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Castigo para personas electas por voto popular van desde la amonestación escrita hasta la pérdida de credenciales, o bien, la expulsión del partido o el despido del funcionario.

Exdiputada, presidente legislativo y Centro de Mujeres Afrocostarricenses exponen su percepción sobre las mociones presentadas por la legisladora del PUSC en un proyecto de ley sobre afrodescendientes.

Legisladora liberacionista no utiliza esa red social.

El secretario general del PLN, Fernando Zamora, le pidió a la legisladora verdiblanca Maureen Clarke revelar el nombre de los partidarios que, según ella, la presionaron para que no asistiera a la Comisión Investigadora de los Créditos del BCR, el martes pasado, porque ella pretendía votar a favor de las mociones para interrogar a cinco diputados y a un magistrado en torno al caso del cemento chino.

La tarde del martes, durante la reunión de bancada del PLN, la mayoría de liberacionistas se plantó en contra de llevar a comparecer a los legisladores Víctor Hugo Morales Zapata, Rolando González, Otto Guevara, Luis Vásquez y Johnny Leiva. A final de cuentas, dos de los tres votos liberacionistas fueron claves para dar al traste con esos interrogatorios, así como el del juez de la Sala III, Celso Gamboa.<div></div><div></div>

Asegura que, más bien, él le dijo a Clarke y a tres legisladores más de Liberación Nacional (PLN) que apoyaba la comparecencia de más personas a la Comisión investigadora de los créditos del Banco de Costa Rica (BCR), siempre y cuando "la comisión no perdiera el objetivo central que es investigar el tema de tráfico de influencias".<div></div>

La decisión de la legisladora deja al desnudo un conflicto en la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), pues ella aseguró que había interés en que no se convocaran a los legisladores y al magistrado Celso Gamboa, de la Sala III.

El gabinete que más mujeres tuvo alcanzó un 43% de participación femenina. Ahora, un proyecto exigiría el 50% y no solo en ministerios, sino también en presidencias ejecutivas, gerencias, directivas y embajadas. Además, la obligatoriedad se mantendría durante los cuatro años, aun ante las renuncias o destituciones que suelen ocurrir.

El abusivo proyecto presentado por la diputada Maureen Clarke, <em>Ley contra el acoso y/o violencia política contra las mujeres,</em> no debe aprobarse