La participación de la diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo en el comité de comunicación de Casa Presidencial podría violar el artículo 111 de la Constitución Política, el cual establece que ningún legislador puede aceptar un cargo o empleo en otro poder de la República, salvo que sea en una institución benéfica, o bien, para enseñar en una universidad pública.
Ese mismo apartado y el siguiente (el 112) establecen, incluso, que la sanción para quien incumpla esa prohibición sería la pérdida de la credencial que la faculta para ocupar una curul en la Asamblea Legislativa.
Textualmente ese numeral indica: “Ningún diputado podrá aceptar, después de juramentado, bajo pena de perder su credencial, cargo o empleo de los otros poderes del Estado o de las instituciones autónomas, salvo cuando se trate de un ministerio de Gobierno. En este caso se reincorporará a la Asamblea al cesar en sus funciones.
“Esta prohibición no rige para los que sean llamados a formar parte de delegaciones internacionales, ni para los que desempeñan cargos en instituciones de beneficencia, o sean catedráticos de la Universidad de Costa Rica o en otras instituciones de enseñanza superior del Estado”.
Fue la propia Cisneros quien reveló la existencia de ese comité de Casa Presidencial, el cual se encarga de establecer la estrategia de comunicación del Gobierno. Incluso, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, confirmó su existencia y la participación de la congresista.
El 28 de diciembre del 2022, Alberto Vargas Zúñiga, la persona detrás del trol denominado Piero Calandrelli, filtró un audio que le envió por WhatsApp la jefa de bancada del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), el 14 de noviembre de ese mismo año. Entre otras cosas, ella le dice: “Voy a hablar con un comité de comunicación que hay en Casa Presidencial, cualquier cosa te aviso. Muchas gracias por todo, yo vivo siempre agradecida contigo”.
En esa grabación ella no dio más detalles. Sin embargo, siete días después, el miércoles 4 de enero, Cisneros sí amplió a qué se dedica ese comité del Poder Ejecutivo, durante su participación en el programa La Lupa, de CRC 89.1 Radio, conducido por la periodista Gilda González, en el cual contó con la participación del asesor político Iván Barrantes.
En específico, la diputada aseguró ante una pregunta González: “El comité de comunicación que tenemos en Casa Presidencial, muy fácil, ¿quiénes lo integran? Laura Brenes, la periodista; Pilar Cisneros, la periodista; Natalia Díaz, la ministra de la Presidencia; y don Rodrigo Chaves, el presidente. Ese comité se reúne una vez cada semana o cada 15 días para ver estrategias de comunicación. Lo más normal y lo más transparente ¿Cuál es el problema?”.
‘Guau, el Gobierno tiene un gabinete también’
Cinco días después, el lunes 9 de enero, el mandatario Chaves reafirmó lo dicho por Cisneros, hizo un paralelismo entre ese comité y su gabinete, y enfatizó en que todos los gobiernos han tenido un equipo de ese tipo. Así lo reconoció en la conferencia de prensa sobre el supuesto grupo de troles que opera desde Zapote.
“Algún medio de comunicación dijo, creo que fue La Nación o alguno de ustedes, que el Gobierno tiene un comité de comunicación, ¡guau!, el Gobierno tiene un gabinete también. No ha habido un gobierno en la historia de este país que no haya tenido un comité de comunicación. ¡Vaya descubrimiento del periodismo investigativo de algunos medios! ¡Qué descubrimiento hicieron! ¡Un comité de comunicación, qué cosas perversas se cocinan ahí! ¿Sabe qué se cocina ahí? Cómo le damos cuentas a usted todos los miércoles en su casa, qué es lo que a usted le interesa, que vemos donde le aprieta el zapato al costarricense.
“Ahora, ¿quiénes son sus miembros? Hay diputados que tuitean y tuitean: ‘díganos quiénes son’. Se los voy a decir yo ahora aquí. Son Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, ¡Uy, que está en el comité de comunicación! Pilar Cisneros que es de las periodistas serias que quedan en este país, que gracias a Dios la tenemos en la Asamblea Legislativa; Laura Brenes, la directora de Comunicación; y el humilde servidor de ustedes (en referencia a sí mismo).
“Ah, ¿y a quiénes más invito? Invito a quien yo, como presidente de la República, crea que hay que invitar. Y sí, sí he invitado a mi amigo y colega Federico Cruz, el famoso ‘Choreco’, quien fue el jefe de comunicación en mi campaña. Sí, lo invito cuando necesito invitarlo. Invito a más gente cuando necesito invitarla. ¿Le pago? No. ¿Le pido consejo y opinión? Como a mí muchísima gente me da consejo y opinión de manera gratuita. ¿Qué es el morbo, costarricenses? El Gobierno tiene un comité de comunicación, ¿por qué no dicen que los pájaros tienen alas?”, expresó Chaves.
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Jurisprudencia de 1996
A inicios de 1996, en el seno del Congreso y ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se generó un debate en torno a los alcances y la aplicación del artículo 111 constitucional. En aquella ocasión fue por la conformación de una comisión gubernamental que estudiaba una reforma al Servicio Exterior y que estaba integrada por tres diputados.
Los diputados involucrados eran Constantino Urcuyo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Manuel Antonio Barrantes, del Partido Liberación Nacional (PLN); y Gerardo Trejos, de Fuerza Democrática. El caso fue denunciado ante el TSE por el expresidente de la República Mario Echandi Jiménez, quien gobernó entre 1958 y 1962.
A finales de noviembre de 1995, Echandi afirmó, en un artículo publicado en La Nación, que debían retirarse las credenciales a los tres diputados por aceptar el nombramiento en esa comisión del Ejecutivo sobre el Servicio Exterior. En su criterio, tal participación contravenía el artículo 111 de la Carta Magna.
Posteriormente, el Tribunal electoral investigó el caso y concluyó que, en efecto, era el órgano encargado de quitar las credenciales a un diputado, pero precisó que para que eso ocurriera, de previo el Congreso debía levantar la inmunidad parlamentaria. Así consta en la resolución N.° 38-96, del 10 de enero de 1996, suscrita por el entonces presidente del TSE, Rafael Villegas Antillón.
Consultado por La Nación, Constantino Urcuyo recordó este jueves que cuando Echandi presentó la denuncia, ellos decidieron apartarse de esa comisión y dejaron de formar parte para evitar nuevos cuestionamientos. Detalló, además, que no se les quitó la credencial porque ellos iban en representación del Poder Legislativo.
“El plenario legislativo sostuvo que como habíamos sido autorizados por el Directorio legislativo para colaborar con el Ejecutivo, en representación de la Asamblea, no había razón de levantar las credenciales. Después, el Tribunal resolvió que ellos no podían apersonarse en el asunto, si la Asamblea no nos levantaba la inmunidad”, explicó Urcuyo, en una llamada telefónica.
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