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Para las elecciones municipales de febrero pasado, el Estado dispuso de ¢9.117 millones para que los partidos financiaran sus campañas, según lo establecido en la Constitución Política. Archivo/La Nación
Los partidos políticos solo cobraron el 69% del dinero reservado por el Estado para financiar las elecciones municipales del pasado 2 de febrero.
Aunque podían acceder a cerca de ¢9.100 millones, las 74 agrupaciones que participaron en la contienda solo liquidaron gastos por ¢6.300 millones.
En total, 56 partidos —13 a escala nacional y 43 a escala provincial, cantonal o coalición—, solicitaron al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) una porción de la deuda política fijada para esos comicios.
Mientras, otros 18 grupos no reclamaron ¢259 millones, a pesar de haber obtenido los votos suficientes en las urnas para acceder a esos recursos.
Las agrupaciones políticas no cobraron la totalidad de los fondos por dos razones: efectuaron la campaña gastando menos dinero del que al final podría recibir, o bien, no lograron demostrar gastos.
Ese dinero, al no ser cobrado, retornará inmediatamente a la caja única del Estado y lo mismo ocurrirá con el resto de recursos no usados en la medida de que el TSE vaya terminando de revisar las 56 liquidaciones presentadas, según explicó Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos de esa institución.
“El sistema de financiamiento público es un mecanismo de reembolso, por lo tanto, los dineros que no son liquidados por las agrupaciones políticas que obtuvieron derecho por su participación en los comicios municipales, se devuelve a las arcas del Estado”, expresó Chacón.
Si bien este jueves 26 de noviembre venció el plazo para que los partidos políticos reclamaran su parte de la contribución estatal, desde mediados de mayo el Tribunal viene recibiendo liquidaciones de gastos e, incluso, ya aprobó nueve giros de recursos y la devolución de dinero al erario público.
A la fecha, el órgano electoral aprobó total o parcialmente la liquidación de nueve partidos, a los cuales les depositó, en conjunto, casi ¢860 millones y retornó a las arcas del Estado unos ¢1.214 millones, es decir, que a la fecha se ha reintegrado ¢1.473 millones —sumando los ¢259 millones no cobrados—, un 16% de la deuda política.
Actualmente, los diputados de cuatro bancadas de la Asamblea Legislativa, Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Restauración Nacional (PRN), acordaron un recorte de ¢36.000 millones en la deuda política para las elecciones nacionales de 2022 y las municipales de 2024.
El Congreso se encamina a aprobar un reducción en el porcentaje del producto interno bruto (PIB) que establece la Constitución Política que el Estado debe destinar a las campañas electorales.
Inicialmente, los constituyentes establecieron que la contribución debía ser el equivale a un 0,19% del PIB del año trasanterior a las elecciones nacionales y, ahora, los diputados pretenden que sea del 0,085%, un recorte superior a lo aprobado en procesos anteriores cuando se autorizó reducir temporalmente ese porcentaje a un 0,11%.
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Cinco se llevan el 82%
Aunque 56 agrupaciones representaron liquidaciones de gastos para obtener una parte de la contribución estatal, solo cinco de ellos se quedarían con el 82% de los ¢6.306 millones cobrados, pues fueron los partidos que consiguieron más votos en las urnas.
Se trata de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República, Restauración Nacional y Acción Ciudadana (PAC).
El PLN reportó gastos por ¢2.518 millones, aunque podía reclamar ¢3.037 millones y el TSE ya le autorizó un giro parcial de ¢681 millones.
La segunda agrupación que más dinero reclamó de la deuda política fue el PUSC. Cobró ¢1.321 millones, ¢402 millones menos del máximo que podía solicitar.
En tercer lugar aparece Nueva República con ¢509 millones, le sigue Restauración con ¢438 millones y el PAC con casi ¢361 millones.
De ese grupo de cinco partidos, Restauración fue el único que cobró más dinero del que tiene derecho, pues según los votos obtenidos en las urnas, solo puede reclamar cerca de ¢309 millones, por lo que de antemano no recibirá ¢129 millones cobrados.
En contraposición, las agrupaciones Despertar Alajuelense y Accesibilidad sin Exclusión (PASE) encabezan la lista de partidos que no reclamaron ni un colón, con ¢49 millones y ¢42 millones, respectivamente.
En ese enlistado de 18 grupos, también aparecen otros grupos cantonales como Auténtico Labrador de Coronado, Ecológico Comunal Costarricense y Todos por Goicoechea.
