ONU señala exclusiones en sistema de salud de Costa Rica

Luego de visitar el país entre el 18 y el 31 de julio, con el objetivo de evaluar el cumplimiento del derecho a la salud, Mofokeng señaló que el modelo de aseguramiento y el sistema de citas de la CCSS son excluyentes.

Además, cuestionó la falta de intérpretes para personas sordas o no videntes, los embarazos en niñas y adolescentes, la penalización del aborto y vigencia de las terapias de conversión.

La médica sudafricana se reunió con autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y el Ministerio de Salud, entre otros.

La relatora enlistó las falencias que, según su análisis, aquejan a la población costarricense.

Restrictivo acceso al aseguramiento

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Mofokeng explicó que los programas de asistencia social de la Caja requieren de aportes por nómina, los cuales son sencillos para la economía formal. No obstante, este sistema excluye a las personas que viven en pobreza, los migrantes sin documentos y aquellos que trabajan en la informalidad.

“Las costosas contribuciones lo hacen inalcanzable para muchas personas, incluso para algunas en el empleo formal, debido a situaciones de precariedad. Aun cuando existen acuerdos de entendimiento para facilitar el acceso de grupos específicos, los administradores y los médicos no los implementan y, por lo tanto, el acceso no está garantizado y, a veces, se niegan los servicios”, alertó la especialista.

Sistemas de citas excluyente

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La relatora especial de la ONU señaló que el sistema de citas electrónicas utilizado por la Caja también limita el acceso a la salud, debido a que muchas personas no tienen internet o, sencillamente, no saben utilizarlo.

“Recibí información de que, cuando las personas se presentan sin una cita basándose en una necesidad desesperada de atención, algunas tienen que despertarse al amanecer para viajar durante dos o tres horas hasta su clínica más cercana, y no se les garantiza recibir atención; muchas son rechazadas”, criticó.

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Embarazo en niñas de 10 años

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Mofokeng llamó la atención sobre la necesidad de educación sexual y reproductiva, especialmente luego de analizar estadísticas sobre embarazos entre niñas incluso de 10 años de edad.

“Esto refleja un asunto grave que requiere un análisis profundo del abuso sexual y la violación de niñas. Es importante que el Estado no considere que las personas adolescentes necesitan enfoques proteccionistas, sino más bien el reconocimiento de sus derechos, la integridad corporal, el respeto a su dignidad y su autonomía”, detalló la médica.

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En esta misma línea, explicó que la población adolescente debe guiarse hacia un desarrollo emocional, psicosocial, físico y sexual saludable.

“La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia”, indicó.

Terapias de conversión

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La relatora de la ONU Tlaleng Mofokeng explicó que la violencia, la discriminación y el rechazo que enfrentan las personas sexualmente diversas, incluso dentro de sus familias, las llevan a sufrir trastornos de salud mental.

Esta discriminación afecta de forma más pronunciada a las personas jóvenes, quienes tiene niveles más altos de intentos de suicidio. Los prejuicios, abusos y violencia provocan la exclusión de estas personas de los sistemas de salud, sociales, educativos y laborales.

“Me preocupa saber que la terapia de conversión no es ilegal en Costa Rica, exponiendo a las personas sexualmente diversas a una violencia institucionalizada que queda impune, y subrayo que este es un asunto de urgencia que debe abordarse”, alertó la especialista.

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Carencia de intérpretes para personas sordas o no videntes

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Mofokeng expresó su preocupación respecto a la ausencia de intérpretes que faciliten el acceso a la salud para las personas sordas o no videntes. La médica recomendó a la CCSS asumir la contratación de asesores culturales y traductores que garantice el acceso universal a la salud.

“Las personas embarazadas, por ejemplo, tienen múltiples necesidades de atención prenatal, durante el parto y postnatal, y para una persona sorda o no vidente esta exclusión del servicio es una limitación de sus derechos a la información y, en última instancia, afecta la atención”, detalló.

Aborto

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Finalmente, la relatora especial sobre el derecho a la salud criticó las restricciones penales y legales al aborto, las cuales consideró discriminatorias.

Mofokeng señaló que estas limitaciones restringen la autonomía e interfieren con la relación médico-paciente, lo cual afecta el acceso a la salud y la información.

“Esta es una forma de discriminación basada en el género. La moralidad pública y las creencias religiosas no pueden servir de justificación para la promulgación o aplicación de leyes que den lugar a violaciones de derechos humanos”, agregó.

La médica invitó al Gobierno a imponer una moratoria a las leyes penales relativas al aborto, incluyendo la obligación legal de los médicos de denunciar a las personas embarazadas que buscan abortar.

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Aspectos positivos

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Entre los puntos positivos del sistema sanitario, Mofokeng destacó la eficiente atención de la pandemia por la covid-19, la cual consideró posible gracias a la inversión histórica y al apoyo político al sistema de salud.

“El Ministerio de Salud tomó decisiones tempranas, basadas en evidencia científica y asesoramiento de expertos. El país desarrolló una estructura operativa y técnica, la agilidad se evidenció de varias maneras. Además, el éxito del programa de vacunación es testimonio de la confianza pública”, explicó la delegada de la ONU.

Estas y otras conclusiones de la relatora Tlaleng Mofokeng se encuentran en el informe preliminar de la ONU, el cual se puede encontrar en este enlace.