La Contraloría General de la República (CGR) sugiere que el proyecto de ley que procura permitir el acceso a la información pública establezca que la divulgación de estos datos sea obligatoria para todo el sector público.

Desde los supremos poderes de la República, hasta las instituciones del Gobierno Central , las municipalidades y todos los órganos desconcentrados, estarían obligados a brindar la información de interés público en sus plataformas.

“Podría valorarse la posibilidad de establecer en los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 del proyecto, la divulgación obligatoria de información de interés público (...), complementado con un listado de obligaciones de transparencia activa comunes para todos los sujetos obligados, los cuales deberán –además- remitir la información que la iniciativa particulariza para cada uno”, señaló la Contraloría.

Dichos articulos describen las instituciones estatales que eventualmente deberían aplicar la normativa, así como el tipo de datos públicos que deberán difundir.

Por ejemplo, según propone el proyecto, el Ejecutivo deberá dar a conocer licitaciones, nombramientos, datos sobre salarios brutos, consultorías, viajes al exterior, becas y el registro de personas que ingresen a los despachos de la Presidencia.

En el caso de la Asamblea Legislativa, la propuesta plantea, entre otras cosas, que se emita un registro de uso de los vehículos discrecionales y oficiales, que contenga la información específica de cada viaje en el interior del país.

Los diputados también deberán de hacer públicas las cuentas relacionadas con los gastos de representación, así como los rubros en gasolina.

Según detalla el criterio de la Contraloría, la iniciativa procura que se establezcan reglas comunes a todos los órganos contemplados en el proyecto, de manera que la información que coloquen en sus portales electrónicos sea la misma.

Esto de conformidad con los estándares internacionales en materia de transparencia, los cuales promueven la divulgación de información sin la necesidad de plantear alguna solicitud.

Dicho proyecto fue dictaminado el pasado 4 de noviembre y se encuentran en el plenario legislativo.

Secretos de Estado

Una de las recomendaciones de la CGR es revisar con atención la forma como se establecerían los secretos de Estado, pues estos no forman parte de la información de carácter pública.

El proyecto propone que la declaratoria del secreto de Estado le corresponda al Poder Ejecutivo, la cual se emitiría basada en criterios técnicos y jurídicos.

Una vez que este primer paso sea ejecutado, la declaratoria sería remitida a la Asamblea Legislativa para ser ratificada por mayoría de los votos presentes, esto mediante una votación secreta en una de las tres sesiones que se realice luego de ser comunicado al Directorio del Congreso.

“Se sugiere revisar el procedimiento propuesto en miras a su simplificación, toda vez que la regulación propuesta establece un mecanismo bastante complejo que puede atentar contra su aplicación práctica, con participación de dos Poderes de la República para declarar secreto de Estado un mismo asunto”, señaló la Contraloría.

Por otra parte, el proyecto también plantea asignar a la Defensoría de los Habitantes el rol de” órgano garante administrativo del derecho de acceso a la información y transparencia”.

Sin embargo, el ente contralor indica que la iniciativa no presenta un análisis que permita identificar si se tratará de un órgano centralizado o descentralizado, debido a que si se refiriere a este último se deberán girar fondos para el cumplimineto de los objetivos, los cuales no están previstos.

Otra de las observaciones que hizo la CGR, es sobre la propuesta de reducir el plazo de días hábiles para obtener la información solicitada ante una institución pública.

Actualmente, la Constitución Política y Ley de Regulación del Derecho de Petición establecen que las instituciones cuentan con 10 días hábiles para suministrar la información al ciudadano que la solicite, pero la iniciativa de ley propone reducir el plazo a cinco días hábiles.

“Se dispone, que el plazo para entregar la información solicitada no podrá ser “mayor a cinco días”, lo cual vendría a significar una reducción de un cincuenta por ciento en el plazo de respuesta de peticiones puras y simples de información.

“(...) En tal sentido, se sugiere revisar la razonabilidad del plazo de respuesta que propone el proyecto, sin dejar de lado que el texto es omiso en indicar que se trata de días hábiles”, alega la CGR.

Otra de las objeciones hacia la propuesta es la pretensión de crear “comités de acceso a la información pública y la transparencia”, donde sus funciones estarían a cargo de las auditorías internas, mismas que se encargarían de informar sobre las presuntas infracciones a la norma.

Al respecto, la Contraloría llama la atención de que en la Ley General de Control Interno se establece “una prohibición para que el personal de las auditorías internas realice funciones y actuaciones de administración activa, regulación que se podría estar violentando con las funciones que el texto sustitutivo del proyecto pretende asignar a dichas unidades”.

Finalmente, se sugiere incorporar un enunciado general que comprenda a los apoderados, administradores, gerentes y representantes legales de las personas jurídicas que custodien, administren o exploten fondos, bienes o servicios de la Administración Pública.