La persona que asuma la Presidencia de la República en mayo del 2018 podría quedar obligada a nombrar mujeres en al menos un 50% de los puestos del gabinete, algo que ningún gobernante anterior ha implementado.
Un proyecto de ley, que el miércoles dio un paso fundamental al ser dictaminado positivamente en comisión, pretende instaurar esa obligatoriedad para los mandatarios a partir del próximo periodo presidencial.
La iniciativa propone que, en razón del principio de paridad de género, quien gobierne deba nombrar mujeres en al menos la mitad de los puestos de ministros, viceministros, presidentes ejecutivos de instituciones, gerentes, subgerentes y miembros de juntas directivas, así como el resto de designaciones que haga el Poder Ejecutivo, por ejemplo, en los cargos en embajadas.
Los últimos tres gobiernos
Al revisar la historia del 2006 hasta la fecha, quien más se acercó al umbral que pretende este proyecto de ley fue la expresidenta Laura Chinchilla (2010-2014). Ella formó el gabinete con un 43% de participación femenina: 12 hombres y 9 mujeres.
El actual presidente, Luis Guillermo Solís, inició su mandato con un 38% de mujeres. Designó 13 hombres y 8 mujeres.
Óscar Arias, en tanto, inició su segundo con un 28% de mujeres, al nombrar 5 mujeres y 13 hombres.
En sus respectivas campañas electorales, tanto Chinchilla como Solís prometieron paridad de género en la conformación de su gabinete.
El proyecto de ley, que ahora podría exigir un 50% – 50%, se dictaminó positivamente en la Comisión legislativa de la Mujer. Contó con el apoyo unánime de las cinco legisladoras que acudieron a la sesión. Ahora, le falta ser aprobado en comisión para luego pasar al plenario legislativo.
Se trata de Emilia Molina, del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC); Karla Prendas, Maureen Clarke y Marta Arauz, de Liberación Nacional (PLN); así como la independiente Carmen Quesada. No estuvieron presentes Ligia Fallas, del Frente Amplio; ni Rosibel Ramos, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
"Esta proporción paritaria en los nombramientos deberá mantenerse durante todo el período presidencial respectivo de duración constitucional del Gobierno", aun ante las renuncias o destituciones que suelen ocurrir en un gobierno, señala el proyecto de ley, el cual se tramita bajo el expediente N.° 20.001.
El plan fue presentado por la diputada del PAC Epsy Campbell, y consiste en la adición de un nuevo artículo a Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer.
"Este proyecto aporta un nuevo eslabón en la participación política de las mujeres, garantizando la paridad de mujeres y hombres en el Consejo de Gobierno, Presidencias Ejecutivas, Gerencias y Juntas Directivas de las instituciones públicas", expresó Campbell.
Su colega del PLN Maureen Clarke coincide en que es una medida afirmativa más para defender la participación de la mujer en la política. Afirma que no tiene que ver como simples puestos, sino como un "respeto a los derechos políticos y la equidad".
"Es un mecanismo para lograr mayor paridad, es obligar al presidente o a la presidenta que llegue a que nombre paritariamente ministros y no dejarlo a la voluntad de los jerarcas (...). Ojalá este tipo de medidas no existieran, pero si no existieran, hoy no tendríamos ni el voto femenino", dijo la verdiblanca.
Al tiempo que la Comisión de la Mujer avanza con este proyecto, un grupo de diputadas también presiona para que se apruebe, por la vía legal, la paridad horizontal en las papeletas para la elección de diputados, alcaldes y regidores.
Esta obligación ya fue ordenada por la Sala IV, pero las legisladoras quieren que quede escrita en una ley y amenazan con paralizar el plenario si eso no ocurre.
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Para el 2018, la paridad horizontal consiste en que los partidos políticos deben distribuir entre hombres y mujeres los primeros lugares en las papeletas de cada provincia. Así, por ejemplo, si candidatos hombres encabezan cuatro provincias, las mujeres deben encabezar tres, y viceversa.
En el caso de las elecciones de alcaldes, los partidos tendrían que proponer 41 mujeres y 41 hombres para las alcaldías, en el caso de que se postulen en todos los cantones.