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El presidente y diputado del Partido Restauración Nacional (PRN), Carlos Avendaño, denunció ante el Ministerio Público al equipo de campaña del que fuera candidato presidencial, Fabricio Alvarado, por la comisión de tres aparentes delitos para las elecciones del 2018.
Primero, señaló la existencia de una supuesta estructura paralela de financiamiento, que habría operado al margen de la ley electoral y fuera de los controles partidarios, previo a la segunda ronda del 1.° de abril del año pasado.
Y, además, denunció un presunto delito de estafa mayor y otro de extorsión simple.
Así consta en la denuncia que interpuso ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, el 25 de junio del 2018, y de la cual La Nación tiene una copia. Esta es la primera vez que se conocen, en detalle, los señalamientos de Avendaño.
En ese documento también aparecen como denunciantes Miguel Ángel Quesada Niño y Jéssica Sequeira Muñoz, secretario general y tesorera de la agrupación, respectivamente, quienes junto con Avendaño integran el comité ejecutivo del PRN.
La causa se tramita bajo el expediente N.° 18-000075-1218-PE, por “el presunto delito de estafa” y se encuentra en la “fase preparatoria de la investigación, que consiste en la recolección y análisis de pruebas y es privada para terceras personas”, informó la oficina de prensa del Ministerio Público.
Avendaño, por su parte, dijo a La Nación que analiza, junto a sus abogados, ampliar la denuncia para incluir nuevos hechos que han surgido en las últimas semanas.
Por ejemplo, citó el artículo de este medio de comunicación en que se revela que el comando de campaña de Fabricio Alvarado pagó a dos empresas $65.000 (¢40,3 millones) al margen del Código Electoral y fuera de los procesos de control.
El excandidato presidencial, que renunció al PRN y fundó un nuevo partido, aunque no conversó con este medio, publicó en su Facebook que todo se trata de una “cortina de humo” y que pronto hablará ante la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
‘Pagos de facturas y contratos fantasmas o sin sustento legal’
En la denuncia, Avendaño primero describió, según su criterio, el “modus operandi” que habría utilizado el equipo de campaña de Alvarado para realizar contrataciones y hacer pagos a proveedores, sin el aval de la cúpula del partido y fuera de los controles establecidos en la legislación electoral, de previo a la segunda ronda.
"Con claridad meridiana se nota que estamos en presencia de una estructura paralela (de financiación), pues el comando de campaña actuó solo a espaldas del comité ejecutivo superior, contratando y comprometiendo los recursos de la deuda política, sin estar autorizados para ello y recibiendo beneficios que no provenían de las estructuras legales del partido.
“El modus operandi del comando de campaña era contratar servicios y una vez concluida la elección de la segunda ronda, presentar contratos, facturas y cobros antedatados, sin haber sido consentidos y negociados con el comité ejecutivo, a efecto de que el partido los legalizara e incorporara a la liquidación que se presenta a las autoridades electorales, con el único fin de sorprender al TSE y que pagara dichos compromisos con la deuda política”, consignó el político en la denuncia.
Incluso, señala al otrora jefe de campaña de Alvarado, el productor de conciertos Juan Carlos Campos, como la persona que realizó esas contrataciones y pagos.
“El señor Campos lideró todas las contrataciones, compras y todo lo relacionado con la campaña del candidato, a espaldas del suscrito como presidente del partido y del resto del comité ejecutivo superior”, dice la denuncia.
Él asegura que mediante ese “modus operandi” fue que se contrató a las empresas Crescendo Mercadeo, One Sport Costa Rica (de Juan Carlos Campos), y Opinión Política C y C, y que por esa razón se negó a pagar las facturas que estaban cobrando al partido por un total ¢319,5 millones.
Por ejemplo, sobre las encuestas de Opol Consultores, contratadas a la firma Opinión Política C y C, Avendaño consignó en la denuncia: “También me negué a firmar un contrato del cual yo no tenía conocimiento, ni había sido tomado en cuenta en las negociaciones de las cláusulas y el monto cobrado por Opol (...). Nuestro partido no se va a prestar a hacer pagos de facturas y contratos fantasmas o sin sustento legal”.
Y más adelante describe: “Estas contrataciones no fueron reportadas al comité ejecutivo superior del partido, y no es sino hasta pasadas las elecciones que los acreedores, incluido el propio Juan Carlos Campos, le hacen entrega al suscrito de sendos contratos millonarios, antedatados, para que sean incluidos en las liquidaciones del partido, a efectos de que el TSE pague dichos gastos”.
“(...) Se hicieron a espaldas y sin conocimiento alguno de las estructuras legales del partido, constituyéndose dicha actuación en una estructura paralela típica, en donde se deja de lado las instituciones oficiales y se crea todo un andamiaje de hecho, para trabajar sin ninguna clase de supervisión y control y con ello manejar los dineros a su antojo”.
