísimo más razonable que los treinta días hábiles".

"¿Lo hicimos en un día? No, tenemos cuatro años de estarlo haciendo. ¿Qué hacemos?, plaza que se desocupa y es personal de nuevo ingreso, que entra en otro régimen. Si usted no empieza hoy nunca va a llegar, si esto dura 20años mejor empiece hoy".

Aguilar también llamó a aprovechar el peso constitucional del Servicio Civil y a redefinir el papel de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda en esta materia.

Eliminar duplicidades, evaluar cierre de instituciones

Siendo contralora, Rocío Aguilar criticó el crecimiento constante del Estado, el cual contabilizaba más de 300 instituciones en el 2011.

El problema, dijo, es que muchas instituciones tienen numerosos órganos adscritos, lo que causa, por ejemplo, que haya siete oficinas de auditoría para cada una de las dependencias.

“Si uno simplemente mantiene el órgano desconcentrado, pero centraliza las funciones que son de carácter administrativo, podría pensar en un ministerio que pueda tener una auditoría que le dé servicio a todos y, en lugar de tener siete jefes de auditoría, tiene un jefe de auditoría y más gente trabajando en el campo que en la jefatura”, planteó Aguilar.

Incluso, arrojó la posibilidad de identificar cuáles instituciones se tornaron obsoletas, para cerrarlas: “Para el largo plazo incluso, pensar en aquellas instituciones que hoy día perdieron la vigencia para el Estado, porque sus funciones han sido asumidas por nuevos órganos, por nuevas entidades, pero eso requiere la valentía en algún momento como el cierre una institución y en decidir dónde tengo que prescindir del recurso humano o reubicarlo y sobre eso siquiera hay asomo de discusión, porque ahí se paraliza la discusión”.

Liberar recursos del Presupuesto Nacional

Asimismo, la contralora Aguilar advirtió de que era necesario liberar al Gobierno de los gastos obligatorios que han creado los diputados. Se trata de obligaciones legales según las cuales el Ejecutivo debe destinar a una u otra institución cierto porcentaje del Presupuesto. Estas fueron creadas sin saber si Hacienda tendría los recursos o si existían otras necesidades.

Al respecto, la entonces contralora advirtió de que una mayor recaudación de impuestos vendría acompañada de obligaciones automáticas, debido a que el Gobierno tiene que transferir determinados porcentajes del PIB a destinos específicos.

“Se precisa liberar recursos para que la carga de la deuda sea compartida por todos los programas que se financian, directa o indirectamente, del Presupuesto Nacional”, dice el informe anual del 2011.

Frenar el gasto público

La entonces contralora recomendó aplicar reglas fiscales que no afectaran la inversión, si no que pusieran faja al gasto corriente.

Según dijo, los gastos superfluos siempre podrían ser “identificados y cuantificados”, pero lo que verdaderamente tendría impacto sería recortar en los temas “gruesos, de fondo”, como los de estructura organizacional, de dispersión de instituciones y las remuneraciones.

Revisar exoneraciones

Por un criterio de justicia ante el hecho de que evaluara cargar con más impuestos a la población, Aguilar llamó a los diputados a revisar las exoneraciones, tanto a zonas francas como a otros regímenes.

“Creo que hay que evaluar la pertinencia de estas exoneraciones respecto a los beneficios concedidos y medir el impacto que en la Asamblea tienen proyectos que siempre están en la corriente legislativa. Recuerdo que para el presupuesto del 2009-2010, que vinimos con el informe técnico, muy preocupados por la situación fiscal que se estaba observando y mencionamos el hecho de tocar exoneraciones y aquello no fue bien recibido pero, además, en ese momento estaban tocando un proyecto de exoneraciones”.

Frenar endeudamiento estatal

La contralora también urgió a detener el financiamiento de gastos corrientes con ingresos provenientes del endeudamiento en el Presupuesto de la República, “lo cual contraviene normativa jurídica y principios de sana administración hacendaria, y en relación con el cual, este órgano contralor ha manifestado su posición en el sentido de la necesidad de buscar una salida sostenible en el mediano plazo”, advirtió la memoria anual del 2011.

Combatir la evasión fiscal

El informe anual de la Contraloría en 2011, Aguilar urgió a invertir en más y mejor tecnología, así como en capacitación, para mejorar la recaudación de tributos.

“Primero, mejorando la gestión y fiscalización tributarias, intensificando el uso de la tecnología y los cruces de información, aumentando la sensación de riesgo, fortaleciendo los procesos y procedimientos para la gestión y el cobro de los tributos, y aumentando las capacidades de la Administración Tributaria.

Para lograr ese objetivo, también recomendó actualizar la legislación de los impuestos de renta y de venta, para cerrar portillos a los incumplimientos, ampliar las bases, reducir exoneraciones y uniformar tasas.

Apurar unificación en sistemas de compras públicas

Según Aguilar, para ese momento, lograr la unificación de los sistemas de compras públicas habría significado ahorros de entre el 13% y el 18%, en momentos en que las adquisiciones públicas equivalían a un 28% del gasto del Gobierno.