“En la Caja, como ya hemos visto, todo es delicado, todo es complejo, y la ciudadanía depende de nuestros servicios de una forma muy importante y esencial en sus vidas. Entonces, no quisiera entrar a colegislar. Ustedes, diputados, me parece que tienen que definir si una pensión es esencial”.
Esa fue la respuesta del presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, luego de que el diputado independiente Érick Rodríguez Steller le preguntó si consideraba a las pensiones como un servicio esencial.
El intercambio entre el jerarca y el legislador tuvo lugar este miércoles, cuando Macaya asistió a la comisión especial que discute el proyecto de ley para frenar los abusos en las huelgas.
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En dicho foro, el presidente de la Caja afirmó que es complejo determinar cuáles servicios podrían resultar esenciales en una institución de esa categoría y cuáles podrían ameritar un plan de servicios mínimos.
Producto de esa afirmación, y basado en la publicación de ese miércoles de La Nación, la cual explica que las pensiones del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja están al borde del abismo por falta de cotizantes, el diputado Rodríguez le planteó la consulta a Macaya.
“Como todos sabemos, la Caja tiene sus dos seguros, el de salud y el de pensiones. Creemos que es una decisión de la Asamblea Legislativa definir si una pensión es un servicio esencial, porque, obviamente, todo el mundo, en su jubilación, necesita de un ingreso para una vida digna, necesita su pensión”, respondió el jerarca.
“Si una huelga fuera entre días de pago de esa pensión, y fuera una huelga de un día, probablemente no hay ningún efecto. Pero si una huelga se extiende, como esta… y si esos funcionarios estaban a cargo del pago de esas pensiones, ¿se vuelve esencial? No sé, pregunto“, prosiguió Macaya.
La comisión especial que estudia el proyecto de ley para frenar los abusos en las huelgas fue conformada en diciembre del año anterior, tras el movimiento sindical que paralizó parte de los servicios públicos entre setiembre y noviembre.
Dicho foro trabaja en un plan que permitiría rebajar los salarios a quienes participen en huelgas declaradas ilegales.
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Esa propuesta, además, restringiría la posibilidad de hacer otros movimientos en servicios esenciales, los cuales se catalogan como tales cuando su interrupción pone en peligro la vida, la seguridad o la salud pública de una parte o de toda la población.
“Entrar en una discusión de dónde está la frontera de lo esencial dentro de la Caja es muy complejo, porque, al final, todo incide en ese servicio que ofrecemos al usuario”, enfatizó Macaya.
Según afirmó el máximo líder de la Caja, la Junta Directiva de la entidad que representa está de acuerdo con la iniciativa de los diputados, con respecto a elaborar una reforma legal frente a las huelgas.
Explicó que la posición de ese órgano fue de mayoría, no unánime.
El liberacionista Carlos Ricardo Benavides, miembro de la comisión especial de huelgas, expresó su satisfacción por que los jerarcas de la Caja consideren que la mayoría de servicios que presta la entidad deberían calificar como esenciales.