Aarón Sequeira. 5 noviembre, 2018
La diputada Yorleny León, del PLN, asegura que crear el procedimiento para quitarle la credencial a un diputado por ley evita las interpretaciones o el manejo discrecional de las acusaciones contra los congresistas. Foto: Albert Marín.
La diputada Yorleny León, del PLN, asegura que crear el procedimiento para quitarle la credencial a un diputado por ley evita las interpretaciones o el manejo discrecional de las acusaciones contra los congresistas. Foto: Albert Marín.

Un proyecto de ley presentado por la diputada Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN), permite a la Asamblea Legislativa aplicar sanciones a los legisladores que, en el ejercicio de sus funciones, violen de alguna manera el deber de probidad.

La iniciativa legal, presentada este lunes en la Secretaría del Directorio, busca hacer operativa la reforma al artículo 112 de la Constitución Política, aprobada definitivamente en mayo y ya incluida dentro de la Carta Magna, donde se fija la pérdida de la curul cuando se cometan actos contrarios al buen desempeño de la función pública.

“Por mucho tiempo se creyó que los diputados eran intocables por representar al primer poder de la República, pero los tiempos cambian y han sucedido situaciones en que compañeros y compañeras de otras legislaciones se han involucrado que requieren la aplicación de esta ley”, dijo la legisladora.

La reforma a la Constitución Política se integró dentro de esa norma fundamental el 20 de agosto de este año, luego de que se aprobara en tercer debate en mayo pasado, según los requisitos establecidos para las reformas constitucionales.

Pese a que ya la regla constitucional constaba en la Constitución desde agosto, ningún legislador había presentado una iniciativa de ley para fijar los pasos que conducirían a la pérdida de la curul.

“Efectivamente no había ningún proyecto, desde hace varios días estudiábamos la posibilidad, el mecanismo para hacer operativa la reforma constitucional”, apuntó León.

La iniciativa establece, primero que todo, que antes de iniciar un proceso para la cancelación de la credencial de diputado a uno de los 57 miembros del plenario, debe existir un pronunciamiento de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) que señale si un legislador incurrió en alguna de las causas señaladas por la Constitución para despojarlo de su investidura.

El siguiente paso propuesto es que la Presidencia del Congreso informe sobre la resolución respectiva de la PEP al pleno parlamentario. Seguidamente, se deberá utilizar el procedimiento señalado por el Reglamento de la Asamblea Legislativa sobre acusaciones de los miembros de los supremos poderes, para determinar la sanción para el congresista.

En caso de que la Asamblea Legislativa acuerde la pérdida de credencial por votación calificada (o sea, 38 votos; dos tercios del total de sus miembros), esa decisión se deberá comunicar al Tribunal Supremo de Elecciones para que este sustituya al congresista que haya perdido la credencial.

Finalmente, el proyecto de Yorleny León establece que no cabrá recurso alguno contra la decisión que tome el pleno del Congreso.

Aunque la legisladora limonense asegura que su propuesta tendrá buen apoyo entre los congresistas, es necesario recordar que la Asamblea se tardó ocho años para hacer realidad el marco constitucional que ahora permitirá la aplicación de la sanción por violación al deber de probidad.

Incluso, la única iniciativa con una intención similar que existe a la fecha en la agenda del Congreso es del exlegislador liberacionista Luis Gerardo Villanueva, quien planteaba en el 2011 una reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa para establecer el régimen sancionatorio para los diputados. Sin embargo, dicha iniciativa nunca avanzó en la Asamblea.

‘Para evitar interpretaciones’

La diputada León explicó que la intención de crear una ley para definir los pasos de la pérdida de credencial es evitar que la presidencia legislativa pueda hacer interpretaciones o manejar discrecionalmente las acusaciones contra los diputados o los informes que expida la Procuraduría de la Ética Pública.

Ya en el pasado sucedió, a finales del 2017, que dicho órgano envió informes sobre actuaciones de varios diputados, específicamente Víctor Hugo Morales Zapata y Otto Guevara Guth, donde solicitaba sanciones contra dichos parlamentarios.

Cada vez que llegó un informe de ese tipo, la presidencia del entonces legislador Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense, con la venia de los exdiputados Michael Arce y Carmen Quesada, respondía que no existían herramientas para sancionar a los congresistas, que aún estaba en proceso la aprobación de la reforma constitucional y que no se podía hacer nada al respecto.

“Me parece que es un tema en el que todos estamos de acuerdo, pero a la larga habrá quienes deseen que no se operativice. Ya era necesario presentar este proyecto de ley”, dijo León.

Agregó que a partir de este martes empezará a promover su iniciativa entre las demás fracciones parlamentarias, para conseguir el apoyo suficiente y que la iniciativa legal avance. Para construir la propuesta, la verdiblanca consultó abogados y asesores externos a la Asamblea.

“Si bien es cierto que los diputados representan al primer poder de la República, siguen siendo funcionarios. Nos debemos a una gestión eficiente, eficaz, transparente y apegada a la legislación”, dijo la liberacionista.