La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) expuso su preocupación por dos proyectos de ley, uno relacionado con la Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo (MTSS) y otro con la nacionalización de mercancías importadas.
La primera iniciativa, presentada por el frenteamplista José María Villalta con la firma de otros 12 diputados de diversos partidos, permitiría que los inspectores del MTSS impongan sanciones a patronos, bajo el cargo de incumplir el Código de Trabajo, sin necesidad de resolución judicial.
Actualmente, esos funcionarios únicamente inspeccionan centros laborales, previenen a los patronos y, en caso de incumplimiento, proceden a acusar ante el Juzgado de Trabajo. Es decir, intervienen dos instituciones en el proceso. Ese es el trámite, por ejemplo, en las denuncias por impago del aguinaldo. Si un patrono no paga en una fecha establecida, la Inspección Laboral eleva el caso a un juez.
La Uccaep señaló que, “de aprobarse, afectará el clima de negocios del país y esto podría traducirse en mayor desempleo e informalidad debido a los portillos que esta legislación permitiría para que cualquier persona u organización pueda denunciar sin fundamento supuestas faltas de las empresas contra la legislación laboral”.
La reforma también permitiría a los inspectores del trabajo ordenar el cierre de centros de trabajo donde se constate el incumplimiento al pago del salario mínimo por acción u omisión de los patronos, además de los causales establecidos actualmente en el Código de Trabajo.
“En Costa Rica tenemos que recuperar el norte y el dinamismo productivo; estamos en un letargo y no es de recibo que en lugar de promover la inversión local y extranjera se le pongan más trabas a un sector empresarial que le urge respirar en beneficio de los costarricenses”, manifestó el presidente de Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Dicha iniciativa se encuentra en discusión en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
Mercancías
El segundo proyecto al que se opone la Uccaep es el que impulsa Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional (PRN), junto con otros 12 legisladores, el cual obligaría a los importadores a nacionalizar las mercancías en el mismo punto de ingreso al país.
La iniciativa surgió como una idea para combatir el contrabando, la evasión y elusión fiscal aduanera, así como la subfacturación y el dumping (práctica comercial de vender un producto por debajo de su precio normal para eliminar empresas competidoras).
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No obstante, según los empresarios reunidos en Uccaep, dicha iniciativa “distorsionaría la realidad comercial y logística del país e incrementaría los costos de operación por la nacionalización obligada de todas las mercancías lejos de su destino final y por la eliminación de la declaración anticipada”.
La Cámara añadió que el contenido de esa propuesta también violaría los principios de legalidad y jerarquía de las normas, pues se estarían estableciendo disposiciones contrarias a la normativa Comunitaria Centroamericana para facilitar el comercio regional.
