Los diputados aprobaron en segundo debate una ley que obliga a las instituciones del sector público a rendir información pública a la prensa en un plazo máximo de 48 horas, así como a crear espacios en sus páginas web para subir datos que permitan a los costarricenses fiscalizar a cada entidad.
La ley, que ahora será sometida a la firma del presidente de la República, fue aprobada por unanimidad la tarde de este martes 26 de abril y recibió el apoyo de 40 legisladores.
Según el texto, la medida deberá ser acatada por el sector público en su totalidad, desde los supremos poderes de la República hasta los órganos desconcentrados, municipalidades y empresas estatales.
Solo quedarán exentos de la ley los secretos de Estado, información sensible, expedientes en investigación e información que atente contra la seguridad de una persona o un colectivo.
Actualmente, el plazo máximo para dar respuesta y facilitar información pública es de 10 días hábiles.
Con la reforma, la información deberá entregarse en un plazo no mayor de cinco días hábiles a toda persona física o jurídica, siempre que los datos estén disponibles en archivos. En caso de que sea solicitada por algún medio de comunicación o prensa, deberá ser entregada en un plazo de 48 horas.
Este plan busca mejorar la transparencia del sector público, mediante medidas que permitan acelerar la gestión de solicitudes de información; además, establece mecanismos administrativos para sancionar a los funcionarios que se nieguen a facilitar información pública.
En caso de incumplimiento, el superior jerárquico deberá iniciar los procedimientos administrativos sancionatorios establecidos en los reglamentos internos de organización.
En el 2020, la Contraloría General de la República sugirió que el entonces proyecto de ley garantizara la divulgación de estos datos de forma obligatoria para todo el sector público.
Dentro de los datos que deberán estar disponibles para consulta en línea, en cada institución, se encuentran licitaciones, nombramientos, salarios brutos, consultorías, viajes al exterior, becas, uso de los vehículos discrecionales y oficiales, ejecución de presupuestos, auditorías internas, denuncias y detalles de gastos en el interior de país, entre otros.
La ley también garantiza que el derecho de acceso a la información pública sea gratuito; eso sí, los costos de reproducción de la información estarán a cargo de la persona solicitante, así como de los timbres cuando se requiera para cada caso.
Asimismo, se autoriza la creación de oficinas de acceso a la información pública, de acuerdo a las capacidades administrativas y financieras de las instituciones nacionales.
La iniciativa fue presentada en el Congreso por Carmen Chan, diputada del bloque independiente de Nueva República, quien comentó el largo proceso que el texto de ley pasó desde el 2018 hasta su aprobación.
“Definitivamente hoy más que nunca, ante la tendencia creciente de casos de corrupción en nuestro país que han salido a la luz pública en los últimos años, es indispensable que las autoridades y funcionarios públicos estén constantemente sometidos al escrutinio ciudadano y al observatorio público, como mecanismo para prevenir, detectar y denunciar irregularidades y malos manejos en la función pública”, comentó Chan.
