El presidente de la República. Luis Guillermo Solís, declaró esta mañana estar sorprendido de conocer el alegato inédito aportado a la Sala Constitucional por la iglesia luterana a favor del ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez.
“Creo que a todos nos ha tomado por sorpresa entender que la responsabilidad episcopal en esa iglesia tiene diferencias significativas respecto de las que existen en la iglesia católica, incluido el vencimiento de los plazos en el nombramiento de un obispo”, contestó esta mañana durante su visita a la zona aledaña al volcán Turrialba.
Así se refirió a un criterio de la Iglesia Luterana Costarricense (ILCO), fundada por el mismo Melvin Jiménez, cuyo nombramiento está cuestionado ante la Sala Constitucional por su doble condición de líder religioso y ministro de Estado.
Seis meses después de presentada una acción de inconstitucional, la ILCO manifestó a la Sala IV que Jiménez dejó de ser obispo desde antes de iniciarse este gobierno. Esto porque, según alegan, se venció automáticamente el “mandato” de seis años que asumió él al ordenarse obispo luterano el 27 de abril del 2008.
Esto no se conocía y el mismo Jiménez, hombre de confianza del mandatario y encargado del diálogo de Gobierno con sectores, decía seguir siendo obispo, aunque sus funciones episcopales habían cesado porque había pedido una dispensa a su iglesia.
Anoche, consultado por este medio, dijo que sí conocía el vencimiento de su mandato obispal, algo que no ocurre en la Iglesia católica, donde un obispo mantiene esa condición hasta su muerte.
Por eso le sorprendió al mismo Luis Guillermo Solís, aunque rechazó falta de transparencia alguna sobre la condición de Melvin Jiménez.
“Los procesos judiciales permiten la aportación de prueba en diferentes momentos. Esta es una nueva pieza de información que se aporta en este momento, como se podrían aportar otras después. No soy experto en eso, pero no creo que sea falta de transparencia”, manifestó Solís.
El caso se mantiene en estudio en la Sala Constitucional, a la que acudió con su reclamo el ciudadano Álvaro Orozco, afín a la iglesia católica. Él señala un artículo constitucional que prohíbe nombrar como ministros de Estado a clérigos.
El debate es si Jiménez, que celebraba ceremonias e impartía sacramentos en la iglesia luterana, califica como “clérigo”, lo que ILCO rechaza. Además el Gobierno insiste en que esa prohibición se aplica solo a sacerdotes de la religión católica, por ser esta la oficial del Estado.
Eso lo considera “discriminatorio” Orozco, respaldado ahora por una opinión no vinculante de la Pocuraduría General de la República, que actúa como abogado del Estado.