Rebeca Madrigal Q.. 15 octubre, 2019
Los diputados buscan revivir la técnica declarada inconstitucional en el 2013. Fotografía:Pablo Montiel
Los diputados buscan revivir la técnica declarada inconstitucional en el 2013. Fotografía:Pablo Montiel

La Procuraduría General de la República (PGR) advirtió a los diputados de que el proyecto para revivir la pesca de camarón con la técnica de arrastre podría contener vicios de inconstitucionalidad.

El pronunciamiento lo emitió el abogado del Estado en la opinión jurídica OJ-123-2019, el pasado 8 de octubre, ante una consulta del diputado de Acción Ciudadana (PAC), Mario Castillo.

La propuesta contempla revivir el otorgamiento de permisos a barcos semiindustriales para capturar camarón con fines comerciales, luego de que la Sala IV prohibió renovar y emitir nuevas licencias, en el 2013, por considerar que la técnica tradicional provoca severos daños ambientales a causa de la gran cantidad de especies que captura aparte del camarón.

La única excepción que hizo la Sala para revivir esta técnica mediante un proyecto de ley es que cuente con los estudios técnicos suficientes que garantice la sostenibilidad de la actividad y que demuestre que se reduce la captura incidental de otras especies.

Sin embargo, para la PGR, son insuficientes los estudios realizados por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), los cuales sirven de base para el proyecto.

Dichos estudios, según la procuradura Elizabeth León, no contemplan todas las variables que exigieron los magistrados, tal como el impacto social o socioeconómico de la actividad, sino que estudia tan solo una parte del impacto ambiental.

En eso coinciden la academia y ambientalistas.

“El proyecto de ley propuesto podría contener vicios de inconstitucionalidad, en el tanto restablece la pesca de arrastre sin contar con un estudio técnico que haya evaluado, en su totalidad, el impacto ambiental que produce esta actividad”, indicó León.

La opinión señala, además, que el mismo Incopesca se ha propuesto realizar otros estudios en los próximos dos años, por lo que se deduce que el fundamento técnico aún es insuficiente.

Adicionalmente, dichos estudios se limitan a analizar la técnica para dos especies específicas de camarón (fidel y pinky) en el Pacífico, mientras que el proyecto de ley pretende la pesca libre de todas las especies en el Pacífico y en el Caribe, una región aún sin estudiar.

“En todo caso, aunque con base en los criterios técnicos que se emitan al respecto se constatara que el estudio, su metodología y resultados son técnicamente y científicamente correctos y que incluso abarca todos los aspectos necesarios para restablecer la pesca de arrastre en los términos exigidos, debe advertirse que la regulación propuesta va más allá del ámbito objetivo cubierto por la investigación desarrollada”, sostiene la procuradora.

La PGR también se sostuvo en el criterio negativo del Centro de Investigación en Ciencias del Mar de la Universidad de Costa Rica (CIMAR), que coincide en que los estudios no respaldan la propuesta.

El gobierno, por su parte, tampoco apoya la propuesta legislativa ni los estudios técnicos realizados hasta ahora por Incopesca, pese a que los pescadores han ejercido presión para que las autoridades atiendan las consecuencias económicas y sociales de suspender la actividad.

Trámite continúa

Actualmente, el proyecto de ley está en discusión en la comisión de Asuntos Agropecuarios y podría ser dictaminado a más tardar el 29 de octubre.

Esta opinión jurídica no es vinculante, por lo que los diputados están en su potestad de continuar su discusión.

El presidente de la comisión, Mario Castillo, aseguró que el proyecto debe continuar para cumplir con la vía rápida que fue aprobada y que, a estas alturas, no es posible hacer ningún cambio importante, pese a la contundencia del criterio de la PGR.

El diputado oficialista aseguró que no está de acuerdo con la técnica de arrastre, pero que se debe resolver la situación de los pescadores, mientras no sea por esta vía.

Por otro lado, el diputado Melvin Núñez, representante de Restauración Nacional por Puntarenas, indicó que la PGR está siendo “escueta a la hora de entender lo que la Sala pidió”.

Pese al criterio, Núñez sostiene que el proyecto es más que viable, pero que si son necesarios más estudios, que se hagan mientras no se detenga la actividad.