Diputados de los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional se unieron para impedir al Gobierno contratar personal en varias dependencias, como los centros Cen-Cinai, y para contratar un gerente para la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).

A ese bloqueo se unieron un legisladores del Partido Republicano y otro del bloque independiente Nueva República.

Dicho grupo aprobó una moción durante el trámite del tercer presupuesto extraordinario de la República de este año, con el objetivo de impedir al Poder Ejecutivo crear esas plazas, aunque su financiamiento en realidad ya estaba contemplado en el Presupuesto Ordinario.

La votación tuvo lugar en la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios.

En favor del bloqueo estuvieron los liberacionistas Ana Lucía Delgado, Gustavo Viales y Wagner Jiménez; así como el socialcristiano Rodolfo Peña; el restauracionista Eduardo Cruickshank; Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); y Harllan Hoepelman, del grupo fabricista.

Solo votaron en contra los oficialistas Laura Guido y Welmer Ramos.

En el proyecto de presupuesto extraordinario, el Ministerio de Hacienda solicitó a los diputados flexibilizar la norma que impide la creación de nuevas plazas, con la intención de nombrar al gerente del Consejo Nacional de Concesiones ante la TCM y varias plazas relacionadas con el arranque de la reforma fiscal.

Además, el Ejecutivo pidió apertura de los congresista para poder reforzar el Servicio Fitosanitario del Estado para la atención de puestos fronterizos y crear 41 plazas en los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinai).

No obstante, Ana Lucía Delgado, presidenta de la Comisión de Hacendarios, alegó que no les dieron información específica sobre las plazas que se necesita crear.

Al respecto, la oficialista Laura Guido detalló que 36 de las 41 plazas previstas para los Cen-Cinai son para oficinas territoriales.

También dijo que se tenía previsto crear 17 puestos para el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y otros 15 para el Servicio Fitosanitario con la intención de reforzar la vigilancia de la salud animal, y el control de la importación y exportación de productos agrícolas y químicos en fronteras, puertos y aeropuertos.

Agregó que 21 plazas son del Servicio Civil, que se pide convertir a servicios especiales por los requerimientos en tecnologías de la información en Hacienda, con el objetivo de ajustar la plataforma del programa Integra, por la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“Hay un tema sumamente sensible, el gerente para la Terminal de Contenedores de Moín por parte del Consejo Nacional de Concesiones. Es la principal concesión de este país, fundamental para el país y para Limón, con el fin de cumplir los compromisos del Estado”, señaló Guido.

Aunque Delgado reconoció que las plazas ya estaban presupuestadas, el objetivo del PLN es que el gasto no se realice y que se use para el pago del servicio de la deuda.

A través de un comunicado, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, dijo que la decisión conlleva un impacto importante en el desarrollo tecnológico para atender a la ciudadanía en el proceso “del mayor cambio tributario que comienza a aplicarse”.

La jerarca agregó que también se afectarán los servicios a la ciudadanía que dan los Cen-Cinai, la vigilancia fronteriza, en parques nacionales y el desarrollo tecnológico del cambio tributario.

A las plazas enumeradas por Guido, Rocío Aguilar agregó que se prevén 50 plazas que ya tienen contenido en el Presupuesto Nacional para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

Ante los reclamos de Ana Lucía Delgado, de que ellos no tuvieron información sobre ese tema, salvo el gerente para la TCM, el viceministro Rodolfo Cordero alegó que intentó en los últimos días comunicarles a los legisladores de cuáles plazas se trata, pero reconoció que faltó comunicación.

“Creo que sí llevan razón en que no se explicó bien, en la exposición de motivos, la modificación solicitada a la norma presupuestaria. No se le dio más sustento. Nos ha faltado más contacto”, comentó Cordero.

Alegó que se intentaron contactar con los legisladores a destiempo y a veces “eso les molesta un poquito”.

Cordero reiteró que les preocupa mucho no poder utilizar el dinero presupuestado para esas plazas.

Menos plazas, más dinero

Al mismo tiempo que los liberacionistas promovieron bloquear las plazas que se asignarían a los Cen-Cinai, promovieron una moción para darle a esa dirección ¢1.048 millones que el proyecto de presupuesto extraordinario le quitaba.

Según Viales, no hay razones válidas para reducir ese monto, aunque la directora de esos centros manifestó, en audiencia ante los legisladores, que no se requerían esos dineros.

La devolución de ese dinero también pretende restituir una moción que Viales había promovido en noviembre pasado, en el trámite del Presupuesto Ordinario, y que había bloqueado la rebaja en los fondos de esa dependencia, solicitada por el Gobierno.

Esta moción que devuelve los 1.048 millones tuvo los mismos votos favorables, siete a favor y dos en contra.

Dicha decisión generó críticas de parte de Guido, quien dijo que no se podía entender que los diputados devuelvan dinero que los Cen-Cinai han dicho que no necesitan y, a la vez, le prohíben contratar gente que ayudaría a fortalecer ese servicio.

Otros detalles

El presupuesto extraordinario incorpora ¢24.000 millones en ingresos de donaciones extranjeras y recursos provenientes de préstamos que pagó el Banco de Costa Rica por el cierre de Bancrédito.

Además, autoriza movimientos entre partidas presupuestarias en varias entidades, hasta por ¢51.500 millones.

En el presupuesto se destinan fondos para varios proyectos viales, entre ellos el fideicomiso de la carretera San José-San Ramón, conservación vial, el puente sobre el río Virilla, la ampliación de la ruta 147 (en Lindora), el puente General Viejo y puentes entre Escazú y Ciudad Colón.

Luego de la discusión de las mociones en la Comisión de Hacendarios, se dictaminó la iniciativa y pasará al plenario del Congreso para la votación en primer debate.