El Código Electoral establece la obligación de canalizar todos los aportes privados solo por medio de la cúpula partidaria o por las personas que ellos designen, y en el artículo 274 sanciona con penas de dos a cuatro años de cárcel, a quien incumpla ese requerimiento.
Además, fija el deber de reportar al Tribunal todos los pagos realizados a proveedores y todas las contribuciones recibidas (en efectivo o en especie).
‘Delito de estafa triangular o estafa procesal’
El presidente y diputado del PRN dijo en la denuncia que con esa aparente estructura paralela de financiamiento, el equipo de campaña también habría incurrido en un delito estafa.
Según Avendaño, intentaron cobrar contratos con fechas distintas y con montos no negociados con las autoridades del partido, para después, supuestamente, tratar de engañar al TSE y obtener que esas facturas fueran pagadas y/o reembolsadas con fondos de la deuda política.
“No hay duda, y es del conocimiento público, que el comando de campaña gastó recursos no autorizados por el comité ejecutivo superior del partido y debido a ello se debe investigar a fondo las actuaciones de cada uno de los participes en dicho comando de campaña, a efecto de determinar su legalidad o no”.
“Ahora bien, el hecho de que se presenten contratos con fechas distintas, con montos no negociados por las autoridades del partido con el único fin de cobrarlos al TSE, hace que tales acciones sean típicas del delito de estafa triangular o estafa procesal, en donde se instrumentaliza al PRN para que engañe al TSE y este ordene el pago de las facturas que nunca se ajustaron a los lineamientos legales”, dice la denuncia.
El Código Penal, en el artículo 216, sanciona con penas de dos meses a diez años de cárcel a quien incurra en una estafa.
‘Amenazas en redes sociales’
Por último, Carlos Avendaño denunció por un presunto delito de extorsión simple a Luis Alonso Naranjo, dueño de la empresa Crescendo Mercadeo, quien trabajó para la campaña de Fabricio Alvarado y reclamó a Restauración el pago de ¢115,5 millones.
Según el jerarca del PRN, Naranjo habría publicado amenazas en redes sociales y está “prácticamente extorsionando” al comité ejecutivo para que le paguen el dinero.
Avendaño cuestiona que Naranjo lo haya denunciado penalmente por una supuesta violación a la Ley de Derechos de Autor, al presuntamente utilizar, sin su consentimiento, 123 videos y varias producciones musicales, durante la anterior campaña presidencial.
“El primo del señor Fabricio Alvarado, señor Luis Alonso Naranjo, amenaza en las redes sociales que acusará penalmente al suscrito por violación a la Ley de Derechos de Autor, sino pago su factura de ¢111 millones.
"El argumento del señor Naranjo no es de recibo por cuanto el suscrito nunca ‘utilizó’ nada sin su permiso, todo lo contrario, fue el señor Naranjo que aprovechando su relación familiar con Fabricio Alvarado, puso a su disposición el talento y el trabajo, por lo que nadie se ha apoderado ilegítimamente de las obras o creación del señor Naranjo, con lo que su amenaza es típica del delito de extorsión simple.
“(...) Es injusto el pago que solicita el señor Naranjo toda vez que el PRN no lo contrató, ni el propio Naranjo se preocupó por legalizar su contrato ante el partido, y aún pretende un pago con cargo a la deuda política”, añadió Avendaño en la denuncia.
Al respecto, Luis Polinaris, abogado de Naranjo, dijo que no ha recibido ninguna notificación y que por consiguiente, no se podía referir al caso. Aunque insistió en la supuesta violación a la propiedad intelectual de su defendido.
“Cuando Luis Alonso cobra por su trabajo, el PRN dice que no hay contrato, pero no puede explicar por qué sí divulgó la propiedad intelectual que supuestamente nunca le encargó ni le pertenecía. Esa es la médula del asunto en lo concerniente a Luis Alonso. El daño por el uso no autorizado, a fin de cuentas, de su propiedad intelectual por parte del PRN”, declaró Polinaris.
‘Cortina de humo’
Este medio intentó obtener una reacción de Fabricio Alvarado, pero no se pudo localizar en su teléfono celular y no atendió los mensajes enviados por WhatsApp.
No obstante, el miércoles pasado, luego de que este medio revelara que su comando de campaña habría pagado empresas al margen del Código Electoral y fuera de los procesos de control que Restauración, él calificó los hechos como una “cortina de humo” en sus redes sociales.
“Sigo comprometido con la transparencia y mis actuaciones están a la orden de las autoridades correspondientes. Entrar a responder y caer en el juego del dime que te diré al que quieren llevarnos algunos, solo sería complacerlos para alimentar el morbo y su orgullo, al pensar que les damos importancia”.
“Además, ya para muchos es claro que hay quienes sirven a intereses particulares y cada vez que necesitan levantar una cortina de humo, utilizan nuestro nombre. Ante el TSE y el Ministerio Público tengo mucho que decir y lo diré muy pronto”, escribió Alvarado.
